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Entre trochas y PASI: un regreso al país lleno de peligros y malos tratos

De acuerdo con datos de la OEA, 112.000 venezolanos han retornado al país por vías regulares e irregulares desde el inicio de la cuarentena por la COVID-19. En su llegada, permanecen en refugios por largo tiempo, en condiciones insalubres y reciben comidas descompuestas. Mientras, el Gobierno los acusa de contagiar ciudades y los califica de “trocheros”

Caracas. Ricardo caminaba entre la maleza cuando le pareció ver un pie humano. Unos pasos más adelante, vio un cuerpo desmembrado, su nariz también percibió el olor del cadáver en el suelo. Aunque sintió miedo, desvió la mirada para continuar el recorrido en algún punto desconocido de la trocha que atravesaba.

Ricardo —nombre ficticio por temor a represalias— es de Maracay, estado Aragua. A principios de 2020 viajó hasta Táchira para buscar un trabajo en la frontera que le permitiera enviar dinero a su familia. Con pocas opciones a la vista y el inicio de la pandemia, se convirtió en “trochero”.   

Ser trochero es un oficio de larga data en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, pues son quienes conocen y guían, a cambio de dinero, las rutas a través de pasos irregulares e improvisados conocidos como “trochas”. También, en ocasiones, ayudan a cargar con las pertenencias, cajas o compras de quienes cruzan. 

Desde que el gobierno de Venezuela suspendió los vuelos internacionales en marzo, como medida para evitar la propagación de la COVID-19, al menos 112.000 venezolanos, de los más de cinco millones que se cuentan por el mundo, han retornado al país tras quedar sin trabajo y hogar en sus países receptores, según cifras de la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Muchos de ellos cruzaron por los caminos verdes intrincados, lo que ha hecho que las autoridades venezolanas mantengan una persecución en su contra y también los califiquen de “trocheros”, pese a que en un principio se mantuvo un discurso de brazos abiertos hacia los retornados.

Ricardo cargó en su espalda maletas, sacos y cajas de aquellos que regresaban al país, pero tras cuatro viajes en un día, su bolsillo guardaba seis dólares de pago, un monto que consideró poco para tantos kilos encima. “No era mucho. Lo que hacía era para medio comer. Nunca gané suficiente dinero para comprar algo o enviar dinero a mi familia”, contó.

trochas

Venezuela y Colombia comparten 2.219 kilómetros de fronteras, que se atraviesan por medio de puentes internacionales y pasos fronterizos regulares, pero también en más de 150 trochas, según cifras de la ONG Fundaredes

En junio, las autoridades venezolanas limitaron el paso regular desde Colombia y sólo permiten que los lunes, miércoles y viernes, crucen, a partir de las 10:00 a. m., 300 personas por el puente Simón Bolívar, en el Norte de Santander; y otras 100 por el puente José Antonio Páez en Arauca. Según Migración Colombia, esto redujo en 80 % el retorno de los venezolanos.

Quienes regresan a través de Colombia deben esperar hasta 15 días para lograr el cruce por las vías regulares. En ocasiones, improvisan ranchos con plástico para cubrirse del sol, lo que genera un embudo de personas y aumenta el riesgo de contagio al no mantener la distancia social. Algunos venden sus pertenencias y hasta el cabello para comprar comida, mientras esperan cruzar.

Las restricciones migratorias impuestas por el Ejecutivo, las largas esperas en los puentes y las pocas medidas sanitarias dejan sin alternativas a quienes buscan volver al país. Ante esta crisis, hay quienes optan por cruzar a través de los caminos irregulares, lo que implica otro riesgo, tanto por los grupos armados que se enfrentan por el control de los pasos, como por la estigmatización de las autoridades venezolanas al calificarlos de “trocheros” y culparlos de introducir el virus en el país.

El informe anual de Fundaredes (2019) indicó que los pasos irregulares están bajo control de grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); Ejército Popular de Liberación (EPL); disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los grupos paramilitares conocidos como Los Urabeños y Los Rastrojos, mientras que del lado venezolano lo disputan el Tren de Aragua, La Línea y grupos parapoliciales.

“¿Qué haces aquí?”, le gritó un hombre a Ricardo. Él no respondió, podría ser alguien que perteneciera a un grupo armado o a la guerrilla, y el cadáver desmembrado aún estaba en el suelo. Ricardo siguió de largo. Desde entonces, la zozobra y el miedo a los grupos irregulares acompañaban la carga física que soportaba su cuerpo. “Temía por mi vida y por la de los clientes”.

Según registros de Fundaredes, en 2019, 31 venezolanos fueron asesinados en los pasos irregulares y 10 desaparecieron. 

Aún faltan 45.000 venezolanos por retornar

El gobierno venezolano ha dicho que, desde Colombia, hay un plan para enviar a connacionales contagiados a través de las trochas. El pasado 4 de octubre, durante una transmisión por televisión estatal Venezolana de Televisón (VTV), el presidente Nicolás Maduro, sostuvo que al país han ingresado 60.000 personas «de manera ilegal» por las trochas. De esas, al menos 10.000 estaban enfermas y se atendieron «casi 6.000 de esos trocheros contagiados», añadió. 

