Cientos de escuelas dañadas y un déficit superior a 200.000 maestros complican el reinicio de clases tras los sismos del 24 de junio. Sin datos sobre planteles afectados por los sismos del 24 de junio, el Ministerio de Educación fijó el inicio de clases el 14 de septiembre próximo. Por lo que organizaciones gremiales exigen un plan integral de reconstrucción y acompañamiento socioemocional.

Caracas. El retorno a las aulas en Venezuela para el año escolar 2026-2027 se enfrenta a un escenario crítico marcado por el impacto del doble terremoto del 24 de junio pasado, desastre que no solo causó severos daños físicos en cientos de colegios, sino que acentuó fallas estructurales previas como la falta de docentes capacitados y la carencia de planes de atención socioemocional.

Hace más de mes y medio, la región central del país fue sacudida por un evento sísmico de gran magnitud, dos sismos consecutivos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con epicentros e daños severos en áreas de Caracas, La Guaira, Carabobo y Aragua, dejó miles de fallecidos, heridos y decenas de miles de personas desplazadas y daminificadas.

Más allá de los colapsos estructurales reportados en diversas instituciones tras el doble terremoto, la catástrofe dejó al descubierto, una vez más, la profunda vulnerabilidad del sistema educativo venezolano, acentuada por el déficit docente y la falta de herramientas pedagógicas.

Ante la ausencia de cifras oficiales sobre la infraestructura educativa afectada, el Ministerio de Educación fijó el inicio del nuevo año escolar para el 7 de septiembre próximo, en su fase administrativa y el 14 de septiembre en la académica.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), agencia internacional dedicada a garantizar la protección y desarrollo de los derechos de la niñez, reportó que 432 escuelas sufrieron daños por los sismos, lo que compromete el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, e impone severos desafíos para el reinicio de las clases.

Urge plan de contingencia

Expertos consultados por Crónica Uno coincidieron en que, más allá de la asignación de cupos o las reparaciones puntuales, el Estado debe ejecutar un plan estratégico integral.

Esta medida exige no solo evaluar la infraestructura de los colegios, sino garantizar la calidad educativa, dotar de herramientas a los docentes e implementar un sistema de gestión de riesgos, un protocolo organizado para prevenir, responder y reducir el impacto de desastres naturales o emergencias.

Fotografía: Tairy Gamboa

Tanto en las zonas receptoras, ciudades y comunidades que acogen a familias que perdieron sus hogares, como en los estados más golpeados, entre ellos La Guaira, las instituciones educativas carecen de la infraestructura necesaria para atender a estudiantes con discapacidades motoras o amputaciones derivadas de los sismos. A este escenario se suma el impacto psicológico en los alumnos y la pérdida de personal docente tras la emergencia.

“Iniciar las clases sin adecuar las condiciones ni capacitar al personal docente de las escuelas acentúa aún más las brechas de aprendizaje en el país”,

aseguró el gremio.

Riesgo de la revictimización​

José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que en el país coexisten dos realidades: por un lado, La Guaira, con víctimas mortales e infraestructura destruida; por el otro, Caracas, que funciona como ciudad receptora de familias desplazadas.

Salas advirtió que la reubicación de estudiantes exige adaptar los espacios físicos. Al respecto recordó que muchos niños sufrieron lesiones graves, pérdida de movilidad o amputaciones a causa de los sismos.

“Esa reorganización exige un trabajo de infraestructura muy delicado para recibir niños en condiciones de discapacidad motora. Eso exige rampas y disposición para que una silla de ruedas pueda moverse libremente dentro de las instalaciones”, alegó.

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Fotografía: Tairy Gamboa

Según el especialista, este tipo de adecuaciones no es común en la mayoría de las escuelas públicas ni privadas del país. Asimismo, el retorno a las aulas requiere de un acompañamiento socioemocional previo para los educadores, pues sin herramientas pedagógicas para el manejo del trauma, el reinicio de actividades puede desencadenar una mayor desestabilización emocional.

