Propuesta de reforma del Estatuto para la Transición no suprime como completo al gobierno interino, pero lo lleva a su mínima expresión. Representaciones diplomáticas serían reducidas de más de 40 a menos de 10. Instancias del gobierno encargado que no hayan rendido resultados serían eliminadas. La Comisión Delegada quedaría como “el último reducto de la democracia”.
Caracas. Luego de las declaraciones ofrecidas este domingo por Julio Borges, todavía Comisionado Presidencial del gobierno encargado de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores, se generó cierta expectativa sobre la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021 que en teoría se reuniría hoy martes, en la que se presentaría su propuesta de reforma del Estatuto para la Transición.
Dicha propuesta incluye tres temas neurálgicos para la subsistencia de la oposición: vigencia del gobierno encargado y la Comisión Delegada, despartidización del manejo de activos en el exterior y reestructuración de los mecanismos de coordinación interna de la oposición.
Sin embargo, pasaron las horas del domingo, del lunes y la mañana de hoy sin que la junta directiva de la Comisión Delegada convocara a su sesión semanal, que aunque no tiene un día fijo reglamentario, suele realizarse los días martes.
En todo caso, la no convocatoria de la Delegada le ha dado a Borges y al comité nacional de Primero Justicia un poco más de tiempo para afinar su propuesta de reestructuración integral de las instancias y procedimientos de la oposición; una propuesta que por cierto, no es nueva y que el partido aurinegro ya venía elaborando desde hace un año.
De hecho, en diciembre de 2020, unos días antes de que se produjera la reforma del Estatuto para la Transición que extendió la vigencia de la Asamblea Nacional en Comisión Delegada hasta el 4 de enero de 2022, Crónica.Uno conversó con dirigentes de ese partido que ya hablaban de la necesidad de que el gobierno encargado pasara a una nueva etapa con una nueva estructura más pequeña y eficiente.
Y aunque la reforma del Estatuto en ese momento incorporó dos artículos (18 y 19) que ordenaban la supresión del Centro de Gobierno (especie de consejo de ministros del gobierno encargado) y la creación de un Consejo Político con su reglamento, no existió la voluntad política necesaria a lo interno del gobierno encargado y ninguno de esos dos artículos fue ejecutado por Guaidó.
El Centro de Gobierno siguió operando todo el año 2021 y el Consejo Político nunca se volvió a mencionar hasta noviembre pasado cuando la comisión que investigó las denuncias sobre Monómeros le atribuyó a esa instancia –que nadie sabe quién integra de manera oficial- la potestad de contratar una firma auditora y llevar adelante la escogencia de la nueva directiva de la empresa con sede en Colombia.
Gobierno interino a su mínima expresión
Un elemento relevante de esta propuesta de reforma del Estatuto para la Transición que Borges presentará a la Delegada, es que Primero Justicia la puso en manos de Juan Miguel Matheus, uno de sus diputados electos en 2015, jurista y abogado constitucional, que además lideró la redacción del Estatuto original entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.
Si bien en su rueda de prensa del domingo, Borges habló de la necesidad de que el gobierno interino “desaparezca”, todo indica que la propuesta que será llevada a la Delegada tiene sus matices y no plantea el exterminio del gobierno encargado como figura institucional, sino su reducción en número de integrantes y competencias.
La idea es llevar al interinato a su mínima expresión, tomando como función ineludible la protección de activos”, dijo una fuente vinculada a este proceso quien pidió no citar su nombre.
La propuesta de Primero Justicia apuntaría a reducir por ejemplo la misión diplomática designada por Guaidó con aval de la AN 2016-2021, que tiene presencia en unos 40 países con representantes que cumplen funciones de embajadores, representantes de la AN o representantes de Juan Guaidó, según el país de acogida. Esa extensa delegación se reduciría a países clave y geopolíticamente relevantes: la representación ante la Organización de Estados Americanos, Brasil, Colombia, Reino Unido (por los juicios sobre el oro en Londres), la Unión Europea (con sede de operaciones en España o Francia) y Estados Unidos básicamente.
Las comisiones presidenciales serían evaluadas conforme a su eficacia en términos de resultados para la protección de los intereses de los venezolanos dentro y fuera del país, y para la gesta por la restitución de la democracia propiamente dicha. Actualmente el gobierno interino tiene las siguientes comisiones presidenciales:
- Relaciones Exteriores: se encarga del establecimiento y fortalecimiento del apoyo de la comunidad internacional a la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela.
- Derechos Humanos: asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado dirigido por Nicolás Maduro en su denuncia ante organismos internacionales.
- Desarrollo Económico: dirige la ejecución de los recursos autorizados por la OFAC para el funcionamiento del gobierno encargado.
- Ayuda Humanitaria: gestiona ante organismos multilaterales la prestación de asistencia humanitaria, alimentos, medicamentos y vacunas para la población más vulnerable.
- Contra el Terrorismo y Crimen Organizado: trabaja con organismos regionales para el mapeo de funcionarios del gobierno de Nicolás maduro presuntamente implicados en el lavado de dinero y corrupción.
