El Tesoro estadounidense dejó sin efecto la licencia que permitía las operaciones con el sector energético, aunque aún mantiene la licencia que autoriza las operaciones de Chevron. Las empresas tienen plazo hasta el 31 de mayo para liquidar transacciones y actividades en el país.
Caracas. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles, 17 de abril, la entrada en vigencia de la licencia general N° 44A en reemplazo de la licencia general N° 44, que caducaba el 18 de abril y permitía las operaciones y transacciones con petróleo y gas venezolano.
La renovación o eliminación de la LG44 dependía del cumplimiento del acuerdo firmado en la isla de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, principal coalición de la oposición, el cual establecía una serie de pasos a cumplir por parte del Gobierno para la elección presidencial de este año.
En síntesis, la licencia 44A otorga un plazo de 45 días a las empresas que operan con la industria petrolera venezolana para que liquiden sus transacciones. Las compañías tendrán plazo hasta el 31 de mayo para dar por culminadas sus operaciones, según revela la licencia que entra en vigencia a la medianoche del jueves.
La licencia N° 44 fue emitida en octubre de 2023 como parte de negociaciones entre Miraflores y la Casa Blanca que devino, entre otros hechos, en la firma del Acuerdo de Barbados. La licencia levantaba todas las prohibiciones entonces vigentes a la producción, extracción, venta y exportación de petróleo y gas, así como al suministro de bienes y servicios relacionados con el sector energético.
Sin embargo, vale acotar que la reimposición de sanciones al petróleo venezolano a través de la licencia N° 44A no limita por completo las operaciones de la industria. De momento, la OFAC mantiene sin cambios la licencia general N° 41 que permite las operaciones petroleras de la empresa estadounidense Chevron, que desde 2022 puede producir y comercializar crudo hacia Estados Unidos.
De hecho, la OFAC estableció en la LG 44A que podrá considerar solicitudes de licencias específicas a las empresas que requieran operar con las actividades que autorizaba la licencia anterior. También se mantiene sin cambios la licencia general 8L que autoriza a Halliburton Co, Schlumberger NV, Baker Hughes Co y Weatherford International LLC a conservar sus activos en el país.
Diversas firmas y especialistas aseguran que, gracias a la participación de Chevron y al flujo de divisas que generan sus operaciones, el Gobierno y el Banco Central de Venezuela (BCV) han logrado mantener “estable” el mercado cambiario en el último año y con eso también a raya la inflación.
Cuando se emitió la LG44, expertos advirtieron que sus efectos a mediano y largo plazo iban a depender de si se extendían luego de abril. En el mejor de los casos, la producción petrolera podía aumentar a 200.000 barriles diarios adicionales en seis meses, según estimaba el economista Francisco Monaldi, pero cálculos de la Opep revelan que la misma solo aumentó 6 % (47.000 bpd más) entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
La flexiblización parcial de las sanciones le permitía a Pdvsa poder vender petróleo libremente a cualquier mercado –a excepción del ruso– a su precio real y no con descuentos, como debía hacerlo con las sanciones por vender de forma casi clandestina. Aún así, a falta de presupuestos o informes financieros públicos, se desconoce exactamente cuál fue el alcance en las arcas públicas del alivio momentáneo de las sanciones.
Cuando el río suena…
La no renovación de la LG44 se ventilaba desde hace algunos días por parte de voceros del gobierno estadounidense, quienes –según revelaron medios y agencias internacionales como Reuters– daban por hecho la disposición de la administración Biden a reimponer las restricciones al crudo venezolano, debido a la falta de avances por parte del gobierno de Maduro a cumplir con lo acordado.
El acuerdo sobre garantías electorales y derechos políticos firmado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria el pasado 17 de octubre establecía, entre otros, el reconocimiento del candidato o candidata escogido por cada bando, la actualización del registro electoral permanente dentro y fuera del país, la invitación de misiones de observación electoral internacionales y la promoción de un discurso público favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico.
Pero desde que se firmó el Acuerdo, es poco lo avanzado. La candidata electa en la primaria del 22 de octubre, María Corina Machado, sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos y de momento no puede postularse a la elección; miembros de su comando de campaña se encuentran detenidos e incluso desaparecidos y el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un plazo mínimo para la actualización del registro electoral.
Participa en la conversación