El Comité para la Liberación de los Presos Políticos y la Alianza de Mujeres Políticas se reunieron con Yelitze Santaella, ministra para la Mujer, y le entregaron un documento en el cual exigen que se investiguen los casos de abuso a las privadas de libertad.
Caracas. Cuestionados. Así se sintieron los familiares de los presas políticos y activistas por los derechos de las mujeres, luego de sostener una reunión con la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella.
De acuerdo con declaraciones de los parientes, Santaella presuntamente desconoce las denuncias públicas que ellos mismos han hecho a lo largo de dos años, ante los medios de comunicación y organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
“No puedo decir que fue la reunión más agradable, hubo cuestionamientos con los familiares. El cinismo fue muy fuerte y nos dijeron: ‘no sabemos de que casos no están hablando’, cuando los familiares han hecho muchísimas denuncias en instituciones públicas”, dijo Evelyn Pinto, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas.
La mañana de este viernes, 5 de junio, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas manifestaron frente al Ministerio para la Mujer y entregaron un documento, en el cual exigen la liberación de las mujeres detenidas y que, además, Santaella inste a los organismos públicos a investigar, de manera independiente y exhaustiva, las violaciones a los derechos de las mujeres privadas de libertad.
“Nos llama la atención que la ministra habla de los casos como si fueran cualquier tontería y dicen que las mujeres y hombres no son presos políticos. Nos dijo que iba al Ministerio para el Servicio Penitenciario, supuestamente, a exponer nuestras denuncias”, dijo una familiar al salir de la reunión.
¿Qué pasa con las mujeres detenidas?
Crónica Uno ha recopilado testimonios de familiares de las presas políticas sobre requisas vejatorias antes de las visitas. Las madres han contado que las custodias las obligan a desnudarse y son “toqueteadas” por las funcionarias. Y, en algunos casos, las obligan a agacharse y pujar, o les han puesto linternas en sus partes íntimas.
Además, las familiares denuncian el mal trato que les dan los funcionarios durante las visitas, por ejemplo, en Rodeo I las mujeres eran encapuchadas cuando visitaban a sus seres queridos. Esta situación fue denunciada públicamente por los parientes.
También se ha conocido públicamente sobre los tratos inhumanos cuando las mujeres recorren los centros penitenciarios, en la búsqueda de sus seres queridos en desaparición forzada, como sucedió con Carmen Navas, mientras buscaba a su hijo Víctor Hugo Quero Navas. Tras más de un año sin noticias de él a la madre le informaron que su hijo estaba muerto desde julio de 2025 y 10 días después la mujer también falleció.
Recientemente Zoraida González, suegra de Yanin Pernía, contó que la joven fue víctima de violencia sexual cuando fue detenida, en 2018, en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta. Detalló que los funcionarios le pasaron su arma de reglamento por sus partes íntimas.
Desde el año 2020 la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha documentado casos de violencia sexual a las mujeres presas políticas. Detallaron casos que involucraron a funcionarios en actos sexuales con mujeres detenidas a cambio de privilegios.
Otros casos públicos destacados son el de Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por supuestamente estar vinculada al atentado contra el expresidente Nicolás Maduro, en 2018.
Amnistía Internacional documentó que a Emirlendris le provocaron un aborto durante su detención y las torturas le dejaron graves secuelas de salud.
Cárceles sin agua ni atención médica
Crónica Uno también tiene testimonios de familiares, que aseguran que en cárceles como el Instituto de Orientación Femenina (INOF) y La Crisálida, ambas ubicadas en Los Teques, estado Miranda, solo dan un tobo de agua a las privadas de libertad para su aseo personal y para que laven su ropa.
“En diferentes cárceles, por falta de agua, las mujeres no tienen acceso a productos de higiene menstrual y son separadas de sus hijos en período de lactancia. Las Reglas de Bangkok establecen que las privadas de libertad deben tener espacios de atención ginecológica y para lactar”,
añadió Evelyn Pinto, la mañana de este viernes, durante la concentración.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció, en su informe anual 2025, que a las mujeres privadas de libertad las someten a condiciones precarias de detención. Destacan deficiencias en la atención médica especializada, la alimentación, el acceso al agua potable y en espacios de maternidad para el cuidado de sus hijos e hijas.
En 2025 la organización documentó al menos cinco muertes de presas sociales, por falta de atención médica oportuna.
En cuanto a las mujeres detenidas por motivos políticos, el OVP recordó que la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, no recibió atención médica especializada, tras una fractura en el hombro durante su primer año de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). A la abogada la excarcelaron en enero de este año.
Otra presa política que no recibió atención médica oportuna y especializada fue Merys Torres de Sequea, de 72 años de edad, madre del capitán Antonio Sequea, preso en el Rodeo I. La mujer de la tercera edad estuvo privada de libertad en el INOF hasta mayo de este año, a pesar de que tenía graves problemas de salud que denunció su hija, Fátima Sequea.
El OVP también documentó el caso de Maylekis Borges, detenida en 2025 cuando estaba embarazada, por ser la pareja del primer teniente Christian Hernández, quien está en el exilio. La joven parió mientras estaba presa y actualmente se encuentra en arresto domiciliario.
Actualmente el Foro Penal venezolano documenta que 35 mujeres y 369 hombres siguen presos, hasta este 5 de junio.
En Venezuela, según el OVP, solo hay una cárcel para mujeres mientras que para hombres hay 35 centros penitenciarios. Adicional hay 11 anexos femeninos y un internado judicial masculino para mujeres.
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