Añadió que si un niño perdió a su madre, a su padre o una extremidad, y llega a un aula donde siete profesores de bachillerato le preguntan de forma individual cómo vivió el temblor, se le somete a revivir la experiencia repetidamente, un proceso traumático conocido como revictimización.

“No se puede improvisar con la formación para el manejo de este tipo de situaciones”.

Respecto a las modalidades de estudio, el académico señala que recurrir a clases virtuales incrementa la desigualdad social y amplía las brechas de aprendizaje.

Este arranque a medias contrasta con el discurso oficial que celebra una alta matrícula. Respecto a las modalidades de estudio, el académico señala que recurrir a la educación virtual amplía las brechas de aprendizaje e incrementa la desigualdad social.

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Este arranque a medias contrasta con el discurso oficial que celebra una alta matrícula. Foto: Glenn Requena

Salones sin profesores calificados

A la crisis de infraestructura se suma la escasez de educadores para cubrir la demanda en colegios públicos y privados. Según datos del Ministerio de Educación, para julio de 2026 existe un déficit de 13.834 docentes especialistas en aula. La cifra oficial refleja una reducción de 45,52 % respecto a julio de 2025, cuando se registraban 25.393 vacantes.

Sin embargo, las proyecciones de la UCAB señalan que el país enfrenta un déficit real superior a los 200.000 profesores para cubrir la demanda nacional, siendo las áreas más críticas Matemáticas, Inglés, Química y Física.

El especialista destacó que las estadísticas gubernamentales son difusas y no reflejan la calidad educativa real. Con frecuencia, el sistema cubre las vacantes con adultos sin formación pedagógica formal. Para esto recuerren a miembros de Chamba Juvenil, un programa gubernamental dirigido a la inserción laboral de jóvenes sin trayectoria profesional previa, o pasantes de misiones para mantener las aulas ocupadas.

Entretanto, las universidades autónomas y privadas del país egresan un número mínimo de profesores al año. Más de 70 % de las promociones provienen de programas institucionales del Gobierno, caracterizados por criterios de evaluación y calidad opacos.

​“El déficit de docentes nosotros lo entendemos como déficit de personal calificado, personal formado para ser docente. Ese déficit es enorme. Pero tenemos escuelas donde papá, mamá están en el aula sin formar pero están ahí. Tienes liceos donde no tengo al profesor graduado de física y matemática, pero tengo a alguien de Chamba Juvenil”, afirmó.

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Docentes advierten que la falta de una dieta balanceada impacta en la concentración. Foto: Lucía Fernanda Ramírez/ archivo.

Opacidad estatal

Raquel Figueroa, vocera del Colegio de Profesores de Venezuela, señala que el país atraviesa un inicio de año escolar atípico. El Ministerio de Educación no ha presentado un informe público detallado sobre el número de escuelas colapsadas o con daños estructurales en Caracas, La Guaira, Carabobo o Aragua.

Figueroa expuso que la información oficial se reduce a publicaciones en redes sociales donde el ministro aseguró que se atenderán 1500 planteles, sin precisar su ubicación ni los criterios técnicos de reparación aplicados.

“Faltan muchos colegios con revisión técnica. Es el caso de la Unidad Educativa Pedro Felipe Ledesma, ubicada en la parroquia Antímano. El plantel sufrió severos daños en su estructura y recibió etiqueta roja. Días después, la calificación fue cambiada a amarillo sin que se ejecutara un estudio ni obras de rehabilitación”,

dijo.

Agregó que, ante la falta de un plan estatal de zonificación, estrategia que distribuye a los estudiantes en planteles según su cercanía geográfica y capacidad disponible, las propias familias se han visto obligadas a buscar cupos por su cuenta. En las zonas más afectadas, como La Guaira, las comunidades organizadas han instalado carpas improvisadas para impartir clases a los niños de educación primaria.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación no ha emitido una respuesta formal sobre el alcance real del plan de contingencia nacional. Tampoco se conoce la lista oficial de planteles evaluados.

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