Un grupo de al menos 20 abogados rechazó que se pretendan realizar audiencias telemáticas en el caso Pdvsa-Cripto y piden observadores en el juicio oral contra 64 acusados de presuntos desfalcos millonarios, a través de operaciones con criptoactivos.
Caracas. El equipo legal que defiende a los implicados en el caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, catalogado como uno de los presuntos desfalcos más grandes de Venezuela, denunciaron que los acusados están sometidos a un “juicio de naturaleza política” lleno de irregularidades, por lo que piden transparencia y veeduría internacional en las audiencias.
“No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfe la verdad y la justicia. Insistimos en que la presencia de observadores internacionales en cada audiencia no es una concesión, sino una garantía mínima de transparencia que reclamamos hasta la conclusión del proceso”, dijo, frente al Palacio de Justicia, el abogado Jeset García, en representación del equipo legal.
Este viernes, 5 de junio, el jurista leyó un comunicado de la defensa en el que reclaman condiciones desiguales y discriminatorias en el proceso judicial, que se lleva desde 2023 a este grupo de acusados, que incluye figuras de alto perfil como el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el exdiputado chavista Hugbel Roa.
Los abogados denunciaron que hay vicios en todas las fases de la investigación, pues los implicados fueron detenidos “sin orden judicial previa ni situación de flagrancia” y les impidieron la incorporación de la defensa privada en los primeros momentos del proceso judicial.
Las irregularidades
Además, denunciaron que les limitaron el acceso a varias actas del proceso, así como impedimentos para la presentación de recursos a los que tenía derecho la defensa penal.
Los juristas cuestionaron principalmente la intención de continuar el juicio de forma telemática, pues la fase de juicio acumula 16 audiencias que llevadas a cabo presencialmente y, desde la semana pasada, se les informó que continuarán el proceso en línea.
García indicó que la audiencia fue diferida en dos ocasiones y culpó al director del Servicio Penitenciario de Máxima Seguridad (Sesmas) del Rodeo I de negarse a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del Poder Judicial.
Además, denunció que algunos de los acusados fueron trasladados desde El Helicoide, sin previa solicitud del tribunal que lleva la causa.
Los juristas indicaron que hay evidentes irregularidades en el expediente como actas y autos sin las firmas de los intervinientes, piezas desconocidas, además de que varios de los acusados tienen más de tres años detenidos sin sentencia alguna.
Violaciones a los DD. HH.
Los abogados en el caso Pdvsa-Cripto denunciaron que varios de los acusados fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, en tanto no atendieron con eficacia malestares de salud reportados.
“Han desatendido el deber de custodia, el derecho a la vida, la integridad física y mental”, reportó el vocero.
En este sentido, pidieron que se retomen las audiencias de juicio orales y públicas en las que se permita el acceso a diplomáticos interesados en el caso y acreditados para seguir el juicio.
Además, solicitaron la presencia de la Defensoría del Pueblo, relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como observadores para que se garantice un proceso judicial «efectivo, transparente e imparcial».
¿Qué es Pdvsa-Cripto?
El caso Pdvsa-Cripto es una de las mayores tramas de corrupción en la historia de Venezuela, descubierta en marzo de 2023, tras la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El escándalo involucra a más de 60 altos funcionarios y empresarios, entre ellos el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami
De acuerdo con Transparencia Venezuela la red operaba un esquema de ventas de petróleo venezolano a través de operaciones paralelas y embarques de crudo (buques) controlados por la Sunacrip y particulares, evadiendo los controles financieros del Estado.
Las ganancias obtenidas de estas ventas no ingresaron a las arcas del país, sino que fueron desviadas hacia el mercado de criptomonedas y empresas fantasmas.
El daño patrimonial estimado por el Ministerio Público oscila entre $5500 millones y $23.000 millones, aunque firmas de investigación y la ONG calculan el desfalco en más de $16.900 millones.
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