Por otra parte, de acuerdo con Juan Espinosa, director de Migración Colombia, 45.000 venezolanos aún esperan por retornar al país. Ante el colapso sanitario, el gobierno colombiano instaló unas carpas, con capacidad para 700 personas, en el puente internacional de Tienditas.

En cambio, el paso por los caminos irregulares es permanente y el costo depende del medio de transporte. En moto, de Paraguachón (Zulia) a La Raya una de las trochas más conocidas del Zulia, se pagan 58 dólares. En carro, de Maracaibo a La Raya, son 300 dólares. En lancha, de Arauca (Colombia) hacia Apure, se cancelan 16 dólares. El cruce se hace con tapabocas y guantes.

Los pagos no culminan al cruzar. Un joven tachirense, que pidió el anonimato por temor a represalias, comentó que entre San Antonio del Táchira y San Cristóbal, hay unas 20 alcabalas. “Todos comen de ahí… Todo depende del equipaje que se traiga”. Pagar en cada una equivale a 12 dólares y con maleta incluida se agregan 30 dólares. En total, son 42 dólares.

Cargar maletas en medio de la maleza ya no era rentable para Ricardo y, ante el temor de contagiarse, en mayo decidió someterse al aislamiento en uno de los refugios estipulados por el Gobierno.

“¡Muérete! ¿Quién te mandó a irte?”, le gritaban a Ricardo durante su cuarentena en Táchira. Una discriminación que vivió en un hotel de Maracay, donde también cumplió aislamiento antes de pisar su casa. 

“Varias veces me lanzaron a unos policías en la habitación, sólo porque reclamaba el maltrato y el riesgo de contagio al que nos exponían (…) Fue una venganza”, afirmó.

Brasil, un paso difícil en medio de la selva

Aunque es poco concurrido, a diferencia de la frontera con Colombia, en los 2.199 kilómetros de frontera entre Brasil y Venezuela, los indígenas y militares comparten el negocio de los pasos irregulares.

Son 40 dólares para cruzar en la zona tupida y poco poblada. Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, sólo permite el paso de camiones, lo que impulsa el uso de caminos verdes por parte de los migrantes. La OEA calcula que 5.000 venezolanos han cruzado desde Brasil. 

En Venezuela, también se paga en cada alcabala ubicada en la Gran Sabana: una antes del Fuerte Roraima, otra en la entrada de San Antonio de Morichal y una tercera en la entrada del pueblo de Santa Elena, dijo Francis Carneiro, habitante de la zona. 

El pago mínimo en cada una es de cuatro dólares, pero con un bolso a cuestas, el monto aumenta a 10 dólares. En total, hay que dar 30 dólares para los militares.

PASI: Un secuestro puertas adentro

Keyla Pedrá dio gracias el día que no llegó la comida al refugio. A pesar del hambre, los alimentos que llevaban las autoridades al colegio de Guasdalito, en Apure, siempre estaban podridos  En esas mismas instalaciones, en las que permaneció nueve días, vio un aborto. Nadie llevó a la muchacha al hospital.

En Bogotá, donde la atrapó el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, Pedrá, de 66 años, pagó 100 dólares para atravesar más de 700 kilómetros hasta el Arauca (Colombia) y cruzar a Venezuela. Al llegar en abril, estuvo encerrada en cuatro refugios.

Varios de estos albergues son los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI), instalaciones de colegios, iglesias, gimnasios, polideportivos o universidades que acondicionó el gobierno venezolano para que los retornados cumplieran la cuarentena como medida de contención de la COVID-19.

A quienes ingresan desde Táchira, el protocolo indica que se les realiza una prueba rápida. De ser positiva, se debe cumplir la cuarentena. Si tras recibir el tratamiento para la COVID-19, la prueba rápida arroja otro positivo, pero la PCR es negativa, el paciente seguirá aislado. 

Si por el contrario, la prueba rápida es negativa, pero la PCR sale positiva, se envía a la persona para que cumpla la cuarentena en los refugios de su estado de destino. Ante el alto volumen de llegada de migrantes, el estado Táchira cuenta con un laboratorio móvil del Instituto Nacional de Higiene para realizar las pruebas PCR.

El traslado de los migrantes corre por cuenta del Gobierno y cada estado envía autobuses a la frontera, para llevar a los migrantes de regreso y ser atendidos por las autoridades sanitarias. Al menos en teoría.

Durante una alocución en VTV, Maduro dijo que a quienes retornan se les han dado todas las garantías sociales: “Atención amorosa, cristiana, humana, solidaria. Le hemos dado al que no tenía nada; primero, salud, atención, morada, cama, alimento, amor”.

