Una base de datos elaborada por Crónica.Uno arrojó que, en la última década, en 10 estados del país se registraron al menos 12 casos de sustracción de recién nacidos en hospitales. En la mayoría de los hechos, los responsables pretendían ejecutar una adopción ilegal, un tipo de trata de personas. También se registran casos de padres que sospechan el cambio de sus bebés, aunque en los centros de salud les dijeron que estos murieron.
Miranda. Ninibeth Márquez y su esposo, Gustavo Ramírez, llegaron al hospital Dr. Osío de Cúa el 7 de agosto de 2023 porque ella comenzó a sentir dolores. Tenía un embarazo de 34 semanas.
Tras hacerle un tacto, el médico les dijo que “estaba grave” y que le realizarían una cesárea. No dejaron que Gustavo o algún otro familiar le hiciera compañía. Una vez en el quirófano, Ninibeth escuchó llorar a su bebé, pero no se la mostraron. Un médico y una enfermera le aseguraron a los padres, por separado, que la niña se encontraba estable. Sin embargo, 28 horas después, les informaron que había muerto tras sufrir dos paros respiratorios.
Cuando la pareja se reunió tras la noticia, no salían del asombro. Repasaron los acontecimientos una y otra vez por su cuenta. Convencidos de que algo no estaba bien, regresaron al hospital en busca de respuestas, pero el trato que recibieron los puso en alerta. A los pocos días de esta visita les llegó un mensaje de texto que reafirmó sus temores, y unas semanas después difundieron en redes sociales que les habían cambiado a su bebé.
Como Ninibeth, otras cuatro mujeres con la misma sospecha compartieron sus historias para este reportaje. Contaron cómo tras parir o tener cesáreas les informaron que sus bebés habían fallecido, en medio de circunstancias irregulares o cuando menos extrañas, y les mostraron cadáveres que ellas no reconocían. Todas acudieron a las autoridades para pedir una investigación, pero no han obtenido respuestas expeditas.
En sus relatos, hay coincidencias sobre tratos que la ley describe como violencia obstétrica, y otros que contravienen el decreto para proteger a las mujeres gestantes y sus familias antes, durante y después del parto, vigente en el país desde 2018. Además, afirmaron que hubo irregularidades que violaron el derecho a la identidad de sus hijos.
Entre 2012 y 2023 se registraron al menos 12 casos de sustracción de bebés en hospitales de 10 estados del país, según una base de datos elaborada por Crónica.Uno, tras el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales. Los hechos ocurrieron en Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
En algunos casos, la policía precisó que hubo complicidad del personal de salud, como en el hospital Luis Ortega en Nueva Esparta, donde las autoridades detuvieron en 2023 a una enfermera por sustraer a un recién nacido. En otros, efectivos policiales indicaron que se pretendía comercializar a los bebés para adopciones ilegales, como en noviembre de 2022, cuando la policía de Falcón capturó a cinco personas en el hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo, por negociar la venta de un bebé.
Crónica.Uno contó, además, ocho casos —incluyendo cinco que se cuentan en este reportaje— de madres y/o padres que alegan que les cambiaron a sus bebés, y que los engañaron diciendo que estos habían muerto.
Carmen Jiménez denunció su caso en redes sociales en noviembre de 2023. Ella dio a luz a gemelos en 1999 en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas. A los niños los declararon muertos, pero ella nunca vio los cadáveres. En 2020 una enfermera la contactó y le aseguró que sus hijos estaban vivos. En enero de 2024, Carmen difundió por Tiktok que el patólogo de la institución no encontró ningún registro de gemelos fallecidos el día de su parto, y que según el Ministerio Público esto indica que estos fueron víctimas de tráfico de niños. Reclamó que, sin embargo, la Fiscalía no ha avanzado en el caso.
Organizaciones y expertos consultados para este trabajo coincidieron en que no existen estadísticas disponibles para saber la dimensión de este tipo de delitos. Sin embargo, la Fundación venezolana de niños retenidos y desaparecidos (Funvenides) es categórica al afirmar que existe una red de trata y tráfico de bebés en maternidades del país, y que las autoridades tienen conocimiento de ello.
“Hay un grupo de enfermeras, médicos, toda una delincuencia organizada, que ven el perfil de personas pobres, sin recursos y terminan quitándoles a los niños y haciendo lo que sea con ellos. Muchas de esas personas no tienen acceso a abogados ni recursos. Van a poner la denuncia a Fiscalía y muchas veces ni la reciben, y si se la toman, no llevan adelante la investigación. Es muy fácil decirles a los padres que el niño murió y el caso termina quedándose así”, dijo Martín Geynomat, director de la organización.
