Los jubilados venezolanos enfrentan una vejez marcada por pensiones de menos de cuatro dólares, fallas del Seguro Social y el alto costo de la salud. Algunos dependen de remesas, otros trabajan después de los 70 años y muchos ya recortan gastos básicos.
Valencia. Trabajaron durante décadas con la expectativa de llegar a una vejez tranquila. Hoy, Antonio Partidas depende del dinero que le envían sus hijos desde Estados Unidos; Enrique Carrizo, de 72 años, trabaja como parquero; y Esther Jiménez debe repartir los ingresos del hogar entre comida, medicinas y el tratamiento contra el cáncer de su esposo.
Sus historias muestran cómo jubilarse en Venezuela dejó de ser sinónimo de descanso y se convirtió en una búsqueda diaria para sobrevivir.
Enfrentados a pensiones simbólicas, fallas administrativas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que borran a cotizantes de los registros y el costo inalcanzable de la salud privada, los jubilados afrontan la vejez en medio del desamparo.
Mientras la población del país envejece a ritmo acelerado, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cada vez más adultos mayores afrontan la vejez sin una red de seguridad y dependen de remesas o trabajos informales para subsistir.
Antonio Partidas es uno de ellos. Residente de Valencia, estado Carabobo, regresó al país hace apenas tres meses, después de pasar dos años fuera. Volvió con su esposa, también adulta mayor, con la esperanza de reencontrarse con sus raíces, sus pertenencias y la vida que construyeron durante décadas. Sin embargo, el retorno estuvo marcado por una realidad más dura de la que recordaban.
La primera sorpresa fue descubrir que la pensión de los jubilados se mantiene muy lejos de cubrir las necesidades básicas. Está fijada en 130 bolívares mensuales, menos de 4 dólares, y se complementa de manera discrecional con bonos gubernamentales.
La segunda fue todavía más desconcertante: al intentar reactivar sus beneficios sociales, Partidas descubrió que en los registros oficiales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía como fallecido.
“Ni la pensión ni el bono me estaban llegando. Cuando fui a averiguar me dijeron que figuraba como muerto”, relató Partidas a Crónica Uno.
Vivir de remesas
Su caso expone una falla administrativa que agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores, justo cuando el país enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional. De acuerdo con la más reciente Encovi de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela registra actualmente 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.
Esta proporción evidencia cómo la población envejece mientras las condiciones económicas continuarán deteriorando la calidad de vida de quienes ya culminaron su etapa laboral.
Para Partidas, la subsistencia diaria no depende del sistema de protección social, sino de sus dos hijos residenciados en Estados Unidos.
Entre él y su esposa reciben ingresos que representan una fracción mínima del costo de alimentación, frente a una Canasta Alimentaria Familiar del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) que supera los 500 dólares mensuales.
A la espera de que las autoridades rectifiquen su situación administrativa, la ayuda familiar llega desde el exterior mediante remesas.
“Introduje una fe de vida en el Seguro Social y en el CNE. Ahora toca esperar”,
dijo.
Salud sin cobertura
Los gastos tampoco dan tregua. Solo la póliza de hospitalización consume alrededor de 350 dólares mensuales, un privilegio que pocos pueden costear. Datos de la ONG Acción Solidaria, organización dedicada a la defensa del derecho a la salud, indican que apenas una minoría de los adultos mayores venezolanos mantiene algún tipo de seguro médico privado, en un contexto de limitaciones también en la salud pública.
Aun así, Partidas intenta mantener una visión optimista. “Aquí tenemos nuestras cosas, nuestra casa, nuestros recuerdos. Eso también tiene valor”, recalcó.
Para muchos pensionados, jubilarse dejó de significar descanso. En una esquina de la avenida Bolívar de Valencia, Enrique Carrizo, de 72 años, trabaja como parquero desde hace siete años.
Durante buena parte de su vida pasó por empleos en Cantv, el cementerio Jardines del Recuerdo y las obras del ferrocarril. Hoy dedica largas jornadas a ayudar a estacionar vehículos para complementar unos ingresos que considera insuficientes.
“Con la pensión no se puede vivir”, afirmó. Calcula que entre la pensión y los bonos recibe alrededor de 60 dólares mensuales. El monto apenas alcanza para cubrir una pequeña parte de los gastos de alimentación de una familia de cinco personas, de la cual continúa siendo sostén económico.
Su jornada comienza temprano y termina cerca de las ocho de la noche. Hay días buenos y otros en los que al mediodía apenas ha reunido unos pocos bolívares. Aseguró que se mantendrá en el trabajo mientras pueda.
“No quiero quedarme en la casa. No quiero que me caigan telarañas”, contó entre risas.
Una jubilación sin descanso
La necesidad económica explica por qué cada vez es más común encontrar adultos mayores trabajando en estacionamientos, comercios, mercados populares y otras actividades informales.
El problema es matemático: los ingresos de los pensionados representan apenas una pequeña fracción del costo de vida. Los precios de alimentos, medicinas y servicios aumentan, pero los montos oficiales destinados a la protección de los adultos mayores permanecen prácticamente congelados.
Los bonos gubernamentales otorgados mediante el Sistema Patria, plataforma digital del Estado para gestionar subsidios directos, se han convertido en un complemento indispensable de la pensión, aunque siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
La situación se complica cuando aparecen enfermedades crónicas. Esther Jiménez no recibe pensión y vive con su esposo, quien enfrenta una enfermedad oncológica que exige gastos elevados en estudios y medicamentos. Gran parte de los ingresos del hogar se destina al tratamiento.
Frente a una carnicería en Valencia, mostró una factura modesta. Con poco más de nueve dólares logró comprar medio kilo de carne molida, algunas piezas de pollo y unas chuletas ahumadas. Ese mercado debe alcanzar para varios días.
“Comemos lo necesario. Todo es poquito”, añadió.
El costo de envejecer
La enfermedad obligó a reorganizar las finanzas familiares. Esther dejó su empleo para cuidar a su esposo y ahora ambos dependen de ingresos limitados que deben repartirse entre alimentos, tratamientos y medicinas.
Historias como la suya son frecuentes entre los adultos mayores venezolanos. Organizaciones sociales y sanitarias como Convite y Cáritas Venezuela han advertido que una parte importante de esta población reduce porciones de comida, elimina productos de su dieta o pospone tratamientos médicos para mantener cierto equilibrio financiero.
El envejecimiento acelerado plantea nuevos desafíos para un país donde los sistemas de protección social enfrentan enormes limitaciones. Para algunos, como Partidas, la ayuda de familiares en el exterior funciona como red de seguridad.
Para otros, como Carrizo, la única alternativa es seguir trabajando. Y para personas como Jiménez, cada compra implica decidir qué necesidad atender primero.
Detrás de las estadísticas existen miles de historias similares: hombres y mujeres que trabajaron durante décadas esperando una jubilación tranquila y que hoy enfrentan incertidumbre económica, deterioro de los ingresos y la búsqueda constante de formas para sobrevivir.
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