La situación en los PASI es diferente a como la describe el mandatario Maduro. Durante una rueda de prensa en agosto, la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, denunció que funcionarios piden 5 % de la mercancía que pasan a través de las trochas, sin ningún tipo de control, con el pretexto de destinarlo a los PASI. Sin embargo, Gómez agregó que en la entidad se han registrado protestas de connacionales por falta de comida en los refugios. 

A la gobernadora se le pidió una entrevista y hasta la fecha de publicación de este trabajo no dio respuesta.  

Pedrá también cuenta esa atención “amorosa” en horas de espera, como las 12 que pasó en el Instituto Regional del Deporte, en Aragua, para que le tomaran las muestras de sangre. También en las pocas alfombras en el suelo en las que debían dormir 20 personas. Y en el dinero que gastó para comprar comida afuera, pues la que llegaba al PASI estaba descompuesta o no llegaba.

“Fue un sistemático maltrato y venganza hacia quienes por distintas razones, nos vimos obligados a retornar a Venezuela, como si salir del país sea por paseo o huyendo de esta tragedia, fuera un delito”, aseguró.

Al menos 108 PASI están habilitados en el país, repartidos en Apure, Bolívar, La Guaira, Táchira, Zulia y Guárico, según el “Informe Situación Venezuela – junio 2020de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

En ellos, se busca garantizar la salud de las personas en aislamiento y de los trabajadores, de acuerdo con las normas estipuladas por el Ministerio de Salud

Aunque sus pruebas salieron negativas, Mariela Rodríguez estuvo encerrada tres meses entre dos refugios en Táchira y Apure, junto con sus dos niñas, de cuatro y siete años, a quienes les dio diarrea. A otros niños les salieron erupciones en la piel. 

Rodríguez y sus dos hijas regresaron de Colombia en mayo, luego de que ella se quedara sin empleo para pagar el alquiler de su casa. Pero apenas en agosto se pudo reencontrar con su familia en Monagas. 

Antes tuvieron que dormir en el piso, tomar agua de chorro, comer arroz o pasta sin ningún otro contorno al igual que las 120 personas que estuvieron encerradas en el mismo galpón en Guasdualito. Las instalaciones de los PASI pueden albergar entre 400 y 1.200 personas, quienes conviven juntas sin importar los resultados de sus pruebas.

“Nunca pensé que regresar a mi país sería mi peor pesadilla”

Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se ha autorizado el aterrizaje de repatriados desde y hacia Italia, España, Chile y México, vuelos que autoridades califican como “humanitarios”.

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Al menos una vez a la semana, aerolíneas nacionales despegan desde Maiquetía hacia Táchira, Apure, Bolívar y Zulia para trasladar a los retornados que ingresaron por vías regulares e irregulares.

En junio, Roberto Guzmán llegó desde Chile en un vuelo de repatriación para no estar lejos de su esposa y dos hijas, tras un año sin verlas. Luego del control sanitario, lo enviaron al complejo vacacional Los Caracas, en La Guaira, para cumplir la cuarentena.

Aunque admite que los primeros días hubo buena atención, varias personas tuvieron diarrea mientras esperaban los resultados de las pruebas. Después dos semanas de encierro, la calidad de la comida desmejoró y el personal médico desapareció.

Antes de ser reemplazado en julio de este año como director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (AIM), el almirante Carlos Vieira informó que en los primeros cuatro meses de la cuarentena se realizaron 60 vuelos para el regreso de unos 7.000 venezolanos provenientes de Colombia, Perú y Ecuador.

Para que Guzmán pudiera salir del complejo, su madre pagó para que un carro lo llevara a Cumaná, su destino final. Según el joven de 31 años, le dijeron que debía quedarse hasta reunir a un grupo de personas que también viajara al oriente del país. “Nunca pensé que regresar a mi país sería mi peor pesadilla”

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Víctimas del estigma y acosados por la revolución

Cada día hasta 1.000 venezolanos con y sin la COVID-19 ingresan al país a través de los PASI o las trochas. Ante este panorama, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en señalarlos como agentes aliados de gobiernos extranjeros y del presidente de Colombia, Iván Duque, que buscan propagar el virus en el territorio y causar terror en la población. Expertos y defensores de derechos humanos califican el argumento oficial como una estrategia de evasión frente a la incapacidad del Gobierno en el manejo de la pandemia.

Caracas. Luis se siente vigilado. Atrás hay dos hombres mirándolo, a la izquierda uno más, en el estacionamiento, dentro de un carro, está otro, en la entrada van dos en una moto. “Están por todos lados”, dice. Lo que ven lo comunican por los walkie-talkie que usan. Son más, pero entran y salen a cada minuto.

Es como un secuestro, piensa Luis —nombre ficticio para resguardar su identidad—, un migrante retornado de 39 años de edad. Aunque puede enviar y recibir mensajes, lo hace casi sin mirar a la pantalla del celular, sus ojos deben estar atentos por si alguno se acerca.

Van 34 días desde que le siguen el paso, a él y a otras 299 personas más que cumplen cuarentena en el Puesto de Atención Social Integral (PASI) ubicado en el Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial en San Cristóbal, Táchira.

