A pesar de las medidas de paralización judicial, se levantaron estructuras que burlan la vigilancia ambiental. Las autoridades dictaron orden de demolición y exigen la siembra forzosa de 300 plantas autóctonas para resarcir el impacto.
Cumaná. El Movimiento Ambientalista Campesinos del Sur rechazó públicamente la consolidación de edificaciones no autorizadas dentro de los linderos protegidos del Parque Nacional Mochima.
La denuncia civil, sustentada en graves daños a los ecosistemas locales, coincide con la reciente actuación de la Gerencia General de Parques Nacionales y Monumentos Naturales de Inparques, organismo que emitió una orden de demolición inmediata contra el ciudadano Darwin Calderón, juez de paz quien ordenó construir la obra, tras confirmarse la violación del ordenamiento territorial vigente.
Tomas Jaime Brazón, vocero del Movimiento Ambientalista Campesinos del Sur, rechazó la toma ilegal de estos espacios protegidos, para alertar que las obras civiles vinieron precedidas por la tala indiscriminada y la quema de vegetación nativa.
Aunque extraoficialmente se conoció que el Ministerio de Ecosocialismo estimó los daños en “unas hectáreas”, Brazón advirtió que, de acuerdo con los monitoreos técnicos realizados por la organización civil, la afectación real asciende a cinco hectáreas de parque nacional.
El vocero ambientalista subrayó las severas dificultades operativas para detener el avance de la obra en flagancia. Aunque Inparques, la policía ambiental y la guardería de parques trataron de frenar la construcción con el respaldo de órdenes legales, los infractores construyeron en horario nocturno que no fueron detenidas por el difícil acceso geográfico a la zona.
A pesar de que un juez con competencia ambiental dictó formalmente una medida precautelativa de paralización y protección, los constructores desafiaron la restricción judicial. La obra continuó su curso hasta vaciarle la placa de concreto y levantar las paredes perimetrales de una estructura de dos pisos.
Respuesta institucional
Frente a esta situación, la Gerencia General de Parques Nacionales y Monumentos Naturales dictó la Providencia Sancionatoria N° 069-2026. La resolución ordena formalmente al ciudadano Darwin Calderón, la demolición de una vivienda que registra un área de afectación de 14 metros de largo por 10 metros de ancho, así como de un depósito de materiales que ocupa 15,05 metros cuadrados en planta.
La medida administrativa no solo impone el derribo de la infraestructura, sino que obliga al infractor a retirar de manera absoluta todos los escombros y desechos sólidos fuera de los linderos del Parque Nacional Mochima, en un lapso perentorio de 30 días continuos. De no cumplirse de forma voluntaria, Inparques procederá a la ejecución forzosa del acto conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Plan de restauración ambiental
Además de las sanciones civiles y la remisión del expediente al Ministerio Público para abrir las investigaciones penales correspondientes, el Estado impuso un Plan de Restauración Ambiental que el sancionado deberá financiar y ejecutar.
Para la reforestación del área afectada, se exige la siembra de especies autóctonas en los 155,05 metros cuadrados donde se ejecutó el daño directo, con una distancia técnica de cuatro metros entre cada planta.
Como medida compensatoria, se deberá completar la plantación en zonas degradadas expresamente designadas por la dirección del parque nacional hasta alcanzar un total de 300 árboles autóctonos. Este proceso de siembra deberá iniciarse obligatoriamente con el comienzo de la temporada de lluvias.
Asimismo, el ciudadano queda vinculado legalmente a garantizar el riego y las labores de mantenimiento de los ejemplares cada 15 días, durante un período continuo de un año, a fin de asegurar la supervivencia del nuevo bosque protector.
Aunque el organismo rector hizo cuatro notificaciones públicas, no se acató y la construcción avanza.
Ante este panorama, fue posible consultar la opinión de la bióloga e investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV/ UDO), quien consideró como positiva la aplicación de la normativa legal aunque espera que la medida sea objetiva e imparcial para la revisión de las construcciones dentro de todo el Parque Nacional Mochima.
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