Para este reportaje, Crónica.Uno solicitó formalmente entrevistas e información al Ministerio Público; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al Ministerio de Salud, así como al Ministerio de la Mujer, para saber qué información manejaban de estos casos y si conocían de situaciones similares, pero a la fecha de esta publicación no se ha recibido respuesta.
Malos tratos
Como le ocurrió a Ninibeth, a Deimar Piña y a Bárbara Rivero no les permitieron que sus parejas las acompañaran durante sus cesáreas, aun cuando el artículo 12 del Decreto para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado plantea que las mujeres tienen derecho a “estar acompañadas de al menos una persona de su confianza y elección, preferiblemente el padre del hijo o hijos por nacer, durante el trabajo de parto”.
La ordenanza también establece en su artículo 17 que “los recién nacidos tienen derecho al acompañamiento inmediato y continuado de las madres y los padres durante el nacimiento y el posparto, así como a su alojamiento conjunto durante todo el tiempo de hospitalización, salvo que sea imposible por razones de salud de los niños, niñas o las madres. El nacimiento por cesárea no será motivo para prescindir de este derecho”.
Aunque a Ninibeth le aseguraron que su hija estaba estable, no le permitieron verla hasta que le dijeron que había sufrido un segundo paro respiratorio y podría morir. Junto con su esposo, la vieron dentro de una incubadora, de lejos y solo por unos minutos.
Deimar Piña también escuchó a su bebé llorar al nacer el 8 de febrero de 2023, en el Hospital Dr. Pastor Oropeza de Barquisimeto, estado Lara. Pero no le permitieron verlo. Le informaron que lo llevarían a la incubadora porque necesitaba oxígeno. Durante horas solo decían que el niño estaba estable, hasta que, en la tarde, una pediatra le informó a su tía, Yesenia Rodríguez, que el niño murió tras sufrir dos paros respiratorios. Cuando recibieron el cadáver, vieron que la pulsera que lo identificaba tenía el nombre de otra madre cuando lo correcto era que tuviera el de Deimar.
Mariángel y su esposo, Ángel Fuentes, pudieron ver a su bebé pocos minutos tras nacer el 1° de octubre del 2022, pero a él no le dejaron acompañarla cuando la llevaron a cambiar y medir. Los médicos les dijeron que la bebé necesitaba ingresar a una unidad de terapia intensiva neonatal para recibir oxígeno, por lo que la trasladaron desde la clínica privada donde nació hasta la Maternidad Santa Ana, del Seguro Social. En la maternidad, Ángel no pudo entrar con ella porque no había documentos que lo identificaran como su padre.
Bárbara Rivero llegó el 6 de diciembre de 2022 al Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua, para una cesárea, ya que su médico había determinado que era lo más seguro para ella y su bebé. Aunque ingresó a las 5:30 p. m., a las 12:00 a. m. habían pasado a todas las embarazadas que llegaban menos a ella.
Durante la espera, rompió fuentes. Más de tres doctores le hicieron tactos y le ordenaron pujar. Recuerda que también le tomaron foto a su entrepierna y le insistieron en que, como ya tenía dos cesáreas, debía “ligarse”, en referencia a la esterilización femenina. Bárbara afirmó que lo aceptó para que la atendieran de una vez. Justo antes de pasarla a quirófano, a las 5:00 a. m. del 7 de diciembre, el médico que la atendió le dijo: “Si le pasa algo a tu bebé, será tu culpa”.
En el quirófano le dijeron que su bebé nació muerta, pero no pudo verla. Cuando su esposo recibió el cadáver notó que en la muñeca llevaba una pulsera con el nombre de otra paciente. Reclamó que había un error, pero el personal insistió en que sí era su hija.
Carolina Corrales entró en labor de parto el 26 de agosto del 2021 en su casa. Un vecino la llevó al hospital Dr. Osío de Cúa, donde cuatro años antes ella había tenido a su primera hija sin inconvenientes. La mujer quería que evaluaran al bebé y obtener un registro de nacimiento. Afirmó que la última vez que vio a su bebé fue cuando se lo entregó a un doctor y él a unas enfermeras, le dijeron que no podía estar con él durante la revisión. Horas después, el mismo médico le dijo a Carolina que su hijo había muerto pero no le dejaron verlo, pese a su insistencia. Se quedó dormida llorando.
