Alcaldía de Cagua promueve con campaña que viola los DD. HH. que se denuncie a connacionales que retornan por trochas

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En una campaña por redes sociales, se informa de un correo electrónico en el que los habitantes del municipio Sucre, Cagua, en Aragua, pueden denunciar a quienes el gobierno municipal califica de “bioterroristas”. También muestra en fotografías el rostro de ciudadanos que hacen mal uso de la mascarilla. Abogados, psicólogos y ciudadanos rechazan esta campaña que califican de odio, estigmatización y de escarnio público.

Maracay. “Si usted conoce a alguien en su sector que haya entrado por las trochas, denúncialo, sin que nadie se entere de que fuiste tú. Envía un correo con nombre de la persona, descríbelo cómo es y la dirección exacta: calle, edificio, número de casa o apartamento, sector, etc. Todo lo que ayude a ubicarlo directamente, envía esos datos sin identificarte. Un ‘trochero’ o una ‘trochera’ infectado es un ‘bioterrorista’ en tu sector que puede acabar con tu vida y con la de tu familia”. Este es el texto de la campaña que promueve la Alcaldía del Municipio Sucre (Cagua) en el estado Aragua.

Un aviso institucional de la alcaldía de Cagua promueve en redes sociales y da a conocer un correo electrónico trocheros2020@gmail.com para que los habitantes de Cagua denuncien a aquellos connacionales migrantes que se han visto obligados a retornar al municipio durante la pandemia de COVID-19.

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El rechazo colectivo a esa campaña no se ha hecho esperar. El Frente Amplio de Mujeres del Municipio Sucre, FAMS, ha salido al paso y algunas de sus integrantes denuncian una violación de los derechos humanos de quienes, por las razones que fuesen, salieron del país y han tenido que regresar en medio de la cuarentena.

“En nuestro municipio, la ciudadana alcaldesa inició una campaña promoviendo la persecución a nuestros connacionales que debido a la pandemia se ven obligados a regresar a su tierra. Esta vil acción debe ser rechazada por todos los ciudadanos de Cagua y Bella Vista. El Frente Amplio de Mujeres responderá con una campaña en positivo promoviendo la solidaridad y el apoyo a todos nuestros hermanos, así como la comprensión y buen trato a los vecinos que sean contagiados con el COVID- 19. Es inaceptable que los enfermos sean tratados como delincuentes. ¡No al apartheid!”, refiere un comunicado.

El FAMS advierte que los calificativos despectivos con los cuales las autoridades de la alcaldía de Cagua tratan de incriminar a los migrantes que retornan incitan al odio y a la segregación.

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Basta ya de esa conducta, pide la abogada Milagros Aguirre: “Mi paisano, mi compatriota, mi vecino, mi familiar no es un trochero. Todos los venezolanos que emigraron o que por alguna otra razón se encontraban fuera del territorio al momento de iniciarse la pandemia tienen el derecho constitucional y humano de que se les permita regresar en condiciones de bioseguridad, tanto para ellos como para el resto de la población. Si entran por las trochas es porque se les está negando ese derecho”.

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Ciudadanos de Cagua promueven la empatia y la solidaridad con los connacionales que han regresado, para contrarrestar campaña institucional de la alcaldía. Foto: Gregoria Díaz

Las integrantes del Frente Amplio de Mujeres de Sucre consideran que el rechazo a esta campaña debe ser general, porque el vecino es y sigue siendo el familiar más cercano. Teresa Otero cree que lo de “bioterroristas” solo recuerda la infrahumanización de razas y sectores sociales durante el nazismo.

La abogada María Constanza Cipriani alerta de que esta campaña viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pretende convertir al migrante en una especie de chivo expiatorio para justificar la ausencia de controles sanitarios y cercos epidemiológicos en las fronteras y dentro del país.

El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por los países miembros de las Naciones Unidas y de la que Venezuela forma parte desde 1945, señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

“Es una arbitrariedad, una inmoralidad, un abuso y un irrespeto a la condición humana, pero, sobre todo, es una campaña que instiga al odio y que convierte a los ciudadanos en sapos”, apunta Cipriani sobre la acción de la alcaldía de Cagua.

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Esta campaña puede generar en la población una legitimación de la violación de los derechos del otro. La psicóloga Migdalia Valdez indica que se pretende hacerle creer a la población que con esa propaganda de estigmatización se librará de un posible contagio.

Esta naturalización e institucionalización de una conducta de odio es en extremo cruel para quienes regresan más vulnerables, y también es una campaña de terror con la que se promueve el trato cruel, inhumano y degradante en contra de otro sector de la población”, explica la psicóloga, para quien la ausencia de solidaridad, caridad, comprensión y valoración acorrala aún más a los migrantes y los condena a una mayor fractura emocional.

El propio gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, anuncia a través de su cuenta en Twitter el número telefónico 0416-6426771, cuyo mensaje es: “Insistimos en el llamado al pueblo de Aragua a reportar si tiene conocimiento de personas que hayan llegado por caminos irregulares o se esté incumpliendo la cuarentena social en algún sector”.

Al 15 de julio, de acuerdo con las cifras ofrecidas por el mandatario regional, han retornado al estado Aragua 6173 personas, de las cuales 398 “se encuentran cumpliendo cuarentena en los Centros Especializados de Atención a los Connacionales”.

Vigilancia y escarnio público
Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano reconocido por ser una de las mentes más brillantes del momento, teme que la pandemia sea un arma política que promueva la falta de humanidad, por la histeria y el miedo colectivo, y con la que la humanidad se dirige hacia “un régimen de vigilancia biopolítica en la que no solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital”, citó el diario digital MDZ, de Mendoza, Argentina.

Pues, al parecer, esa advertencia es real en Aragua. La misma alcaldía de Cagua también inició una campaña digital en la que, a través de fotografías, muestra los rostros de los ciudadanos de este municipio que no hacen uso correcto de la mascarilla.

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La campaña “La imagen: seguimos a la caza de IRRESPONSABLES. Evita ser uno de ellos. Puedes ser sancionado”, anunciada el pasado 9 de julio a través del perfil en Facebook de la Alcaldía de Sucre, deja en evidencia a los ciudadanos cagüenses que no usan el tapabocas.

¿Es necesario exponer a los ciudadanos al escarnio público para crear conciencia sobre el uso de tapabocas?, se pregunta la exconcejal y dirigente social Lisbeth Utrera.

“Rechazo esta campaña porque viola el derecho a la privacidad y los derechos del niño”, indica.

Con ella coincide la docente jubilada Maigualida Mata, para quien la información sobre las medidas preventivas contra el COVID-19 debe ser difundida desde la educación.

“¿Con qué derecho se atreven a tomar fotos y subirlas a las redes sin la autorización de la persona? Eso es una falta de respeto hacia nuestros derechos a la privacidad y protección”, señala Angélica Herrera, una dirigente social en Cagua.

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Y es que, en la difusión de esta campaña se han mostrado desde funcionarios policiales hasta adolescentes y niños, a estos últimos se les viola la garantía prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar de todos los niños y adolescentes.

“Se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público”, señala la Lopnna.


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