Todos recorrieron cientos de kilómetros para retornar al país. Luis demoró 45 días para andar 4.500 kilómetros a pie y en camiones desde Perú hasta Venezuela. Sorteando los peligros se arriesgó y hoy día es uno de los 112.000 nacionales que —según cifras de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados (OEA)—, han regresado desde que fue decretada oficialmente la cuarentena el pasado 16 de marzo, 106.000 de ellos por la frontera con Colombia y 6.000 a través de Brasil.

En las fronteras el cumplimiento de los protocolos epidemiológicos para la detección de la COVID-19 se le escapa de las manos al Gobierno. Cada día hasta 1.000 venezolanos contagiados y no contagiados ingresan al país a través de los PASI o las trochas.

Ante este panorama, la administración de Nicolás Maduro insiste en señalarlos como agentes aliados de gobiernos extranjeros y del presidente de Colombia, Iván Duque, que buscan multiplicar el virus en el territorio y causar terror en la población. Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos refutan con hechos esta teoría, y califican el argumento oficial como una estrategia de evasión frente a su incapacidad en el manejo y control de la pandemia.

El estigma: una arma de evasión

Ligia Bolívar, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coordinadora del equipo de análisis e incidencia internacional en Derechos Humanos radicada en Colombia, explicó con datos obtenidos de la Cancillería de la República de Venezuela durante la presentación del informe «El Espejismo del Retorno» que, para el 30 de abril, 21.000 personas habían retornado y de esa cifra apenas 13 arrojaron un resultado positivo para COVID-19, lo que representaba 0,06 % del total de migrantes que regresaron al país.

Ese porcentaje —según Bolívar— evidencia que para esa fecha el grueso de los contagios eran comunitarios y no por contacto con viajeros, lo que echa por la borda el argumento esgrimido por el Ejecutivo acerca de que los venezolanos que se vieron obligados a volver introdujeron el virus en el país.

«La estigmatización busca cubrir una realidad no imputable que no es otra cosa que la incapacidad del régimen para manejar la situación. No es casual que el Gobierno culpe a los migrantes en mayo cuando la pandemia se sale de control y optan por buscar un chivo expiatorio», puntualiza.

En los PASI el tiempo se detiene en miradas que amenazan, intimidan y juzgan sin palabras. En los pasos ilegales, quienes se ven obligados a arriesgar sus vidas cruzando los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia y Brasil, son sometidos a una persecución sin tregua: 2.100 personas han sido detenidas solo en Táchira por cruzar los caminos verdes y 13 permanecen tras las rejas de la cárcel El Dorado en el estado Bolívar, informó el fiscal general de la República, Tarek Willian Saab.

Bolívar apunta que la campaña de desprestigio emanada del discurso oficial se ha desarrollado en varias etapas. La primera de ellas fue de estigmatización, caracterizada por el uso de calificativos  como «bioterroristas», «armas biológicas» y «golpistas» con las que Maduro; el fiscal general, Tarek William Saab; y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, se refirieron a los migrantes en redes sociales y alocuciones por televisión.

Estos términos empleados contra los repatriados —indicó la investigadora—, condujeron a otras dos fases: criminalización y militarización, con la designación del general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Alejandro Benítez, como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Especial Sucre, creada para vigilar los municipios del Táchira, el estado con mayor cantidad de trochas en todo el país.

Esto con el objetivo de evitar el ingreso de venezolanos por esas vías, para frenar la propagación de la COVID-19 y enviar a la cárcel de El Dorado a toda persona que facilite el paso por los caminos irregulares.

Sin embargo, el retorno es un derecho humano, por lo que es ilegal judicializar a los migrantes venezolanos. A criterio de Bolívar, las leyes migratorias establecen sanciones para los extranjeros, pero no para los nacionales que deciden volver.

Persecución y castigo a la orden del día

El alcance del discurso discriminatorio ha calado en todos los estados, pero con más ahínco en la zona fronteriza, donde han ocurrido movilizaciones de rechazo de venezolanos en contra de sus compatriotas retornados, puntualiza Rafael Uzcátegui, director de la ONG Provea.

«A algunos de ellos se les ha negado la posibilidad de comprar comida y artículos de primera necesidad. Eso aumenta la desinformación y el temor de los contagiados a ser aislados en sitios poco aptos o denunciados por sus vecinos», indicó.

El miedo infundado en la ciudadanía ante la posibilidad de contagio y el efecto de la narrativa estigmatizante propicia, de acuerdo con Uzcátegui, un contexto institucional donde se permiten los abusos y está legitimado el maltrato físico y verbal.

En los campamentos y lugares de aislamiento impera el miedo propiciado por la precariedad. Para Luis, un migrante retornado, el PASI se resume en grupos de choque y terror. Recuerda que un día mientras estaba en una fila para recoger su almuerzo, que era una pasta blanca sin más contornos, pensó en regalarla a quien venía detrás de él. Pero se contuvo y siguió caminando. Dice que sacó fuerza de donde no tenía, porque no quería que lo castigaran por rechazar la comida.