Al día siguiente despertó mareada y con dolor de cabeza, cree que le dieron algún medicamento. Buscó al mismo doctor para saber de su bebé y afirma que este le respondió: “¿Qué hijo? Tú no has parido”. Le entregaron un papel que decía que la habían atendido por un brote psicótico. No hubo certificado del ingreso del bebé ni de su muerte. Su tío fue con ella a denunciar ante el Cicpc. Un par de funcionarios la acompañaron al hospital para reclamar el cuerpo y el personal aseguró frente a ellos que los documentos de ingreso los tenía la dirección del hospital.
Finalmente, le dieron una fecha para que fuese a retirar los restos de su hijo. Le dieron un cuerpo envuelto en vendas, sin acta de defunción. Una mujer en el lugar la tomó por el cuello y le ordenó: “Entiérralo y olvídate del tema”.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera como violencia obstétrica la no atención oportuna y eficaz de las emergencias, así como obstaculizar el apego precoz del bebé con su madre sin causa médica justificada y el “trato deshumanizador”.
El Decreto sobre el Parto Humanizado establece en su artículo 15 que el Estado, las familias, la sociedad, especialmente los médicos especialistas en obstetricia y todo el personal de salud, tienen la obligación de “velar por el trato digno, justo e igualitario” hacia las madres, los recién nacidos y los padres durante el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, nacimiento y posparto.
Derecho a la identidad
A Mariángel y Ángel les dijeron que su segunda hija, a quien nombraron Skye, murió en la Maternidad Santa Ana el 7 de octubre de 2022. Les pidieron que acudieran dos días después a certificar la partida de nacimiento, para poder gestionar luego el acta de defunción, y que solo les entregarían el cuerpo “con la carroza fúnebre afuera”. Durante los trámites, la pareja se percató de que en la clínica omitieron un procedimiento clave para el registro de nacimiento: tomarle las huellas de las plantas del pie, por lo que la partida no tenía validez. Cuando intentaron que en la Santa Ana se les tomaran las muestras a la bebé fallecida para lograr la identificación, no se los permitieron.
La pareja dijo a Crónica.Uno que enterraron a una bebé que no se parecía a la que ellos vieron nacer y que tampoco tenía identificación legal.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece en el artículo 17 el derecho a la identificación que tiene todo niño al nacer. “Las instituciones, centros y servicios de salud, públicos y privados, deben llevar un registro de los casos de nacimientos …constará, además de los datos médicos pertinentes, la identificación de recién nacido o recién nacida mediante el registro de su impresión dactilar plantar, y la impresión dactilar”.
El hijo de Deimar, Dilan David, tampoco tuvo identificación. Luego de que una pediatra le dijo a la tía de Deimar que el bebé murió tras sufrir dos paros respiratorios y que solo los padres podían ver el cadáver, el hospital no les entregó ningún documento del niño. Para retirar el cuerpo, el Cicpc solo recibió un permiso de entierro. “Es como si el niño no existiera”, dijo Yesenia Rodríguez a Crónica.Uno.
Martín Genoymat, abogado y director de Funvenides, planteó que en Venezuela el procedimiento para registrar a un niño al nacer “es muy flexible” en comparación con otros países, situación que se presta para que se lleven a cabo adopciones ilegales. Explicó que con un proceso de inscripción extemporánea es posible presentar a un niño con varios testigos que aseguren conocer a los padres de vista y trato.
Eso se presta para una red de comercialización en partidas de nacimiento. Por esto en el informe de Naciones Unidas y otros documentos emitidos por instancias internacionales, Venezuela es catalogada como un puente para el tráfico internacional de niños”, señaló.
Retardo procesal
El criminólogo Luis Izquiel recordó que en Venezuela la impunidad de los casos delictivos supera 90 %, producto de la ineficiencia de investigación de las instituciones de justicia. “Si estos casos de raptos de bebés no tienen gran impacto en la opinión pública, es probable que entren en el lote de las investigaciones revestidas de impunidad”, puntualizó.
Organizaciones que hacen seguimiento a trata de personas, como Mulier, Cepaz y Fundaredes, coincidieron en que no hay datos sobre estos este tipo de delitos, por lo que es difícil conocer su alcance.
Ninibeth y Gustavo difundieron su historia en las redes sociales al sentirse ignorados por la Fiscalía N° 22 de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.
