A casi tres meses del doble terremoto, los vecinos desalojados del urbanismo López Diez señalaron que las cuadrillas tardaron dos meses en llegar y realizan obras menores sin corregir las fallas de origen.
Caracas. Las carpas siguen alineadas en plena calle, frente al urbanismo López Diez (OPP 10), en la parroquia Santa Rosalía. Allí duermen y pasan los días varias familias que salieron de sus apartamentos hace casi tres meses, cuando el doble sismo abrió grietas en las paredes internas de la torre y obligó a suspender los servicios de gas y agua.
Yelitza*, habitante del urbanismo, permanece en la acera junto con su esposo, su nieta y un primo. Viven en este complejo de la Gran Misión Vivienda Venezuela desde el 2012, tras quedar damnificados en El Cementerio. 14 años después están de nuevo en la calle.
“Nosotros queremos irnos para la casa porque no tengo para dónde irme. Tengo mis cosas ahí. Aquí lo que hacemos es dormir, pero uno pasa miedo”,
dice.
Los terremotos del 24 de junio, que afectaron a siete estados del país, dejaron daños visibles en los primeros seis pisos de la torre, donde se cayeron paredes y techos. Mientras que los niveles superiores, hasta el piso 12, tienen afectaciones de mampostería.
El complejo forma parte de los 41.624 hogares con daños, según las cifras oficiales, luego del doblete sísmico. Están en la recuperación de 13.000 viviendas afectadas.
De la etiqueta roja a la amarilla
Según los vecinos, este urbanismo fue diseñado para albergar a 96 familias, pero el número de residentes es mayor debido a que varios apartamentos son multifamiliares. No hay fracturas en las columnas, pero las paredes tienen huecos y fisuras.
Tras las primeras evaluaciones de los bomberos el edificio recibió una etiqueta roja, de desalojo preventivo por riesgo. Semanas después la señalización cambió sin informe técnico de por medio y quienes la hicieron taparon la primera etiqueta.
“Primero teníamos etiqueta roja. Llegó una gente en la noche y le pusieron la etiqueta amarilla encima de la roja. No nos dijeron por qué. Así se quedó eso”,
explicó Yelitza.
Quejas en silencio
Carmen*, vecina del urbanismo, afirma que las cuadrillas de trabajo llegaron cuando los vecinos ya sumaban casi dos meses a la intemperie.
Sin embargo, para los residentes, el ritmo de las labores es lento y consideran que las soluciones no son las adecuadas, ya que los obreros no sustituyen las paredes dañadas, sino que ponen pedazos de bloques sobre las fallas.
“Están haciendo como un remiendo. No están tumbando las paredes, han tumbado como dos y es mucho, y todas esas paredes de abajo están feas. Están poniendo paredes como de la mitad del bloque”.
Los reclamos vecinales generan roces con los encargados de la obra, quienes evitan la contraloría de los habitantes. “Si reclamamos dicen que estamos peleando y que somos los problemáticos del edificio. Si una pared está doblada tenemos que decirlo, porque nosotros somos los que vamos a vivir ahí”.
A la espera de los servicios
El edificio se mantiene sin suministro de gas ni agua por seguridad. La vocería del consejo comunal gestiona revisiones con cuadrillas para evaluar fugas en las tuberías, pero aún no hay una fecha estimada para el retorno a las viviendas.
“Desde el primer momento nos quitaron los servicios. De verdad exigimos respuestas concretas porque ya tenemos prácticamente tres meses aquí en las calles y no es nada fácil”.
Durante la visita de Crónica Uno al urbanismo OPP 10, llegó una comisión de la vicepresidencia a supervisar la obra. El jueves, 17 de septiembre, las autoridades inauguraron un urbanismo cerca de la zona. Sin embargo, los habitantes de esta torre siguen a la espera de que culminen las reparaciones.
Pensión Sucre inhabitable
Los vecinos de la Pensión Sucre, ubicada frente a la OPP 10, también quedaron en la calle luego de los terremotos. Según los vecinos en el 2010 las autoridades declararon la vivienda como inhabitable tras la caída de una pared. Sin embargo, el Gobierno no atendió las necesidades y ellos siguieron en ese inmueble al no tener a donde ir.
Hermestina Jiménez, de 71 años, vivía en la pensión desde hace seis años. Explicó que la estructura no tiene bases firmes y está sobre una corriente subterránea de agua. “Al quitar el friso la pared no existe. Es puro barro. Antes del terremoto ya se habían caído techos y paredes. Con el sismo la cosas empeoraron”.
El 14 de septiembre pasado los vecinos de la pensión trancaron la calle para exigir respuestas, porque tenían más de dos meses en carpa. Al sitio acudió la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien se comprometió a volver con un plan de reubicación.
Tras las denuncias por la falta de una etiqueta de riesgo que avalara su ingreso a un refugio, las familias de la pensión fueron atendidas por Gobierno y los trasladaron a un campamento transitorio en San Agustín, donde permanecen a la espera de información.