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«Cuando sirven la comida, siempre están los grupos de choque. Todo es vigilado. A los castigados los ponen a hacer ejercicios, a limpiar o pagan plantón, un castigo militar donde dejan durante horas de pie a la persona», cuenta.

Mientras unos recibían reprimendas en los PASI, quienes evadieron los controles fueron acechados en sus hogares. En redes sociales como Twitter y Facebook los mensajes de odio y rechazo no se hicieron esperar en la comunidad 2.0. Desde finales de junio y hasta mediados de julio circularon miles de mensajes en los que se condenaba a los migrantes, y se les atribuía la expansión del virus. En otros casos se exponía públicamente la dirección de estas personas y otros datos personales, lo que violó sus derechos humanos.

Sacerdotes, alcaldes y gobernadores acusaron a los repatriados de «bioterroristas» mientras que los Componentes de la FANB instaron a los internautas a denunciar anónimamente a sus vecinos retornados través del correo trocheros2020@gmail.com. En algunos casos, los efectivos de seguridad sitiaron y marcaron las viviendas de quienes habían regresado.

Samuel Pérez Hermida, sociólogo jefe del departamento de análisis histórico social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que la construcción de un clima de terror, y el abordaje más policial que médico de la pandemia, logra que un porcentaje importante de venezolanos contagiados prefieran quedarse en sus casas por el temor a ser criminalizados. Advirtió que lo grave es que el rechazo de la ciudadanía hacia esta situación podría implicar linchamientos y otros actos de violencia, que profundizarían la vulneración de los derechos humanos.

Foto: Captura de pantalla

Para el sociólogo, la administración de Maduro encontró en la pandemia una excusa para radicalizar los mecanismos de control social y político sobre la población. Detalló que ahora, ante la falta de contención sobre la pandemia, la estigmatización tiene un trasfondo político que busca ocultar que las estadísticas oficiales publicadas en la plataforma Patria no se corresponden con la realidad que atraviesa el país.

Según Hermida, este tipo de mecanismos de manipulación son empleados por gobiernos autoritarios, que buscan imponer el instinto de preservación y el egoísmo como pilares básicos de supervivencia entre la población. «Son sociedades donde impera el terror y la repetición sistemática de la violencia. Sin solidaridad ni respeto por el otro».

Foto: Captura de pantalla
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Discriminados y sin derechos

Richard —nombre ficticio para resguardar su identidad— estuvo a punto de perder su vivienda y ser expulsado de su comunidad junto con su madre, su esposa y su hija de dos años de edad. No cometió ningún crimen, pero sus vecinos lo trataron como un delincuente cuando supieron que había regresado de Brasil y se encontraba en su vivienda.

El hombre de 31 años, oriundo de un pueblo rural del estado Monagas, cuenta que partió desde Roraima el 20 de abril en un autobús rumbo a Santa Elena de Uairén. Decidió regresar al país cuando se quedó sin empleo a causa de la pandemia, pues se desempeñaba como obrero de construcción. Emprendió el viaje en bus con el pasaje y apenas una arepa sin relleno para alimentarse.

Al llegar a la frontera tras cuatro días de travesía, las autoridades lo aislaron en el hotel Amazonas, donde le practicaron un test rápido que arrojó un resultado negativo para la COVID-19. De allí fue trasladado a la fundación Sonrisa, ubicada en San Félix, donde durmió 10 días junto con otras 52 personas y fue humillado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban el centro.

«Era como una cárcel. Nos gritaban y repetían que habíamos perdido nuestros derechos y que éramos un peligro. A varios compañeros que protestaron los golpearon y se los llevaron presos». En ese lugar fue nuevamente sometido a una segunda prueba rápida.

Esta vez el test detectó que estaba contagiado con la COVID-19, pero a pesar de ello los médicos comunitarios le permitieron volver a su casa sin cumplir la cuarentena. Aunque se sintió aliviado y feliz por reencontrarse con su familia, nunca se imaginó que lo peor estaba por venir.

«Días después que llegué los efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) me ubicaron, publicaron mis datos y mi dirección en sus redes y estados de WhatsApp, señalándome como retornado y paciente asintomático con COVID-19. Cuando mis vecinos se enteraron me atacaron a mí y a mi familia. Querían encerrarnos, amenazaron con quemar mi casa y trataron de echarnos», contó Richard.

Impacto de la narrativa discriminatoria

Iria Puyosa, investigadora en comunicación política y desórdenes informativos de social media, egresada de la Universidad de Michigan, explicó que el discurso discriminatorio de Maduro y otros altos funcionarios configura un espacio dentro de la sociedad donde el migrante es atacado por la población pues es visto como un enemigo y un agente extranjero, lo que lo desnacionaliza y le resta derechos humanos. Por tanto, es percibido como una «cosa» y pierde su derecho de volver a su país.