- Recuperación de Activos: hace un mapeo y monitoreo de los activos de Venezuela en el exterior, tanto los que están en control de Nicolas Maduro como los que están fuera de su alcance.
Por vuestros frutos permanecereís
Además, el gobierno interino está integrado por otras instancias que también pasarían a revisión, en la propuesta de Primero Justicia, dejando casi exclusivamente aquellas que hayan servido para la protección efectiva de los activos en el exterior:
- Presidencia encargada: de ella dependen la Procuraduría Especial que se ocupa de los litigios en el exterior; la junta directiva de la AN 2016-2021 y la Comisión Delegada (integrada por los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes). En su declaración del domingo Borges dijo que Guaidó podría seguir ostentando la posición de presidente encargado exclusivamente para la representación judicial de Venezuela en el litigio por el oro en Reino Unido.
- Juntas ad hoc: son las directivas designadas por Juan Guaidó y la AN 2016-2021 para manejar los intereses de varias empresas e instituciones del Estado venezolano en el exterior. Hasta ahora se han nombrado para el BCV, Pdvsa (Citgo), Pequiven (Monómeros), Bandes, la CVG, y la Corporación Venezolana de Petróleo.
- Consejo de Administración del Gasto: es una figura creada por la Asamblea Nacional en marzo de 2020 con el objetivo de cooperar en el desarrollo del presupuesto del Fondo para la Liberación de Venezuela; gestionar y tramitar la aprobación del presupuesto del Fondo para la Liberación por parte de la Asamblea Nacional y solicitar las licencias a la OFAC; y desarrollar los mecanismos de pago.
- Contraloría Especial y el Consejo Contralor: entraron en funcionamiento en febrero de 2020 con la tarea de supervisar el funcionamiento de las juntas ad hoc y la Procuraduría Especial, así como el manejo transparente de los recursos en manos del gobierno encargado.
- Asamblea Nacional 2016-2021: luego de la reforma del Estatuto para la Transición realizada en diciembre de 2020, las funciones de la plenaria de la AN fueron puestas en manos de la Comisión Delegada, integrada por unas 40 personas incluyendo la Secretaría, la directiva y la presidencia y vicepresidencia de las comisiones. Su mandato es lograr la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y crear los mecanismos para la asistencia humanitaria masiva de la población. ¿Cómo quedaría la Comisión Delegada en la propuesta de PJ?. “Quedaría como el último reducto de la democracia, atendiendo solo lo relativo a la protección de activos”, dijo Borges en su declaración.
- Magistrados en el exilio: son 33 y fueron designados por la plenaria de la AN en julio de 2017 pero casi de inmediato se tuvieron que ir al exilio por la persecusión judicial emprendida en su contra. Aún así instalaron un TSJ en el exilio que ha emitido pronunciamientos judiciales sobre distintos asuntos nacionales pero sin impacto real dentro del país. Por ejemplo en 2018 condenaron a Nicolás Maduro a 18 años de prisión por corrupción, en un juicio promovido por la fiscal general también en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
La necesaria coordinación opositora
Y el otro punto que plantearía Borges, aunque no está claro si sería dentro de la misma propuesta de modificación del Estatuto, tendría que ver con la reestructuración de la instancia de coordinación de la oposición, que según se discutió en el Comité Nacional de PJ la semana pasada, ha estado demasiado supeditada al gobierno encargado, limitando su capacidad de acción, decisión y coordinación de estrategias.
Y es que desde la desintegración definitiva de la Mesa de la Unidad, ocurrida en 2017, la oposición no ha dado pie con bola en la conformación de un nuevo mecanismo de coordinación interna. La profesora Maryhen Jiménez conversó ampliamente con Crónica.Uno sobre este tema a mediados de año. Ella desarrolló una investigación académica y pormenorizada sobre las razones de esa dificultad en un contexto autoritario.
Y es que entre 2018 y 2021 la oposición ha tenido dos intentos, si se quiere fallidos, para revivir esa coordinación interna que logró con la MUD: el Frente Amplio Venezuela Libre y la Plataforma Unitaria.
El primero, según denunciaron en su momento dirigentes como Nicmer Evans, fue cooptado por el G4, lo que limitó su capacidad de respuesta autónoma de la sociedad organizada ante la crisis política. Y el segundo, al estar de alguna manera encabezado por Juan Guaidó, su promotor, no ha mostrado autonomía, cohesión ni consenso en temas centrales del debate. Para muestra lo que ocurrió con la participación en las elecciones regionales del 21-N pasado, cuando un grupo de partidos de la Plataforma decidió participar y otro grupo no concurrió.
La falta de esa coordinación no solo afecta la organización de una estrategia de acción política y movilización interna, sino que también afecta el desempeño de la oposición en instancias como la Mesa de Negociaciones instalada en México, la toma de decisiones frente a propuestas como la realización de un referendo revocatorio y pone en tres y dos a la comunidad internacional a la hora de fijar lineas de acción coherentes para apoyar el cambio democrático en el país.