Al menos cuatro grandes instancias de diálogos se han generado entre el oficialismo y la oposición; sin embargo, en su mayoría no han servido para mejorar la situación de crisis política que se ha exacerbado desde la llegada de Nicolás Maduro al poder.
Caracas. 2019 ha sido un año en el que se ha recrudecido el conflicto político entre el chavismo y la oposición, situación que ha derivado en el retorno a un escenario ya familiar desde que Maduro asumió el poder: una mesa de diálogo y negociación que, desde el miércoles pasado, quedó en veremos por la decisión del oficialismo de no acudir a las últimas dos jornadas de diálogo en Barbados.
Los diálogos no son algo nuevo en la pugna por el poder político venezolano, de hecho, el de 2019, que cuenta con el rol de mediador del Reino de Noruega, es el cuarto intento que por esta vía se ha hecho desde que Nicolás Maduro tomó la presidencia en el año 2014.
Ciertamente los diálogos con Maduro en la presidencia han sido recurrentes, de hecho, cada año (con excepción de 2015) ha existido uno, pero no han sido los primeros entre el chavismo y la oposición, es un recurso que data desde 2002 cuando Hugo Chávez intentó negociar un acuerdo de gobernabilidad con sectores que lo adversaban.
Sin embargo, ni los intentos de Chávez, que estableció un diálogo en 2004, ni los cuatro que ha tenido Maduro han logrado crear un escenario de garantías que permita disminuir el choque político que, con en transcurrir del tiempo, parece volverse más intenso.
Desde el año 2014 la representación de Maduro y la de la oposición se han sentado de forma paralela en mesas para tratar de hallar un acuerdo. En cada una de las oportunidades se ha fracasado, y en todos esos espacios la oposición ha denunciado que ha sido porque el oficialismo no ha cumplido con su parte de los acuerdos.
En 2014 se dio el primer paso con Maduro en Miraflores
La primera vez que llegó una aproximación entre un gobierno de Nicolás Maduro y la alternativa democrática en Venezuela fue en el año 2014, cuando, en medio de las protestas que se desarrollaban en el país y que habían comenzado el 12 de febrero, en las cuales la represión dejó saldo de más de más de 40 muertos.
En abril de 2014 se realizaron las primeras reuniones para explorar un mecanismo de diálogo conciliatorio entre ambas partes, de hecho, uno de estos encuentros fue transmitido en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores. Aquel encuentro tuvo presencia del Nuncio Apostólico como observador de buena fe.
De esas reuniones se acordó ampliar la Comisión de la Verdad que la Asamblea Nacional (de mayoría chavista en aquel momento) había creado para investigar los hechos de violencia que se registraron en las manifestaciones. Esa instancia creada por el chavismo nunca llegó a emitir un informe sobre la responsabilidad de las muertes registradas entre 2013 y 2014.
Esa misma Comisión de la Verdad quedó funcionando como un mecanismo empleado por el chavismo para, de forma unilateral y fuera del marco de la legalidad, otorgar “beneficios procesales”, es decir, medidas sustitutivas de libertad para algunos presos políticos.
Como posible solución para la crisis política se acordó la renovación de los Poderes Públicos con términos vencidos conforme a los plazos que establece la Constitución. Sin embargo, para mayo de 2014 las conversaciones se suspendieron luego de que la oposición asegurara que no se registraban avances en ninguna dirección.
Junio fue el mes en el que aquel proceso se declaró como acabado por la oposición que criticó la falta de compromiso real por parte del chavismo para ceder en pro de una solución.
El diálogo de 2016 y el “desacato” de la AN
Para 2016 el escenario era distinto: la Asamblea Nacional había pasado a manos de la oposición venezolana, la cual aprovechando el momentum político asumió la ofensiva contra el gobierno de Maduro, la cual fue anunciada a principios de ese año por el entonces presidente de la AN, Henry Ramos Allup.
El Gobierno respondió a esta intención y a la mayoría calificada de dos terceras partes obtenida por la Mesa de la Unidad Democrática con la impugnación de los diputados del estado Amazonas a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El Parlamento acató en un principio, pero la falta de una solución presentada por el Consejo Nacional Electoral y el propio órgano judicial hizo que el ente legislativo procediera a juramentar a los diputados del estado del sur, esto dio pie para que se declarara a la Asamblea en “desacato”.
Ese “desacato” de la AN, junto con el bloqueo de un referendo revocatorio que la oposición adelantaba contra Nicolás Maduro crearon una nueva crisis política en el país que fue tratada en octubre de 2016 y que contó con la presencia del Vaticano (Claudio María Celli), Unasur (Ernesto Samper), la MUD (menos Voluntad Popular), el Poder Ejecutivo y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Para la tercera ronda de negociaciones se acordó trabajar una agenda que tratara todos los puntos de origen de la crisis: desincorporar a los diputados de Amazonas, suspender las protestas en la calle y detener las investigaciones contra Maduro, todas fueron solicitudes hechas a la oposición que se llevaron a cabo. No obstante, las solicitudes que se le hicieron al Gobierno: decretar el cese de la usurpación de la AN, convocar a elecciones para los diputados de Amazonas, liberar presos políticos, renovar los rectores del CNE y tomar medidas para el abastecimiento del país, fueron completamente ignoradas por Maduro.
