26 familias desalojadas viven en carpas en el kilómetro 23 de la parroquia. Un litigio legal de 14 años entre el Estado y el propietario del antiguo Gran Hotel, donde vivían los afectados, mantiene fuera del censo oficial 102 personas.
Caracas. Una carpa de tubos de hierro, cubierta con lonas de plástico azul, sirve de casa para Yolimar y sus cuatro hijas, en el kilómetro 23 de la parroquia El Junquito. Sobre el suelo rústico pusieron unos bloques para aislar los colchones de la humedad.
Varias prendas de vestir cuelgan de la estructura metálica del techo, mientras que sacos con ropa y enseres personales ocupan las esquinas de la carpa. Cuando llueve, el agua golpea con fuerza el toldo y se filtra.
La familia llegó a este campamento provisional tras el doble terremoto del 24 de junio, que afectó a la parroquia. Antes del sismo Yolimar vivió durante 13 años en una habitación del antiguo Gran Hotel. Una de sus hijas, de cinco años de edad, tiene hidrocefalia.
“Es duro vivir así y más con mi hija y su condición de salud que exige cuidados específicos, un entorno limpio y controles médicos continuos, pero se me hace difícil lograrlo. Ya no sé a dónde más acudir”.
18.000 personas quedaron sin hogar, tras los terremotos de 7.2 y 7.5 de hace tres meses, según el gobierno interino Delcy Rodríguez. Viven en escuelas, aceras, parques, plazas y otros espacios públicos a lo largo de las zonas afectadas. Sin embargo, las autoridades no han actualizado la información.
Falta de agua
Para beber y cocinar los alimentos las familias reúnen dinero para comprar botellones de agua potable. El aseo personal y el lavado de utensilios dependen de un tanque comunal que almacena agua sin filtrar.
Según Yolimar, el tanque tiene meses sin mantenimiento ni limpieza y al bañarse les causa comezón y alergias en la piel, tanto a los adultos como a los niños y niñas.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el hacinamiento en albergues y la escasez de agua potable representan los mayores riesgos sanitarios para los sobrevivientes del doble terremoto.
También la falta de condiciones de salubridad eleva la probabilidad de infecciones respiratorias y cutáneas en espacios reducidos.
Daños estructurales
En el campamento permanecen 26 familias, lo que representa un total de 102 personas, entre ellas 44 niños, niñas y adolescentes. Del grupo general, 21 grupos habitaban en el Gran Hotel y otros cinco provienen de la parte baja del barrio La Toma, donde las casas quedaron expuestas a los escombros de los comercios que colapsaron tras el doble sismo.
Alejandra, quien reside en el lugar desde hace casi ocho años con su esposo y tres de sus cuatro hijos, explicó que la estructura del hotel quedó inestable. Las paredes se separaron de las vigas, el piso vibra con el tránsito vehicular y las filtraciones de agua abarcan los cuartos en su totalidad.
Añadió que las evaluaciones posteriores al terremoto arrojaron diagnósticos opuestos. Una primera inspección, realizada por una arquitecta, determinó etiqueta roja para la edificación por humedad severa y riesgo estructural. Días después, representantes de la jefatura civil colocaron una tarjeta verde para autorizar el reingreso de los ocupantes, aviso que desapareció del portón una semana más tarde.
“Después de eso vino un grupo de ingenieros de España revisó las instalaciones y nos advirtió que el inmueble no era apto para vivir y correspondía asignarle una tarjeta negra. Pero aquí las autoridades no nos atienden, nosotros hemos hecho trámites y todo”.
Agregó que el inmueble tiene problemas legales de más de 14 años. El terreno fue objeto de una ocupación con apoyo institucional para un proyecto habitacional que no se concretó, pero el dueño original ganó el caso en los tribunales. Sin una adjudicación de viviendas formales, las familias quedaron en el terreno a la espera de una reubicación.
La exigencia de un censo
Alejandra señaló que el conflicto de propiedad sobre el terreno del Gran Hotel es la causa de este retraso. Esta situación impide que las 26 familias puedan optar por una vivienda definitiva, ya sea mediante un proyecto habitacional en el mismo lugar o por reubicación en otro sector.
“Nosotros necesitamos ser escuchados por el Estado. No podemos pasar todo el tiempo en carpas, necesitamos saber en qué va a quedar esto. Cada una de estas familias necesitamos un lugar digno”,
afirma Alejandra.
Mientras el litigio continúa sin resolución, las madres del campamento intentan sostener la rutina de los niños y niñas. Yolimar cuida a su hija con las medicinas que donan los vecinos, a la espera de una decisión gubernamental.
“Lo que pedimos es una casa para estar tranquilos. De verdad, es importante que las autoridades lleguen hasta aquí, ya que las donaciones no llegan”.
