Traslados masivos de privados de libertad profundizan la paralización del sistema de justicia

Las cifras oficiales indican que cerca de 9000 privados fueron trasladados de sus centros de reclusión de forma “temporal”. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las cárceles en el país tienen un retardo procesal de 70 %.

Caracas. Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la toma de siete recintos penitenciarios en el país por parte del Estado no puede ser catalogada como exitosa, porque pueden ser violadas las garantías judiciales. 

¿Cómo un juez de ejecución supervisa a sus presos si se los trasladaron? ¿Cómo un preso va a solicitar una medida si su juez está en otro estado? ¿Cómo van a hacer una presentación en un tribunal de control, en un tribunal de juicio, y la presentación de conclusiones para una sentencia si no está la persona?, se cuestionó Prado en una entrevista para el diario de Los Andes, este viernes 10 de noviembre. 

A este problema también se le suma el retardo procesal ya existente en las cárceles que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, es de 70 %.

A juicio de Prado, anuncios como el que hizo Remigio Ceballos, ministro de Interiores, Justicia y Paz, sobre la construcción de una sede para la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES) luego de la intervención del Internado Judicial de Trujillo, deja a más de 500 personas indefensas en el sistema de justicia. 

Las cifras oficiales indican que cerca de 9000 privados fueron trasladados de sus centros de reclusión de forma “temporal”, e incluso llevados a otros estados. Cabe destacar que no fue hasta casi dos meses de la primera intervención, que el Ministerio para el Servicio Penitenciario hizo pública la lista de los traslados en su página web. 

El experto mencionó, además, que la salud mental de los privados de libertad también se verá afectada por lo distanciados que estarán de sus familiares. El hacinamiento es otra realidad que ya viven los reclusos dentro de las penitenciarias. De acuerdo con el OVP, el hacinamiento es de 164 %, y añadiendo los traslados, esta situación podría agravarse.

Entre finales de septiembre y principios de noviembre el Gobierno intervino en siete penales en los que existía la figura de pranes (líderes delincuenciales carcelarios). A través de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro las autoridades desalojaron el penal de Tocorón, en Aragua; Tocuyito, en Carabobo; Puente Ayala, en Barcelona; La Pica, en Monagas; Vista Hermosa, en Bolívar; Internado Judicial de Trujillo y el Internado Judicial de San Felipe, en Yaracuy. Esta última se produjo apenas este 10 de noviembre. 

Cárcel para los pranes 

Prado considera que las acciones del Estado tenían que ser “un poco más inteligentes”. Lo ideal era que construyeran una cárcel de máxima seguridad para los líderes y pranes para no perjudicar al resto de la población penal. 

“Tenían que haber construido una cárcel pequeña de máxima seguridad para que todos los pranes estuvieran ahí, pero no afectar a toda una población que no tiene nada que ver. Mas bien eran extorsionados y sometidos por estas personas”, subrayó.

En ese sentido, sostiene que desde el OVP creen que la intervención en los distintos penales se ha llevado a cabo por medio de negociaciones con los líderes de esas prisiones, por esto mismo piensa que no hay desarticulación de bandas sino que están siendo “trasladadas”.

Adicionalmente, las autoridades siguen sin dar información oficial sobre el paradero de los pranes ni tampoco de su captura. 

Sin enfrentamientos

Asimismo, Prado cuestionó que en ninguna de las tomas se haya producido algún tipo de enfrentamiento armado con las bandas y líderes que operaban en esos lugares, con la finalidad de recuperar el control. 

Puso como ejemplo a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como Niño Guerrero, el pran que liberaba el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), y quien es cabecilla de la megabanda multinacional el Tren de Aragua. Pues este no puso resistencia, como ha ocurrido con otros casos en el pasado. Fuera de ese recinto, familiares decían que Niño Guerrero y su grupo tenían cinco días fuera del penal. 

En contraste, recordó que la toma de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en el estado Guárico, 2016, tardó un mes y una semana; la incursión en la cárcel de Uribana, estado Lara, dejó 63 muertos y más de 120 heridos y tardó una semana y media; y en la cárcel de Sabaneta, en Zulia, tardó más de una semana y también dejó varios heridos.  

Prado enfatizó que la ciudadanía merece ser informada sobre la captura y ubicación de los pranes, resaltó que estos tenían que ser detenidos y puestos a la justicia para que respondieran por los todos los delitos que cometieron dentro de las cárceles, como el asesinato y daños a otros reclusos que no tenían para pagar la causa, una especie de impuesto que los pranes les cobraban a los presos. 

Pranes:

• Álvaro Montilla (El Loro) y su mano derecha César González (El Ñoco), del Internado Judicial de Trujillo. 
• Pedro Miguel González Mata (Pedro Rapidito) y Jefferson Clavijo (El Jefferson), del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica, estado Monagas. 
• Yunior Yaguez (Pata de queso), del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, Barcelona, estado Anzoátegui.
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• Héctor Rusthenford Guerrero (Niño Guerrero) y líder del Tren de Aragua, en el Centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
• Néstor Richardi Sequera Campos, conocido como Richardi o Papa, del Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito.
• Wilkins Rafael Romero Maluenga (Wilkins); Giovannny Alejandro Navas Ochoa (Pan); y Edison González (Chichi), del Internado Judicial de Ciudad Bolívar-Vista Hermosa.