Llegado el mes de diciembre la iniciativa de diálogo, similar a la de 2014, había fracasado por completo y la crisis política se mantuvo vigente en el país.
El fracaso en República Dominicana
El conflicto vigente entre la Asamblea Nacional y la presidencia ocupada por Nicolás Maduro se extendió hasta 2017, año en el que el TSJ emitió la histórica sentencia 156 en la que se otorgaba las competencias del Parlamento usando el “desacato” como excusa. Aquella medida generó el rechazo generalizado de la oposición, causó la ruptura de la fiscal Luisa Ortega Díaz con el chavismo, y fue la chispa que detonó la mayor ola de protestas en la historia del país.
Las protestas que empezaron en marzo culminaron formalmente en julio, y dejaron un saldo de más de un centenar de muertos, cientos de heridos y miles de manifestantes presos y denunciando violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Este escenario radicalizó al chavismo que persiguió a varios diputados de la AN y generó una fuerte respuesta internacional contra Maduro.
Precisamente por eso, en diciembre de 2017, República Dominicana anunció que sería sede de una nueva ronda de negociaciones entre enviados del gobierno de Maduro y de la oposición venezolana. Estas negociaciones se harían con la participación de México, Chile, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, el presidente Danilo Medina de República Dominicana y el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como veedores del proceso.
Durante el proceso de negociación el gobierno de Maduro forzó el asilo del entonces primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, ilegalizó a los principales partidos de la oposición, llevó a cabo un violento operativo que culminó con la muerte de Óscar Pérez en lo que se ha llamado la “masacre de El Junquito”, y convocó de forma adelantada unas elecciones presidenciales de forma unilateral.
Mientras arreciaba su radicalización, el chavismo presentó una hoja de ruta distinta a lo que la oposición requería y que los cancilleres habían planteado. Esto derivó en que el diputado del Parlamento, Julio Borges, principal enviado de la delegación opositora, se negara a firmar el acuerdo, lo que provocó que tanto él como su familia fueran amenazados por funcionarios.
El diálogo en República Dominicana “murió” en febrero de 2018 y se convirtió en un referente tan negativo dentro de la política venezolana que hizo que cualquier aproximación a una negociación o diálogos fuesen un tabú en la oposición.
Noruega y Barbados entran al ruedo
El año 2019 inició con una nueva crisis política en el país que aún no había logrado superar ni solventar las anteriores: la crisis de la legitimidad presidencial que se generó cuando, a principios de enero, Maduro tomó posesión de un segundo mandato cuya legitimidad no fue reconocida ni por la oposición ni por mas de 60 países, que cuestionaron las elecciones presidenciales de mayo de 2018, pero sí avalaron la de la nueva figura del presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición: el diputado Juan Guaidó.
Guaidó asumió las competencias de la presidencia el 23 de enero y desde entonces la presión y el cerco internacional contra Maduro ha ido en aumento constante. Las sanciones financieras a instituciones y funcionarios han sido la punta de lanza de la comunidad internacional para presionar al mandatario chavista, esto en medio del sexto año de recesión del país y de una hiperinflación que ha creado una crisis humanitaria.
La búsqueda de una solución, principalmente electoral, ha sido el objetivo con el que ambas partes empezaron a tener reuniones exploratorias con un nuevo actor: el Reino de Noruega, que ha hecho las veces de intermediario y de sede en las primeras de estas reuniones que comenzaron en mayo de 2019.
Con la disposición de ambas delegaciones, una liderada por Jorge Rodríguez y otra por el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, los encuentros cambiaron de sede hasta Barbados, en donde al menos dos reuniones se llevaron a cabo con éxito, pero sin resultados que anunciar al país.
Una tercera ronda de encuentros estaba pautada para iniciar este jueves 8 de agosto, pero la aplicación de las sanciones más fuertes hasta la fecha por parte de Estados Unidos el lunes 5 de agosto, cambió el escenario.
Aunque en un principio el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, y su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodriguez, aseguraron el martes 6 que no abandonarían la vía del diálogo como mecanismo para solventar la crisis, para el miércoles 7 otra fue la seña del madurismo.
A través de un comunicado, y luego confirmado de boca de Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro, el Gobierno dijo que no asistiría a las reuniones de los días 8 y 9, esto en respuesta a la “agresión” de Donald Trump contra el país.
Todavía no está claro si el chavismo volverá o no a la mesa de Barbados, lo que sí se sabe es que, sanciones o no, decidieron pararse justo en el momento en el que se discutían los detalles para un proceso electoral.
Noruega desestimó la inasistencia del chavismo a la cita del Caribe, así que por ahora no se puede decretar el fracaso de este proceso de diálogo, pero las experiencias previas en otros escenarios han mostrado que los procesos de diálogos en los que Maduro ha participado siempre culminan de la misma forma: con un alto costo político para la oposición y sin resultados ni acuerdos que mostrarle al país.