Los datos recopilados por la organización en su último informe también mostraron un repunte del 558 % en los fallecimientos bajo custodia, al pasar de 24 durante 2024 a 181 muertes en 2025. Entre los casos documentados destaca la muerte de cuatro presos políticos.
Caracas. La falta de atención médica aceleró el colapso sanitario en las cárceles venezolanas. Un total de 151 internos fallecieron por complicaciones de salud durante 2025, una cifra que representa 95 % de los 158 decesos bajo custodia del Estado, registrados en los centros penitenciarios del país, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), presentado este martes 2 de junio.
De acuerdo con la investigación el hacinamiento y la falta de servicios básicos como agua potable, comida y medicinas transformaron las prisiones en focos de patologías infecciosas y cardiovasculares.
Los resultados del monitoreo demostraron que en los penales la asistencia médica especializada no existe y que los traslados a centros asistenciales externos ocurren de forma tardía, cuando el paciente se encuentra en un estado de gravedad extrema, lo que aumenta la probabilidad de muerte.
Ante la falta de medicinas en los penales, las autoridades exigen a las familias el suministro de los tratamientos. La investigación también revela una crisis institucional y de infraestructura que afecta la vida de las personas privadas de libertad recluidas en calabozos policiales y cárceles.
Violencia y aislamiento como política
Los datos recopilados por la organización mostraron un repunte de 558 % en los fallecimientos bajo custodia, al pasar de 24 durante 2024 a 181 muertes en 2025. Eso significa que murió un interno cada dos días. Entre los casos documentados destaca la muerte de cuatro presos políticos durante el año pasado.
Uno de ellos fue Víctor Quero Navas, cuya madre, Carmen Navas, falleció tras recorrer durante 16 meses cárceles, calabozos y ministerios en su búsqueda. El OVP calificó este caso como un crimen de Estado debido al ocultamiento de información por parte de las autoridades.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha presentado resultados sobre la investigación ni sobre la exhumación del cuerpo. El activista señaló que en los centros de reclusión las labores de custodia funcionan como mecanismos de intimidación y tortura.
El OVP denunció el uso del aislamiento prolongado —superior a los 15 días según las Reglas Nelson Mandela— y la incomunicación total como una política de Estado. El activista señaló que esta práctica considerada un trato cruel e inhumano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aplica contra los presos políticos.
Como ejemplo citó el caso de figuras como Freddy Superlano, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Américo de Grazia, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Jesús Armas, quienes permanecieron bajo este régimen durante meses, sin que sus familiares recibieran una fe de vida.
Prado agregó que además del aislamiento, las autoridades penitenciarias aplican la represión y las detenciones arbitrarias extendidas hacia los familiares de los presos políticos. Esta práctica conocida como sistema Sippenhaft, tiene su origen en la Alemania nazi como forma de intimidación y persecución.
“Todos los presos políticos deben estar en libertad y se tiene que aplicar los principios de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Queremos simplemente justicia. El el trabajo de los defensores de derechos humanos está en acompañar a las víctimas y ese acompañamiento de la víctima está en que se haga justicia”, señaló Prado.
Durante 2025, el OVP también documentó requisas violentas donde los funcionarios destruyeron o confiscaron los objetos personales de los internos, además de aplicar castigos en celdas de aislamiento insalubres conocidas como «tigritos», junto con el uso de cortes eléctricos en celdas sin ventilación.
En el ámbito de la salud mental, la crisis carcelaria derivó en un aumento de suicidios e intentos de autoflagelación. Datos registrados en el estudio contabilizaron cinco suicidios en calabozos policiales, tres intentos de suicidio en cárceles y un suicidio en un penal.
Ante estas emergencias, la respuesta de las autoridades carcelarias es la violencia. En un caso documentado, varios internos rescataron a un joven de 21 años que intentó quitarse la vida; los custodios castigaron con agresiones físicas a quienes lo auxiliaron bajo la amenaza de sanciones si el hecho se repetía.
Hambre y desatención bajo sospecha
El informe del OVP también mostró que la política de abandono institucional repercute en la salud física y mental de la población reclusa. Los testimonios de los familiares revelan que el Estado venezolano delegó de forma arbitraria sus obligaciones básicas, como la provisión de agua y comida, a los familiares.
El documento detalla que las revisiones de los custodios, lejos de cumplir con protocolos de seguridad respetuosos, se caracterizan por el maltrato hacia los alimentos que los familiares preparan con sacrificio.
El OVP también denunció que el menú carcelario de 2025 incumplió todos los criterios nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los internos subsisten con arepas o bollos con pequeñas porciones de mortadela en el desayuno y la cena, mientras que el almuerzo se limita a raciones de arroz o pasta con pocos granos.
El documento detalló que el acceso al agua potable es intermitente o inexistente en la mayoría de los centros. Los familiares asumen la tarea de cargar envases de hasta 10 litros para el consumo, aseo y preparación de alimentos.
En el balance de 2025 también se evidencia que la crisis carcelaria golpea con fuerza a las minorías y a los sectores más desprotegidos dentro de los recintos penitenciarios. Uno de los grupos más afectados son las mujeres. En 2025 fallecieron cinco reclusas por falta de atención médica.
Entre esos casos destaca el de una joven que murió en el anexo femenino de Uribana tras una dieta de arroz y granos, luego de ser despojada de sus pertenencias en una requisa.
El segundo grupo que padece de discriminación es el de la población LGBTIQ+: los funcionarios los obligan a realizar trabajos forzosos como cargar agua, lavar ropa y limpiar las instalaciones. El temor a las represalias provoca que la mayoría de estas personas oculte su orientación sexual o identidad de género.
El tercer grupo lo integran los adolescentes privados de libertad. El OVP destacó las violaciones al debido proceso en dos casos políticos: en el de Gabriel José Rodríguez, detenido por las protestas de julio de 2024 y condenado a 10 años de prisión. El joven sufrió de infección pulmonar, ansiedad y llagas en la boca en el Retén El Manzano antes de su liberación en enero de 2026.
Y el caso de Samantha Hernández Castillo, arrestada en noviembre de 2025 por motivos políticos dirigidos a sus familiares y excarcelada en mayo de 2026.
Hacinamiento crítico
Aunque en teoría el país cuenta con una infraestructura de 52 cárceles con una capacidad instalada para albergar a 26 238 reclusos, la realidad es distinta.
Estadísticas contenidas en el estudio revelaron que el cierre de penales y la falta de información oficial redujeron la operatividad a solo 39 centros en 2025. Esto dejó 11 142 plazas inhabilitadas, por lo que la capacidad real bajó a 15 096 cupos.
Al contrastar este espacio disponible con la población reclusa de 2025, la cual sumó 26 694 personas, el índice de hacinamiento se ubicó en un 176,83 %. La organización catalogó esta situación como un riesgo crítico que atenta contra la dignidad humana.
Para concluir la presentación de su balance anual, el OVP exhortó al Estado a cumplir el artículo 272 de la Constitución para descentralizar las cárceles y aplicar un enfoque humanista enfocado en la reinserción social.
También solicitó la restitution de la autonomía institucional y la garantía de los derechos básicos de los reclusos —como alimentación, agua potable y salud—, así como el cese de los tratos degradantes o intimidatorios hacia los familiares durante las requisas y las visitas.
Lea también:
Gremios y sindicatos de la UCV convocan protestas tras masiva exclusión en bono para profesores
