Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, alertó que en Venezuela se producen “gravísimas violaciones al debido proceso”, que particularmente están relacionadas con el legítimo derecho a la defensa.
Caracas. El traslado de presos políticos hasta la cárcel de El Rodeo I se convirtió en la principal preocupación de los familiares. Thanicar Braz, hermana del capitán Antonio Sequea, denunció que el estado físico de los detenidos desmejora significativamente.
Pérdida de peso, alergias causadas por grandes picaduras de insectos, falta de insumos de higiene personal y de agua potable son algunas de las dificultades que afrotan los detenidos.
Braz mencionó que en ese centro penitenciario no les permiten el acceso de alimentos y que los privados de libertad solo tienen dos minutos para llenar sus recipientes de agua del chorro para todo un día.
“Todas las personas que están detenidas en un nuevo acceso del Rodeo I están viviendo estas condiciones. Están bajando de peso, están deshidratándose, están teniendo problemas de salud por el tema de los insectos y el calor”, expresó, durante una conferencia de prensa, este martes, 30 de abril.
Contó que en las visitas a El Rodeo los familiares deben ingresar con una capucha y son guiados hasta una habitación donde se comunican con los detenidos a través de un vidrio. Las llamadas son grabadas.
Relató que la madre del capitán Sequea, una mujer de casi 80 años de edad, camina encapuchada para poder ver a su hijo. Ella es la única autorizada para ver al capitán Sequea, detenido en mayo de 2020.
A Sequea lo condenaron a 27 años de prisión por estar presuntamente involucrado en la Operación Gedeón, una supuesta incursión militar frustrada en las costas venezolanas que buscaba el magnicidio de Nicolás Maduro. Recientemente se le vinculó con la Operación Libertad.
De acuerdo con Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, en 2020 el Ministerio Público dictó 114 órdenes de aprehensión y detuvieron a 85 personas, puestas a la orden del tribunal 4to de control de terrorismo.
De estas personas solo liberaron a dos en diciembre de 2023, tras la negociación de Estados Unidos con Venezuela, en la cual fueron canjeados 10 presos estadounidenses por Alex Saab.
1) #BALANCE A 1 AÑO DE LA OPERACIÓN GEDEÓN el @MinpublicoVE comunica las acciones #judiciales emprendidas por el Estado Venezolano para sancionar el #TERRORISMO y los intentos de #Ocupación mercenaria: Hemos solicitado 114 órdenes de aprehensión y 33 órdenes de allanamiento. pic.twitter.com/28dHnAZuUo
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 3, 2021
Condena anulada
Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Luis Bandres, manifestó que la condena de su esposo y varios de sus compañeros fue anulada. Explicó que deben ir a juicio nuevamente, desde la audiencia preliminar, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que el juicio fue viciado.
Resaltó que después de cinco años y tres meses de prisisón, tanto su esposo como otros presos políticos aún sufren los signos de la tortura, ya sea por insomnio, pesadillas, falta de apetito.
“Quiero pedirles de corazón que no los olviden porque los presos políticos sufren a diario y todo esto ha repercutido en nuestras vidas. A nosotros como familia y a sus hijos, les ha tocado crecer y pasar todos los fines de semana durante cinco años en una cárcel”.
De acuerdo con Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, en Venezuela hay 273 personas detenidas por motivos políticos. 20 de ellas son mujeres y 147 son militares. Destacó que la mayoría de los privados de libertad no están condenados sino procesados y que muchos ya superaron el plazo de detención preventiva que permite la Constitución.
“No vemos que se estén presentando signos de que la represión por motivos políticos esté censando. Hemos visto una arremetida significativa de la persecución de activistas y militantes de fuerzas políticas distintas al Gobierno”.
Himiob alertó que en Venezuela se producen “gravísimas violaciones al debido proceso” que particularmente están relacionadas con el legítimo derecho a la defensa. Recordó el caso de la defensora de DD. HH. Rocío San Miguel, quien ya tiene casi tres meses sin que le permitan el derecho a la defensa.
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