El albergue Ciudadela de Catia, ubicado en el sector El Cuartel, sirvió de refugio tras la tragedia de Vargas en 1999, luego fue acondicionado para alojar a los sobrevivientes del doble terremoto. En este recinto conviven más de 70 familias sobrevivientes del Distrito Capital y La Guaira lo que impone desafíos diarios a las mujeres, niñas y adolescentes que comparten espacios comunes en medio de la contingencia.
Caracas. Alrededor de 80 familias desplazadas por el doblete sísmico conviven en el refugio transitorio Ciudadela de Catia, en el oeste de la ciudad, entre fallas de infraestructura, falta de intimidad y una convivencia cada vez más difícil.
La falta de registros oficiales segregados por sexo y la escasez de baños seguros agravan la vulnerabilidad de las mujeres, mientras la angustia por la pérdida de pertenencias se suma a la incertidumbre sobre la asignación de viviendas.
A Romelia*, una adulta mayor de 77 años, se le trastocó la vida cuando perdió su rancho, una vivienda precaria construida con materiales ligeros, en el sector Casalta III, parroquia Sucre. Primero la trasladaron a un albergue en San Martín y, un mes después, la reubicaron en la avenida El Cuartel. En este recinto suma 70 días de estancia.
Aunque reconoce que la alimentación es variada, la seguridad es continua y cuenta con atención médica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), un centro público de salud primaria, contiguo, la convivencia diaria es el mayor desafío.
Como mujer y abuela, la falta absoluta de privacidad y la obligación de compartir espacios comunes con más de 200 personas es lo que más impacta en su estado emocional. Ya no puede cocinar sus propios alimentos y depende de lo que puedan proveerle en el refugio. A veces le gusta la comida y otros días no. La rutina de aseo representa otro reto: todos los días procura levantarse muy temprano para aprovechar los baños recién lavados.
“Hay organización, nos atienden bien y el personal hace un esfuerzo para mantener la limpieza, pero ya en la tarde la gente deja los baños inmundos, es un desastre y no cuidan nada. Algunas madres no controlan a sus hijos, otros ponen el teléfono a todo volumen y no respetan, entonces surgen discusiones y se mete la policía para poner orden. Eso es lo más duro de quedar sin casa y perder todo, que hay que tener paciencia”, confesó a Crónica Uno.
Vigilancia y cautela diaria
La angustia de haber perdido todo se combina con la incertidumbre sobre el futuro. Aunque sus hijos completaron el censo en el Registro Único de Vivienda y finalizaron el proceso para solicitar un crédito, las autoridades le advirtieron que la prioridad de reubicación la tienen las familias procedentes de La Guaira.
Al respecto, hasta la fecha no se ha obtenido una postura o balance oficial por parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda ni de los organismos encargados. Por eso resulta imposible contrastar estos criterios de asignación y conocer las cifras totales de reubicados a nivel nacional.
Una situación similar afronta Fátima*, de 35 años y madre de una adolescente de 16. Ella habita en el mismo refugio tras el colapso del terreno donde se erigía su vivienda en Gramoven. Para ella, la convivencia diaria exige cautela y una vigilancia constante sobre su hija.
Aunque aclara que no ha sufrido incidentes directos, la presencia de personas con “conductas difíciles” genera roces que pueden derivar en episodios violentos y momentos incómodos. Frente a este panorama, las madres optan por extremar la precaución para evitar conflictos, mientras esperan una respuesta oficial tras registrarse en los censos de vivienda.
“Hacemos las tres comidas. A veces, arepa, panqueca o revoltillo en el desayuno y pasta, pollo o cochino para almorzar. También podemos pedir productos de aseo según la necesidad. Lo que sí es que hay quien no se adapta a vivir con otros y eso puede generar roces fuertes. Cuando ha sido necesario se cuenta con la policía y la directiva. De resto no tengo quejas, me pude censar y estoy esperando respuesta”.
Espacios sin privacidad
El campamento Ciudadela de Catia se levantó sobre una zona adyacente al CDI de la Comuna Urdaneta, Bolívar y Chávez. Este espacio sirvió como refugio tras la tragedia de Vargas en 1999, un conjunto de deslaves e inundaciones masivas en la costa central venezolana. Recientemente, fue acondicionado para albergar a los sobrevivientes luego del doble terremoto.
Según trabajadores del lugar, el recinto aloja a unas 80 familias: 50 del Distrito Capital y 30 del estado La Guaira. Ninguna familia ha recibido fecha estimada para su reubicación definitiva en viviendas.