Cuando su video se hizo viral los llamaron desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas. En el Departamento de Familia les asignaron a la fiscal N° 96. Los atendió, conversaron y luego los bloqueó de WhatsApp. Gustavo dijo a Crónica.Uno que según la fiscalía, el hospital Dr. Miguel Osío de Cúa no quería entregar los documentos del bebé, ni el libro de ingreso de pacientes, y que ellos no tenían “autoridad” de exigirlos. Señaló que, a la fecha de esta publicación, los doctores no han sido interrogados.
La pareja insistió en que se realizara una prueba de ADN, para probar, o no, el parentesco entre ellos y la bebé fallecida. El 12 de agosto les tomaron las muestras de sangre dentro de un carro en el estacionamiento del Cicpc en Ocumare, sin certeza de cuándo recibirán los resultados porque según la bioanalista no había reactivos. La abogada penalista Rebeca Henríquez explicó para este reportaje que ante estos casos, el Ministerio Público puede solicitar hacer los exámenes en un laboratorio privado mientras se garantice la cadena de custodia y el debido proceso.
Cuando aún no tenía resultados de la prueba, porque estaba siendo procesada, el 25 de agosto de 2023 el diario Últimas Noticias publicó una entrevista donde el director de hospitales de la Dirección Estadal de Salud de Miranda, Alonzo Quevedo, aseguró que la niña fallecida era hija de la pareja. Ese mismo día el periodista de sucesos Román Camacho hizo un live en su cuenta de X para hablar del caso. Tanto Quevedo como Camacho señalaron que Ninibeth no se había cuidado durante su embarazo.
Ninibeth y Gustavo aseguraron a Crónica.Uno que la Fiscalía terminó anulando esa primera prueba de ADN por presuntas inconsistencias en la autopsia.
Al final se hizo otro procedimiento. Por insistencia de la pareja, no solo se comparó su ADN con el de la bebé fallecida, sino que también citaron a una mujer que dio a luz el mismo día que Ninibeth y a su bebé, ya que ellos sospechaban que ella podía estar involucrada en el cambio de las recién nacidas. Les tomaron las muestras en presencia de representantes de La Casa de la Mujer, la Lopnna, la Defensoría del Pueblo y el Senamecf.
Días después, una secretaria les entregó a ambos una copia de los resultados de la prueba mientras buscaba términos en Internet para tratar de explicarles qué decía el informe. Según el documento, la bebé que falleció sí es su hija.
A febrero de 2024 la pareja desconoce ese veredicto. Confían en las personas del hospital que se han comunicado con ellos para decirles que su sospecha es cierta. Al momento de esta publicación, esperan recaudar el dinero para hacer una nueva prueba de ADN en un laboratorio privado.
Mientras, Mariángel se asesoró con un abogado colega de su papá y llegó con un caso armado a la Fiscalía. Ella y su esposo también presumen que la bebé que enterraron no es su hija y la fiscal que la atendió, tras oír su relato, le dio la razón. Sin embargo, 15 meses han pasado desde su denuncia y su solicitud con el departamento de Dirección Familiar en el Ministerio Público para que el caso sea pasado a la Fiscalía N.° 96 —Especializada en el Delito de Trata de Niños, Niñas y Adolescentes— no ha sido respondida.
Mientras tanto, desde noviembre del 2023 están esperando respuesta de la sexta solicitud para exhumar el cadáver y hacer la prueba de ADN.
En el caso de Deimar Piña, al momento de publicar este reportaje, también esperan por reactivos para procesar la prueba de ADN que solicitaron a finales de febrero del 2023. La joven contó que una funcionaria del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas les dijo que si pagaban 500 dólares podía agilizar el proceso, pero la familia se negó. Mientras, Bárbara Rivero espera desde junio de 2023 una respuesta para ver qué prosigue jurídicamente, luego de que enviaran su expediente a Caracas.
Para febrero de 2024, Carolina Corrales estudia Derecho. Quiere convertirse en fiscal y ayudar a mujeres con casos similares al suyo. Luego de que su expediente desapareció de la fiscalía meses después de la denuncia, recibió una llamada: una enfermera le dijo que a su bebé lo habían presentado como hijo de una doctora en el Hospital Victorino Santaella en Los Teques, en el estado Miranda. Poco después, despidieron a la enfermera y a Carolina le prohibieron la entrada tanto al hospital Dr. Miguel Osío de Cúa como al Victorino Santaella.
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CRÉDITOS
Texto e investigación: Andy Aguilar
Fotos: Tairy Gamboa y cortesía de las fuentes
Edición: María Victoria Fermín y Natasha Rangel
Coordinación editorial: Ma. Victoria Fermín Kancev
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