La organización explicó que en 2023 se contabilizaron 53 víctimas de tortura, 2652 personas afectadas por violaciones a la integridad personal. Además de 1182 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y 1398 casos de amenazas y hostigamiento.
Caracas. Las mujeres fueron las principales víctimas de tortura en Venezuela durante el año 2023, reveló el informe anual Nª 35 de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que documentó con 53 víctimas por hechos de este tipo y registró tres muertes como consecuencia de estas acciones.
El cómputo de la ONG indica que el 66,03 % de las víctimas individualizadas de tortura en 2023 fueron “mujeres jóvenes y pobres”, mientras que en 33,96 % se trató de hombres.
La mayoría de los castigos infligidos a los afectados consistieron en amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte, entre otros”, detalla el informe, presentado este martes, 30 de abril.
Se trata, según Provea, de la primera vez que la mayoría de torturados fueron mujeres privadas de libertad por la comisión o presunta comisión de delitos comunes, sometidas a abusos por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC), adscritos al Ministerio de Servicio Penitenciario.
Remarcó que existe desde el año pasado “un incremento generalizado de casos de violencia de género producidos por agentes no estatales”, al que ahora se unen los funcionarios de la fuerza pública que, de acuerdo al estudio, “están sumando profusamente este tipo de prácticas a su repertorio de abusos”.
Contra la integridad
En este informe, en el que se presentan datos tras la evaluación de 14 derechos humanos, se contabilizaron 2652 víctimas de violaciones a la integridad personal, una cifra que representa un aumento de 20,3 % con relación al año 2022, cuando se computaron 2203 víctimas por casos de este tipo.
“A pesar del escrutinio de la comunidad internacional y de las instancias internacionales de protección de los DD.HH., las autoridades venezolanas siguen de espaldas a sus obligaciones, mostrando una completa ausencia de voluntad para detener los abusos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas”, revela el estudio.
Provea aseguró que el Ejército Bolivariano encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, acumulando 636 víctimas, lo que equivale a 23,9 % del total, seguido por por el Cuerpo de Custodios y el GRIC con 583 víctimas registradas, lo que representa 21,9 % del total.
Tratos crueles
El estudio da cuenta de que 1182 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes durante 2023, y que funcionarios adscritos al Ministerio de Servicio Penitenciario se perfilan como supuestos responsables de 45,6 % de estos hechos por los que se produjeron 28 muertes.
“La totalidad de las víctimas fallecieron en centros penitenciarios y comisarías, como consecuencia del precario –y a veces inexistente– acceso a alimentos, medicinas y condiciones de salubridad mínimas”, detalló el escrito.
La investigación de Provea explica que 907 de las víctimas de tratos crueles fueron personas fueron hombres, la mayoría de ellos privados de libertad en cárceles del Estado o comisarías dependientes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana.
“Fueron víctimas de distintos niveles de privación de alimentos y atención médica, y de agresiones físicas como mecanismo de castigo por parte de los funcionarios encargados de su custodia”, reveló Provea.
Las otras 275 víctimas de tratos crueles fueron mujeres en edades entre los 28 y 58 años de edad.
Amenazas y hostigamiento
Otro dato destacado por la ONG es de las 1398 amenazas y hostigamiento registradas el año pasado, dato que representa un aumento de 128 %, con relación a las 611 víctimas documentadas durante 2022.
De acuerdo con el informe, indígenas, dirigentes sindicales y trabajadores de base, periodistas, activistas sociales, campesinos y dirigentes políticos han sido los principales afectados por este patrón que representa un abuso contra la integridad personal.
El escrito cita como un ejemplo de estos abusos el sufrido por 636 del total de casos registrados, que corresponden a amenazas contra indígenas Pemón, habitantes de la comunidad Ayu ʼtöy en el estado Bolívar agredidos por funcionarios del Ejército Bolivariano, en el marco de la “Operación Roraima 2022 ”.
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