«Estas personas que deberían ser protegidas por el Estado para garantizar su incorporación a su ambiente de origen, están expuestas a contraer la enfermedad y al ataque de personas manipuladas por esta propaganda ideológica», aseguró.

Para Puyosa, calificar la enfermedad como un acto de guerra provocado principalmente por las personas que viajan, ha causado que los migrantes contagiados no se reporten enfermos por temor al rechazo y a las represalias por parte de funcionarios; lo que ayuda a la expansión de la epidemia y a acelerar los contagios.

Los retornados no tienen opciones. Las restricciones del flujo migratorio impuestas por el Gobierno en las fronteras, limitado a grupos de 300 personas tres días a la semana por el Puente Internacional Simón Bolívar y 100 por el Puente Internacional José Antonio Páez, en el Arauca, agravan la crisis migratoria.

Para Mariela Torrealba, directora académica de la ONG Medianálisis, docente de la UCV y especialista en comunicación y magíster en planificación del desarrollo, el argumento del mandatario Nicolás Maduro de culpar a los migrantes por la expansión de la COVID-19 es una excusa con la que se busca encubrir que Venezuela es el único país que limita la entrada de sus nacionales a cuentagotas. Esto explica, dijo, que de cinco millones y medio de personas que se fueron del país por razones políticas o en busca de mejor calidad de vida, sólo han regresado 112.000 ciudadanos. «El Estado venezolano no ha sido capaz ni siquiera de permitirles un ingreso decente», dijo.

Torrealba puntualiza que calificar a alguien como “bioterrorista” es inhumano, moralmente reprochable e injusto con quienes regresan en condiciones precarias, sanos o enfermos, porque el miedo a ser señalados o criminalizados los expone a situaciones en las que se potencia la posibilidad de contagio y se estimula el temor a la muerte.

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Retornar a casa, un crimen de guerra

El Gobierno califica de “bioterroristas” a los ciudadanos que regresan al país atravesando pasos irregulares. Varias autoridades han amenazado a los migrantes con condenas de hasta 12 años de prisión por usar las trochas. Según el mandatario Nicolás Maduro, las comunidades organizadas han localizado a 800 “trocheros”.

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Caracas. La puerta está a punto de ser derribada a punta de patadas y el piso está lleno de vidrios rotos. A Jacinta le han destrozado dos ventanas y, ahora, en plena madrugada, la despierta un alboroto. Se oyen gritos. Afuera de su rancho un grupo de vecinos exige que ella, su hijo, su nuera y su nieta de dos años de edad, abandonen la casa donde residen desde hace una década, en una zona rural ubicada al sur del estado Monagas. 

No cometieron ningún crimen, ni le deben nada a sus vecinos, pero desde hace días son acosados sin piedad. Les piden que abandonen su tierra, los obligan a huir. El odio y el rechazo contra ellos no han cesado desde que los habitantes de la comunidad supieron que el hijo de Jacinta —nombre ficticio para proteger su identidad—, regresó de la ciudad Boa Vista, en Brasil, tras caminar más de 230 kilómetros y atravesar la frontera por un paso irregular hasta Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Ahora sus vecinos temen contagiarse de la COVID-19.

El mandatario, Nicolás Maduro, ha calificado a los venezolanos que regresan al país debido a la pandemia como “trocheros”. En ocasiones incluso los ha llamado “bioterroristas” o “agentes” del gobierno de Colombia y su presidente, Iván Duque, y los acusa de estar confabulados con el jefe de Estado colombiano para ingresar al país contaminados, y así introducir el virus Venezuela. 

Este discurso ha calado en varios eslabones de la población, tanto en instituciones públicas y gobernaciones, con campañas en contra de quienes regresan, como también entre los ciudadanos que, con protestas o denuncias, localizan a los migrantes. A esto también se suman las constantes amenazas de las autoridades, como Freddy Bernal, protector del estado Táchira y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien declaró que enviaría a la cárcel de El Dorado, en Bolívar, a quienes regresaran por vías irregulares.

«Se corrió el rumor de que mi hijo había vuelto y nos denunciaron por las redes y por correo. Vino la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un contingente de Polimonagas. Nos hicieron las pruebas, salimos contagiados asintomáticos y nos pidieron que no saliéramos de la casa. Pero en la zona quieren echarnos como unos perros, como si no tuviéramos derecho», contó Jacinta con tristeza.

Para Jacinta y los suyos, dejar su terruño significa abandonar el fruto de una década de trabajo arduo dedicado a la siembra de hortalizas y tubérculos. Un pequeño puesto de venta de verduras es todo lo que tienen. Pese a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se las ingenian para seguir vendiendo y sobrevivir. 

Ser uno de los 112.000 de los migrantes que según datos de la Oficina Regional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han retornado al país en el contexto de la pandemia o albergar a un retornado, es un riesgo para cualquier familia y, en el peor de los casos, un acto de guerra, de acuerdo con Maduro.

Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su resolución sobre la pandemia y derechos humanos de este año recomendó a los Estados que implementaran medidas “para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en movilidad humana”, en el interior del país alcaldías y diversos cuerpos de seguridad del Estado como la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) promueven campañas de persecución contra los retornados. 

«Si conoces a alguien en tu sector que haya entrado por las trochas, denúncialo, sin que nadie se entere de que fuiste tú. Envía un correo con nombre de la persona, descríbelo cómo es y la dirección exacta: calle, edificio, número de casa o apartamento, sector, etc. Todo lo que ayude a ubicarlo directamente, envía esos datos sin identificarte. Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista». 

Con ese enunciado, la Alcaldía del municipio Sucre (Cagua) en el estado Aragua promovió una campaña en sus redes sociales para denunciar a través del correo trocheros2020@gmail.com, a los retornados que ingresaron al país sin pasar por los controles sanitarios que impuso el Gobierno para controlar la COVID-19.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró en junio que a los “trocheros” se les aplicaría el artículo 42 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual establece que “quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore, por acción u omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, será penado o penada con prisión de ocho a doce años”.

Mencionó que el centro de detención sería la cárcel de El Dorado, ubicado en el estado Bolívar, donde los familiares deben atravesar el río Cuyuní en lanchas o curiaras para realizar las visitas. 

Según Maduro, unos 800 “trocheros” han sido localizados por las comunidades organizadas. Y al menos 189 personas fueron detenidas por ingresar a través de vías irregulares. 

«Aquellos que trafiquen con personas para evadir los cercos epidemiológicos se llevan ante el Ministerio Público y podrían ir a la cárcel de El Dorado. Ya llevamos a 13 personas que capturamos en flagrancia en estos actos», anunció el 10 de julio el protector del estado Táchira, Freddy Bernal. 

Estos señalamientos generan consecuencias en la vida diaria tanto del retornado como de sus familiares porque “hay venezolanos a los que se les ha marcado su casa, como un sinónimo de rechazo por volver a su país”, denunció el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky. 

Afirmó que la razón de este tipo de acciones por parte de Maduro «son resultado de un profundo desprecio a los venezolanos y, por tanto, responsabiliza a los retornados de la propagación de la pandemia que su gobierno es incapaz de controlar», concluyó Smonlansky.

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, afirmó que aunque una persona resulte contagiada, esta “no pierde su derecho o, mejor dicho, el ejercicio a sus derechos civiles”. Agregó que es deber del Estado garantizar la salud de todos los ciudadanos, tal como lo estipula el artículo 83 de la Constitución venezolana. Además, usar calificativos peyorativos contra quienes regresan puede atentar contra su honor y reputación.

Si bien el Gobierno puede optar por medidas para frenar la propagación del virus, aseguró, los límites de estas regulaciones deben ser los derechos humanos y el trato con los contagiados debería ser “con respeto, tienen que tratar de apoyar la situación de la persona, dándole asistencia en materia de salud”, sostuvo.

Ir contra quienes ingresan a su propio país, señalarlos como “armas biológicas” y crear campañas de persecución, atenta con lo establecido en el artículo 46 de la Constitución, el cual indica que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. También señala que: “Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.

Rafalli agregó que las medidas para contener el virus deben ser razonables y proporcionadas. “Una cosa es que yo diga que hay que notificar quiénes son los contagiados y otra cosa que los vayas a maltratar o que vayas a tratarlos como si fueran unos delincuentes. Hay que respetar los derechos del contagiado y afectarlos lo menos posible”, puntualizó.

Pero la realidad es otra. El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, también ha instado a la población a denunciar a quienes retornaron al país por pasos irregulares a través del número 04166426771. “Quien conozca algún trochero llame al número 04166426771, quien sepa que en su comunidad llegó algún trochero, llegó escondido, o llegó a alguna vivienda, repórtelo inmediatamente a dicho número, es un trabajo de todo el pueblo, del Poder Popular», dijo Torres. 

En Villa de Cura, municipio Ezequiel Zamora en Aragua, los ciudadanos fueron invitados por la 3era compañía del Destacamento 421 de la GNB «a sumarse a la lucha y prevenir la COVID-19» reportando los datos personales y ubicación de quienes retornaron al país a través de las trochas. La campaña, que fue difundida el 13 de agosto en la cuenta en Twitter @3erCiaD421, estaba acompañada de una imagen en la que se insta a denunciar de manera anónima. 

María Constanza Cipriani, abogada y presidenta de la Asociación Civil Veedores de la Educación, alerta que esta campaña viola el artículo 13 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual reza que toda persona “tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio y a regresar a su país”.

Señaló que el discurso del Gobierno busca convertir al migrante en un chivo expiatorio, para justificar la ausencia de controles sanitarios y cercos epidemiológicos en las fronteras y dentro del país.

«Es una arbitrariedad, una inmoralidad, un abuso y un irrespeto a la condición humana, pero, sobre todo, es una campaña que instiga al odio y que convierte a los ciudadanos en sapos», aseguró Cipriani. 

