Este viernes fueron suspendidas las visitas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil). La medida afectó a los 235 funcionarios que se encuentran detenidos en Ramo Verde, según los familiares. En el cuarto día de protesta los privados de libertad siguen con el acceso al agua potable restringido.
Caracas. Al menos ocho militares, de los 36 que se mantienen en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) desde el lunes, 9 de noviembre, sufrieron un cuadro de descompensación este viernes.
De acuerdo con Sandra Hernández, esposa del sargento de tercera, Luis Bandres, los detenidos fueron atendidos por el servicio médico del centro penitenciario de Ramo Verde. Uno de los más delicados fue el sargento Luis Lobo, quien tuvo dolor en el pecho.
Los militares afectados fueron identificados por los familiares como los sargentos: Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla, Romero Catalino, Tony Guevara y el teniente Hugo Aparicio.
Milagros Astudillo, esposa del sargento Luis Milanes, reiteró que el general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional (FANB), sigue sin permitirles acceso al agua potable a los presos políticos en huelga de hambre.
“Responsabilizo al general Ojeda por la integridad física de nuestros familiares y lo que le pueda suceder a ellos, basta de tanta injusticia”, dijo a través de un video difundido por organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con los familiares, Ojeda dio la orden de cerrar el portón de acceso entre la torre y el patio, y por lo tanto los militares no pueden pasar a su celdas ni tener acceso al baño, desde que iniciaron la huelga de hambre el lunes, de noviembre.
Suspendidas las visitas
Por otro lado, este viernes fueron suspendidas las visitas en el penal de Ramo Verde, por la huelga de hambre. Cuando los parientes acudieron al centro penitenciario se encontraron la zona militarizada.
En protesta los reclusos tocaron cacerolas desde el interior del recinto. La medida afectó a los 235 detenidos en Cenapromil, según cifras de los parientes, quienes recibe a sus seres queridos entre viernes y domingo.
Las exigencias
El lunes, 9 de noviembre, 21 militares detenidos en Ramo Verde, y vinculados a la causa de la sublevación del comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza, iniciaron una huelga de hambre para exigir que se investiguen los vicios en torno a su proceso judicial.
A los funcionarios, detenidos en 2019, le dictaron sobreseimiento de los delitos y en 2024 la Sala de Casación Penal ordenó que se repitiera el procedimiento judicial por considerar que estaba viciado. Pero fue en abril de este año que los detenidos tuvieron la audiencia preliminar, en la cual le dictaron sobreseimiento de los delitos y le imputaron traición a la patria.
Además, los presos políticos cumplieron su condena, pero siguen sin que les otorguen la boleta de excarcelación, en vista de que el caso está en el limbo jurídico.
A la huelga de hambre se sumaron militares de otras causas, como Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas. En total son 36 detenidos en huelga, entre ellos dos mujeres.
El lunes pasado el abogado de los detenidos introdujo un documento en el Palacio de Justicia en el cual informó sobre la huelga de habre y pidió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo o la fiscalía 124 nacional con competencia en derechos humanos, que acudan al penal para constatar el estado de salud de los militares.
También introdujo la documentación requerida para solicitar la Ley de Amnistía para los detenidos de la causa, el cual es otro motivo de la huelga de hambre, ya que los privados de libertad consideran que los militares son los menos beneficiados con las excarcelaciones que se producen en el país desde enero de este año, tras el bombardeo norteamericano en Venezuela, en el que detuvieron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Se espera que próximamente se generen excarcelaciones, después de que el diputado, Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional, informara que revisarán los distintos casos “realizar liberaciones correspondientes ajustadas al debido proceso”.
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