Representantes de jubilados y pensionados aprovecharon la conmemoración del Día del Adulto Mayor para exigir a la Defensoría del Pueblo un acompañamiento real en su lucha por salarios y atención digna .
Caracas. Los adultos mayores agrupados en distintas organizaciones de trabajadores activos y jubilados de todo el país pidieron este viernes a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, que los acompañe en su lucha “por tener dignidad”, lo que implica salarios y pensiones justas, un sistema de salud que funcione y les garantice atención, así como el pago de las deudas históricas que el Estado mantiene con ellos.
La exigencia ocurre en medio de reclamos sostenidos de trabajadores y pensionados por el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de valor del salario frente a la inflación y las deficiencias del sistema público de salud. Reivindicaciones que cobran más fuerza con motivo de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, este 29 de mayo de 2026.
La petición fue planteada durante un encuentro entre dirigentes de distintos gremios, la defensora del pueblo y un equipo técnico especial encargado de tomar nota de sus solicitudes y de instalar mesas de trabajo con este sector para promover su acercamiento con instituciones del Ejecutivo capaces de atender sus requerimientos.
La Defensoría del Pueblo, organismo del Estado encargado de velar por la protección de los derechos humanos y atender denuncias ciudadanas, recibió a los representantes sindicales en su sede del Centro Financiero Latino, en Caracas.
Allí, los dirigentes insistieron en que sus reclamos han sido presentados durante años ante distintos organismos públicos sin obtener respuestas concretas.
Cuestión de sensibilidad
González Lobato participó brevemente en el encuentro con los dirigentes y les aseguró que acompañarán sus peticiones y, además, trabajarán en la ejecución de una campaña de sensibilización sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores y la necesidad de que la ciudadanía y las instituciones sean más solidarias.
La funcionaria no precisó plazos, mecanismos concretos ni cuáles instituciones del Ejecutivo participarían en las mesas de trabajo relacionadas con salarios, pensiones y servicios de salud.
“Esta es una Defensoría que quiere acercarse a la ciudadanía, que quiere apoyarles, que quiere acompañarles. Trataremos de hacer el mejor desempeño, saber exactamente hasta dónde podemos llegar, pero vamos a tratar de sensibilizar, sobre todo en cuanto a los derechos”,
dijo la funcionaria.
González Lobato cuestionó la poca sensibilidad que existe en Venezuela frente a la vulnerabilidad de los adultos mayores y afirmó que la Defensoría tiene la tarea de “desplegar una gran campaña de socialización, además que el Estado se ocupe, por supuesto, de la dignidad” de este grupo.
“Bono no es sueldo”
Luisa Rada, presidenta de la Federación de Jubilados de la Educación, encabezó la vocería y explicó que su principal solicitud es “un salario digno” y el respeto de los derechos al trabajo, a la libre asociación y a vivir una vejez tranquila, en la que la falta de dinero y de servicios de salud no sea el común denominador.
La representante detalló que entre sus peticiones está que las vacaciones y aguinaldos sean calculados tomando en cuenta los 240 dólares equivalentes al “salario mínimo integral”, nombre con el que el gobierno denomina la suma del salario base y los bonos complementarios otorgados mensualmente, y que exista igualdad entre lo que perciben los jubilados y el personal activo.
Actualmente, el salario mínimo oficial en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, mientras el Ejecutivo ha mantenido una política de bonificaciones que no tiene incidencia en prestaciones sociales ni beneficios contractuales.
En ese sentido, recordó que “cuando hay libre disponibilidad de los bonos eso pasa a ser salario”, por lo que sus exigencias “no son limosna”, sino el cumplimiento de la ley.
“Nóminas fantasmas”
El reclamo sobre la incorporación de los bonos al salario forma parte de una queja recurrente de sindicatos y gremios del sector público, que sostienen que esos pagos extraordinarios no se toman en cuenta para calcular prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni aguinaldos.
Además, pidió la regularización de cientos de trabajadores de gobernaciones y alcaldías en todo el país que son adultos mayores y tienen hasta 15 años sin cargos fijos en la Administración Pública.
La condición de contratado limita el acceso a estabilidad laboral y a beneficios previstos en convenciones colectivas y escalas salariales.
Esto, mientras en la nómina del Estado hay aproximadamente 5 millones de personas “fantasmas” con sueldos asignados, denunció. La dirigente no presentó balances oficiales, auditorías ni documentos públicos que respalden esa afirmación.
“En manos de Dios”
Por su parte, Pedro Laguna, presidente de la Federación de Jubilados de Gran Caracas, se refirió al tema de la salud y cuestionó que los adultos mayores han presentado esta queja reiteradamente ante todas las instancias de los poderes públicos a las que han logrado acudir, sin obtener respuestas.
”No tenemos una emergencia, no tenemos nada”, dijo el representante gremial ante los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que los recibieron en el despacho de esta instancia en el Centro Financiero Latino.
“Quién entonces va a solucionar el problema de salud. Si vamos a un hospital no hay insumos, equipos médicos, nada y cuando nos atienden, nos entregan una lista que no podemos costear. Entonces la salud de nosotros está en las manos de Dios”, recalcó.
Las protestas contra la precariedad del sistema público de salud, que presenta fallas en insumos, equipos médicos y disponibilidad de medicamentos, han sido constantes por parte de organizaciones sindicales y gremiales, especialmente por el impacto que tiene el costo de tratamientos y medicinas en jubilados y pensionados.
Los adultos mayores, acompañados por la Coalición Sindical, celebraron la atención recibida en la Defensoría, pero esperan que esta se traduzca en un acompañamiento certero y real ante instancias como los ministerios de Finanzas o Educación y frente al propio Ejecutivo nacional.
Pese al anuncio de mesas de trabajo, los dirigentes insistieron en que mantendrán sus reclamos hasta obtener respuestas concretas sobre salarios, pensiones, estabilidad laboral y acceso a servicios de salud.