La entrega del bono de responsabilidad profesional a través de Patria dejó fuera a buena parte del personal universitario, según denuncian los gremios. Profesores activos, jubilados y trabajadores convocaron protestas para el 4 y 9 de junio próximos en las que volverán a exigir transparencia en los criterios de asignación.
Caracas. La exclusión en el pago del bono de responsabilidad profesional encendió las alarmas en las universidades públicas. Gremios de profesores activos y jubilados denunciaron que la asignación, entregada a través de la plataforma Patria, dejó por fuera a nueve de cada diez beneficiarios en el personal docente y vulnera principios de igualdad laboral.
Según José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hasta el sábado, 30 de mayo, cuando se realizó el segundo depósito del beneficio, solo 25 % del personal docente activo de esa casa de estudios había recibido el pago.
Durante una rueda de prensa este lunes, 1° de junio, Afonso indicó que la mayoría de los educadores activos, tanto ordinarios como contratados, quedaron excluidos de esta asignación, que comenzó a ejecutarse en abril.
“Solo un grupo de docentes activos recibió el pago correspondiente a este bono. Esto significa que la mayoría del personal docente universitario quedó fuera del beneficio”, adujo.
Afonso reiteró que el sector rechaza la política de desalarización que mantiene el Ejecutivo nacional. Los gremios coinciden en que la entrega de estas asignaciones sin incidencia legal viola lo establecido en la Constitución. Al no formar parte del salario base, estos montos quedan excluidos del cálculo de las prestaciones sociales, las vacaciones, las utilidades y otros beneficios contractuales de los trabajadores.
La dirigencia gremial señaló que esta práctica precariza aún más las condiciones de vida de los empleados universitarios, quienes dependen de ingresos fijos que no cubren la canasta básica.
Próximos pasos
Ante esta situación, los gremios universitarios anunciaron las primeras acciones de calle. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores (Sinatra), anunció que convocaron a una protesta para este jueves 4 de junio, a las 10:00 a. m., frente a la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu).
Gremios y sindicatos exhortaron a la ministra de Educación Universitaria a asistir a las sedes de estudio para abrir un canal de diálogo y explicar los criterios de entrega de estas bonificaciones.
Sánchez denunció que la medida gubernamental pasa por encima de los acuerdos establecidos en la tercera convención colectiva única, la cual garantiza que los trabajadores jubilados deben percibir los mismos incrementos que el personal activo.
Añadió que la situación de exclusión se repite en otros sectores públicos como la salud y el magisterio. Por ello, las organizaciones evalúan una movilización nacional desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía para el 9 de junio próximo .
Además, aseguró que realizan consultas con las federaciones para coordinar un posible paro de actividades en conjunto con los educadores de educación básica a nivel nacional hasta que las autoridades ministeriales escuchen las necesidades de todos los profesores, profesionales y trabajadores activos y jubilados.
Profesionales excluidos
Argelia Castillo, secretaria general de la Asociación de Profesionales Universitarios en funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (Apufat), señaló que la exclusión no afecta únicamente al sector docente, sino que se extiende a todo el personal activo y jubilado de las universidades públicas.
Castillo explicó que los profesionales y técnicos desempeñan labores indispensables en áreas como control de estudios, recursos humanos, asesoría legal y salud dentro de las instituciones. A su juicio, la actual política de asignación rompe con el principio de igualdad.
”Rechazamos la continua discriminación que existe en el sector universitario. Si los profesionales no están trabajando, se paraliza la universidad. Exigimos que este bono no sea discriminatorio, porque afecta también al personal obrero y administrativo, tanto activos como jubilados”,
afirmó.
La Asociación de Profesores de la UCV realizó una encuesta interna para medir el alcance de las exclusiones en el depósito del bono de responsabilidad profesional anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de abril.
El monitoreo gremial detalla que la exclusión tiene un impacto casi total entre el personal con menos estabilidad laboral y los trabajadores en condición de retiro.
De acuerdo con los registros presentados por Afonso, la exclusión alcanzó a 96,03 % de los profesores contratados activos. Entre los docentes ordinarios activos, el porcentaje fue de 54,95 %, mientras que en el personal jubilado llegó a 95,28 %.
“Estos porcentajes vulneran de forma directa el criterio de igualdad de beneficios contemplado en las Actas Convenio y en las convenciones colectivas del sector público”.
A las omisiones en los depósitos se suman los errores en el cálculo de quienes sí recibieron el dinero. Los representantes gremiales indicaron que existen reportes de profesores que cobraron montos por debajo de lo establecido para su categoría académica; por ejemplo, a los auxiliares se les asignó un pago único que ignora su nivel de instrucción.
Sin claridad en los montos
Ante los reclamos del personal docente, el Estado afirmó que el pago no se completó porque las universidades del país no enviaron las nóminas del personal a tiempo. Sin embargo, Afonso desestimó esta postura y señaló que se trata de un argumento para evadir la responsabilidad institucional.
El gremio estima que el monto del bono de responsabilidad docente oscila entre los 110 y los 240 dólares, pero denunció que el Ejecutivo no ofrece explicaciones públicas sobre la escala de pagos ni los criterios según el escalafón.
“No hay Gaceta Oficial que publique lo anunciado el 30 de abril. Además, la falta de registro legal deja a los trabajadores en total desamparo jurídico”.
Afonso también alertó sobre una presunta estrategia gubernamental para desmantelar el régimen especial de jubilación como hicieron con el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). “Si como activo no tengo salario ni el atractivo de una jubilación digna, esta universidad va a desaparecer”.
A la espera de una respuesta oficial sobre los criterios de asignación del bono, los gremios mantienen la convocatoria a una protesta frente a la Opsu este 4 de junio y evalúan una movilización nacional para el 9 de junio.
Lea también:
Fuertes lluvias ponen en riesgo a viviendas en el estado Bolívar