El miedo al contagio enciende las protestas

En las comunidades aledañas a los Puestos de Atención Social Integral (PASI), el miedo al contagio cundió entre los pobladores y fue motivo de protestas y reclamos. En el estado Táchira los vecinos cerraron las calles que daban acceso a escuelas en barriadas de San Cristóbal, Capacho, Zorca, Michelena, Cordero y Táriba para evitar el ingreso de migrantes, pues temían por focos de contagio de la COVID-19. En una de las escuelas, incluso soldaron los portones de acceso para evitar la llegada de los retornados.

Una situación similar ocurrió al oriente del país en Anzoátegui, cuando un grupo de migrantes que llegó al estado fue llevado a un PASI ubicado en el gimnasio vertical de la comunidad barcelonesa de Brisas del Mar, una de las barriadas más grandes de la capital de la entidad, la comunidad organizó una manifestación para pedir que enviaran a los ciudadanos a otro lugar.

Aunque en las semanas siguientes no hubo otras expresiones de rechazo, los habitantes insistieron en reclamar a las autoridades más vigilancia en los alrededores de los PASI, debido a que un grupo de retornados que permanecía allí internado salía a comprar comida e incumplía la cuarentena.

Como respuesta a estas acciones y para garantizar el regreso seguro de los migrantes, las autoridades de Anzoátegui se organizaron para establecer centros de apoyo en la zona norte del estado, con el objetivo de atender a quienes llegaban a la ciudad. 

Así fue como el primer grupo de 44 personas que llegó en abril estuvo alojado en el hotel MareMare, donde, de acuerdo con el exalcalde de Barcelona y jefe del Órgano de Dirección de Defensa Integral en Anzoátegui (ODDI), Luis José Marcano, se les brindó atención y apoyo durante el aislamiento. 

La campaña de respaldo emprendida por la Gobernación de Anzoátegui también se extendió a las instituciones y repercutió en las plataformas digitales. En las cuentas oficiales de Twitter de distintos organismos de esa entidad, fue empleada la palabra «hermano» para referirse a quienes volvieron al país, en lugar de usar calificativos como «trocheros», «bioterroristas» o «armas biológicas» empleadas por Maduro. 

En la cuenta de información del gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, se le pidió a la colectividad ayudar a los retornados e inclusive a quienes dieron positivo a la COVID-19, sin distinción.

La cuarentena en una celda

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Situaciones como las que Jacinta y su familia vivieron acarrean un miedo al ser atacados en su propio hogar. Y, de acuerdo con Smolansky, esto lleva una “afectación desde el punto psicológico y emocional”, al ser estigmatizados y criminalizados.

Al oeste del país, en el estado Zulia, la gobernación puso a disposición de los habitantes cuatro números telefónicos para la denuncia anónima de los retornados. En paralelo, Lisandro Cabello, secretario de gobierno de ese estado, aseguró que las personas que cruzaran la frontera desde Colombia serían encarceladas por instrucción de Nicolás Maduro

«Nosotros los vamos a poner en cuarentena, pero en una celda con un proceso del Ministerio Público, porque es un delito la violación del proceso migratorio y además son un arma biológica», aseveró Cabello el 21 de mayo en rueda de prensa. 

En el estado Monagas no se emprendieron campañas ni planes para la atención de quienes volvieron. Tampoco se instó a la denuncia. La única mención de las autoridades en referencia al tema migratorio fue para informar que 998 venezolanos habían retornado a la entidad hasta el 7 de agosto, según cifras aportadas por el comandante de la Zodi de 52 Monagas, Alfredo Román Parra Yarza. No obstante, en algunas comunidades los vecinos protestaron para rechazar y amenazar a los migrantes, como le ocurrió a Jacinta y a su familia. 

Para Smolansky, cuando el Gobierno criminaliza a quienes regresan a su país “no solo se está ofendiendo severamente a esas personas, sino que se está insultando a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, que además los están esperando con ansias para reencontrarse” 

Castigos como ir a prisión hasta por 12 años y emprender una persecución a través de redes sociales es una forma de condena. «Los criminaliza y los está castigando por regresar a su país; eso no es un delito. Lo que sí es un delito de lesa humanidad es lo que (las autoridades) están haciendo con estas personas”, denunció Smolansky.

ESPECIAL

Persecución oficial, objetivo: migrantes retornados

Concepto: Celina Carquez
Desarrollo editorial: Celina Carquez
Textos: Betania Franquis, Shaylim Valderrama, Gregoria Díaz, Carmen Victoria InojosaLeomara Cárdenas, Ana Fabiola Barrera, Mariela Nava, Jhoalys Siverio, Rafael Lastra, José Camacho, Natacha Sánchez, Mónica Salazar
Edición de textos: Natasha Rangel
Infografías: Amadeo Pereiro
Diseño: Lesslie Cavadías
Composiciones fotográficas: Gleybert Ascencio

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2020

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