La Cámara Federal de Buenos Aires solicitó el arresto internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y más de 30 funcionarios del chavismo por violaciones a los derechos humanos cometidas contra venezolanos actualmente refugiados en Argentina. La diligencia fue encargada a Interpol.
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Desde el 28 de julio pasado se documentaron 15 detenciones de periodistas y trabajadores de la prensa, de los cuales 11 permanecen privados de libertad. Marysabel Rodríguez, integrante de la ONG Espacio Público, sostuvo que “el riesgo de ejercer el periodismo es mucho mayor que antes del 28 de julio”.
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El Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta un nuevo cuestionamiento después de que la misión de la ONU sobre Venezuela presentará “evidencia escalofriante” ante el Consejo de Derechos Humanos, en palabras de la líder opositora María Corina Machado.
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Madres y otros familiares de ocho adolescentes detenidos en el marco de las protestas poselectorales se reunieron este miércoles en Caracas para exigir su libertad y recolectar comida y productos sanitarios para ellos.
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El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, publicado este martes, destaca como se ha intensificado la “maquinaria de represión” del Estado para silenciar a la disidencia.
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El más reciente informe de la ONU revela una escalada “sin precedentes” en la persecución política y violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misión de expertos internacionales documentó más de 120 arrestos durante la campaña electoral y 2.000 detenciones en protestas poselectorales, con graves violaciones al debido proceso.
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Los familiares de los detenidos insisten en que ya no tienen miedo de denunciar las torturas y tratos crueles a las que han sido sometidos sus hijos. Lo único que les importa es que estén en libertad.
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El grupo de opositores entregó una carta para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la embajada de Brasil. En el texto le piden que abogue por la liberación de los más de 1.800 presos políticos y la resolución “pacífica” del conflicto político en Venezuela.
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En los siete meses que lleva detenida, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel no ha tenido acceso a la defensa privada. Desde entonces, su caso sigue a cargo la defensora pública 49 de Caracas.
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