Al intentar ingresar para constatar la situación de las niñas, adolescentes y mujeres, la coordinadora logística, Yanitza Torres, denegó el acceso a la prensa bajo el argumento de que las visitas no están permitidas y se reservan para funcionarios del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, a fin de resguardar la privacidad de los ocupantes.
Esta opacidad, la falta de transparencia en la gestión de la información pública, contrasta con la dimensión de la emergencia. Las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en salud sexual y reproductiva, estiman que alrededor de 956.400 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, junto a 1,97 millones de mujeres adultas menores de 50 años, habitaban en los territorios donde el sismo se sintió con mayor intensidad.
A pesar de la envergadura del desastre expuesta por los organismos internacionales, las instituciones públicas no han publicado un registro consolidado sobre la cifra total de damnificados. Tampoco se conoce el número exacto de refugios habilitados tras la emergencia.
Ante esta coyuntura, Gabriela Buada, investigadora y directora de la organización Caleidoscopio Humano, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, advirtió que en un país donde la violencia contra las mujeres registra altos índices, la respuesta estatal ante la contingencia sísmica omite la perspectiva de protección.
Los albergues informales y refugios improvisados operan con hacinamiento crítico, la acumulación excesiva de personas en un espacio reducido, sin divisiones internas que garanticen la separación por sexo o aseguren la intimidad.
“La ausencia de puertas con cerradura, la falta de alumbrado nocturno en los pasillos y la escasez de sanitarios adecuados exponen a las mujeres y niñas al acoso, a agresiones sexuales y al riesgo de trata de personas”.
señaló
La carga del trabajo doméstico
La activista explicó que la recolección de cifras oficiales segregadas por sexo permitiría corregir estas fallas. Sin embargo, el Estado no difunde datos precisos sobre la cantidad de mujeres en los campamentos. Esta falta de registros impide diseñar canales efectivos para procesar denuncias de violencia de género y oculta la magnitud del problema.
Además, las mujeres asumen casi la totalidad del trabajo de cuidado no remunerado en los albergues y viviendas receptoras. Ellas gestionan la comida y cuidan a niños, ancianos y personas con discapacidad en entornos donde escasea el agua y falla el suministro eléctrico.
“Esta carga física y emocional deteriora su salud general. Incluso en edificaciones con fallas no estructurales, la falta de ascensores obliga a las mujeres a subir y bajar escaleras de forma constante, una exigencia que impacta directamente su salud sexual y reproductiva”, indicó.
El desconocimiento sobre la violencia de género profundiza los peligros en estos recintos masivos. El acoso verbal, las miradas invasivas y los tocamientos no consentidos por parte de otros residentes o del personal militar y logístico son la primera amenaza.
Las agresiones sexuales y los intentos de abuso se concentran durante la noche en áreas oscuras o aisladas. Por otra parte, la pérdida de las pertenencias y el confinamiento aumentan la tensión económica. Esto dispara la violencia física y psicológica en las familias.
Buada señaló que la falta de control oficial expone a las afectadas a esquemas de explotación sexual, donde algunas sufren presiones para ceder favores a cambio de alimentos, agua, medicinas o kits de higiene. Este patrón ya se registró durante la tragedia de Vargas en 1999 con la desaparición y alteración de identidad de niñas y adolescentes.
Protección con perspectiva de género
Dentro de los albergues también predomina el silencio. A juicio de Buada las víctimas evitan denunciar por temor a sufrir represalias, ser expulsadas de los campamentos o perder el acceso a la asistencia humanitaria. Ante estos hechos el Estado no ofrece canales públicos ni confiables para tramitar estos casos.
De acuerdo con la especialista atender la contingencia en los campamentos transitorios exige, más que la entrega de comida y las labores de custodia, la protección de la vida y la integridad de las mujeres con acciones concretas:
- Infraestructura con perspectiva de género: Adaptar las instalaciones con módulos familiares o divisiones físicas que aseguren privacidad para vestirse, lactar o atender la higiene personal.
- Sanitarios seguros: Habilitar baños y duchas separados por sexo, con cerraduras funcionales, ubicados en zonas céntricas y bien iluminadas.
- Iluminación y suministros: Garantizar el alumbrado nocturno en pasillos y puntos de agua, e incluir linternas en los kits de aseo personal.
- Mecanismos de denuncia y códigos de conducta: Establecer buzones protegidos y puntos de atención confidenciales a cargo de defensores de derechos humanos, junto con un código de conducta estricto para monitorear las actuaciones del personal militar, policial y logístico en los recintos.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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