Luego de la viralización de videos que muestran la descarga de escombros en las playas de La Guaira, expertos instan a las autoridades a implementar con protocolos técnicos de manejo de desechos para proteger el ecosistema marino, la salud pública y el sustento económico de las comunidades costeras.
Caracas. La reciente difusión de videos y reportes en redes sociales que muestran el traslado de camiones con escombros hacia las playas de La Guaira alarmó a defensores del medio ambiente.
Para los activistas, esta medida pone en peligro el ecosistema marino, daña la calidad de los suelos y amenaza directamente el futuro de la pesca en la región.
A pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desmintió el vertido en el mar de las millones de toneladas de desechos procesados, la inquietud no disminuye. Tampoco frena la alarma el reciente anuncio del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec), que prometió una política de tolerancia cero y multas para quienes descarguen residuos de forma ilegal.
En respuesta a las denuncias el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, aclaró este 15 de julio que los más de 2,1 millones de toneladas de escombros generados por el doblete sísmico del 24 de junio no serán arrojados al mar.
Explicó que los desechos serán sometidos a clasificación y trituración mecánica antes de ser trasladados al relleno sanitario de Santa Eduvigis, un complejo de 48 hectáreas ubicado en Catia La Mar, con terrazas acondicionadas para su acopio.
No obstante, ante la falta de certezas y de estudios de impacto ambiental, expertos consultados por Crónica Uno advierten sobre los peligros para la zona. Con el fin de frenar el daño ecológico, proponen una serie de recomendaciones para lograr un manejo técnico que proteja el sustento y el equilibrio ambiental en las comunidades costeras.
Riesgos
Al hablar sobre el presunto vertido la preocupación de los expertos se concentra en las secuelas que este material provoca en el agua. Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y director de la organización Clima21, detalló que el depósito masivo de desechos puede sepultar el fondo del mar, destruir hábitats esenciales y causar la muerte de organismos fijos como corales y esponjas.
«La nube de sedimentos afecta la respiración y la alimentación de organismos filtradores, así como la fotosíntesis de las algas».
La pérdida de biodiversidad altera el refugio y sustento de peces y crustáceos. Y no solo eso. El peligro también es químico. El concreto libera compuestos alcalinos que elevan el pH del agua. Si los restos contienen plomo o asbesto provenientes de viejas edificaciones, la toxicidad aumenta.
Aunque estos procesos ocurren de forma lenta, el fuerte oleaje de la zona acelera la liberación de sustancias nocivas a través de las partículas fracturadas.
Pesca y seguridad alimentaria
Por décadas el estado La Guaira se ha distinguido por su actividad pesquera. Sin embargo, tras el impacto de la catástrofe, las playas que servían de sustento económico y garantizaban el plato diario a las familias hoy lucen desiertas.
De acuerdo con el director de Clima21, el impacto ambiental trastoca de forma directa la seguridad alimentaria de la región. La ingesta de micropartículas provoca lesiones en la fauna marina y debilita su crecimiento. Si estos elementos contienen componentes tóxicos, se acumulan en los tejidos y viajan a través de la cadena alimentaria hasta llegar al plato de los consumidores.
Por eso, el experto recomendó la ejecución de monitoreos ambientales y sanitarios, aunque precisar el tiempo de recuperación de los ecosistemas es complejo debido a la ausencia de datos públicos.
“La restauración de especies de crecimiento lento puede tardar décadas, con el agravante de que el daño actual no ocurre sobre aguas limpias, sino sobre una franja costera golpeada por aguas servidas, derrames de hidrocarburos e incluso los pasivos tóxicos que dejó el deslave de Vargas en 1999 en el Puerto de La Guaira”.
Protocolos y marco legal
Ante una emergencia de esta magnitud, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) proponen una guía para el manejo seguro de los desechos.
La primera recomendación consiste en habilitar Sitios de Almacenamiento Temporal (SAT) para los escombros. Estos espacios deben estar en terrenos planos, lejos de las zonas residenciales y de las fuentes de agua dulce para proteger a los vecinos.
Otra de las pautas exige la clasificación de materiales peligrosos como el asbesto, las tuberías de plomo, los químicos y los aceites. El protocolo recomienda aislar estos componentes para evitar la contaminación de los suelos y los pozos de agua subterránea.
Los lineamientos también dictan que aquellos residuos que no se pueden reciclar por su nivel de toxicidad deben ir a celdas especiales dentro de vertederos autorizados. En estos lugares, se cubren con capas impermeables para evitar que los contaminantes se filtren a la tierra.
Expertos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) advierten que la improvisación en el manejo de escombros y desechos tras una emergencia puede desencadenar una crisis sanitaria mayor. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad de esta casa de estudios, señaló que las alcaldías y los organismos tienen la obligación de evitar la creación de vertederos improvisados en las calles para no agravar la situación actual.
En recientes declaraciones, el especialista recordó que la Ley de Gestión Integral de la Basura prohíbe el abandono de restos de estructuras en terrenos baldíos, linderos de ríos, quebradas o vías públicas que no cuenten con autorización.
Esta práctica informal, además de ser ilegal, colapsa la infraestructura de las ciudades y obstruye los cauces naturales de agua, lo que aumenta el peligro de inundaciones en periodo de lluvias.
Frente a este escenario de contingencia, Benítez explicó que las leyes vigentes obligan a los municipios a activar planes de emergencia que incluyen la delimitación de Sitios de Almacenamiento Temporal (SAT) y la habilitación de centros de disposición final para proteger a las comunidades.
Ambos especialistas coinciden en la necesidad de promover proyectos de reciclaje que mitiguen el impacto ecológico en las comunidades afectadas. También concuerdan en que el plan de reconstrucción post-terremoto no debe sacrificar la salud ambiental de una costa que sostiene la economía de cientos de familias guaireñas.
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