En Apure “pareciera que nos están castigando porque nos fuimos del país”

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Hambre, enfermedades, desempleo y angustia, eso fue lo que trajeron los retornados en el equipaje. La cifra es incierta, desde 2000 hasta 8000 personas que están aisladas en el municipio Páez, el segundo más grande de Apure y zona fronteriza con Colombia; luego de su regreso obligado por la pandemia causada por la COVID-19.

Caracas. Se marcharon para buscar mejor suerte en Chile, Ecuador y en Colombia. Pero la pandemia generada por la COVID-19 los obligó a regresar. Cruzaron trochas, ríos y por los puentes internacionales al suroeste del país. De este lado de la frontera los esperó el trago amargo de la desidia, el abandono y la indiferencia gubernamental. Pareciera que nos están castigando por habernos ido, por haber traicionado a la patria. Yo migré por salud, para buscar tratamiento para el cáncer.

A esa conclusión llegó Keilyn Urbina, una de las mujeres retornadas que ya cumplió 38 días en aislamiento. En su caso, entró por el Arauca, la frontera marítima de 2219 kilómetros que separa a Colombia y Venezuela, por los lados del estado Apure

Ella regresó al país con sus hijas de 5, 16 y 17 años. La de 16 años tiene un embarazo de 30 semanas y la de 17 vive con un solo pulmón. Apenas puso los pies en tierra venezolana las subieron a un autobús que las llevó al municipio Páez, el segundo más grande de Apure.

Escucha el testimonio de Keylin Urbina:

En enero de este año, Keilyn decidió salir del Zulia y viajó a Colombia en busca de tratamiento médico para su cáncer de mama. El 6 de junio, por voluntad propia, tomó sus maletas y emprendió el camino de regreso.

Ese día la pasamos muy mal. Migración Colombia nos tuvo cuatro horas en el cruce llevando sol. Fue bastante entorpecido. Y aquí la Guardia Nacional nos atropelló en todo momento. Cuando migración venezolana tomó nuestros datos, pensé que pasaríamos en aislamiento ocho o 15 días. Ya vamos para el segundo mes.

A Keilyn Urbina y a su familia la albergaron en la escuela Vara de María. Cuando entró había cerca de 100 personas. “Nos ingresaron con muchas carencias, no había baños aptos, tampoco comida balanceada. Era una sopa con hueso y sal y arepas solas. Pero lo más injusto era que nos decían que estábamos contaminados”.

De acuerdo a las cifras oficiales en Apure hay 812 casos confirmados de COVID-19.  En todo el país hay 3150.

Pagan a militares y a la guerrilla

Mary Caballero, activista de derechos humanos en el municipio Páez e integrante de la ONG FundaRedes, de acuerdo con los datos que ha podido levantar en el campo, informó que la semana pasada hubo protestas casi todos los días. Los retornados exigían salir a sus lugares de origen.

Caballero indicó que hay un aproximado de 10 hoteles y 17 instituciones educativas, sumadas la Dirección de Cultura y la Unellez la única universidad grande habilitadas como refugios para los connacionales.

La cifra, según Caballero, la manejan la Cruz Roja y los militares, pero por sus sondeos calcula que hay entre 300 y 400 personas en las instituciones grandes; mientras que en las pequeñas, como Vara de María, albergan a cerca de 200 venezolanos de todas las edades. La mayoría de los aislados ya pasó el tiempo reglamentario, llevan más de un mes confinados.

Mucha gente también pasa por el río, en canoa, pagando a los militares y a los guerrilleros desde 50 hasta 100.000 pesos. En el lado venezolano está la Marina, la guardia, los guerrilleros. La gente usa ese paso frecuentemente porque van al otro lado a comprar comida, pero pasan alcabalas y en todas hay que pagar. Aquí se formó una anarquía, denunció Caballero.

En el caso de Keilyn Urbina y sus dos hijas, ella hizo el trayecto en bus desde Bogotá hasta el paso humanitario de migración Arauca. Salió el 6 de junio a las 3:00 p. m. y entró el día 7 a las 4:00 p. m. para llegar a dormir en colchonetas en un salón de escuela junto con otros 28 desconocidos.

Pagó 150.000 pesos por cada pasaje, equivalentes a 8,3 millones de bolívares. Y eso porque regateé, pues costaba 180.000 pesos. En ese trayecto no se topó con la guerrilla. Esa experiencia la tuvo en la escuela: Los guerrilleros sacaban a la gente del refugio para ponerlos a limpiar el monte que estaba al frente del liceo como castigo por las protestas. Incluso a mí me amenazaron con entregarme a ese grupo irregular. Eso fue una vez que nos llevaron a un hotel, donde la pasamos muy mal, pues hasta dormíamos en unos colchones que poníamos en el estacionamiento. En ese sitio tuve un inconveniente con la administradora y por eso me iban a entregar a los guerrilleros.

El municipio Páez, capital Guasdualito, tiene una superficie de 12.850 kilómetros cuadrados y una población estimada de más de 100.000 habitantes. Es un territorio donde opera una guerrilla que formó la fallecida Lina Ron bajo el mandato de Hugo Chávez, que se llama FBL y les dicen boliches o bolos, y cuando el pueblo sale a protestar lo agreden con palos y los amenazan con armas de fuego, bajo la mirada de las autoridades, denunció Mary Caballero.

De lo único que no adolecen en la escuela Vara de María es del agua. “Pero esto parece un secuestro, hasta cuándo nos van a tener aquí, parece un castigo por habernos ido. Es que ni siquiera nos dan los kits de higiene que dicen que llegaron al estado. Aquí no nos sentimos apoyados ni escuchados, todos los niños tienen diarrea y vómito, pareciera que no somos importantes para las autoridades”.

A Urbina y a sus hijas les han hecho cinco pruebas, tres de sangre y dos PCR, y según dijo, los resultados son negativos.

No sé qué están esperando para darnos de alta. Aquí hay mucho desorden con eso, ocurre que de una familia dan de alta a la mamá y dejan al hijo con el papá. No pueden dejar a los niños solos. Hubo un señor que protestó y lo amenazaron con meterlo preso. En mi caso pretendían darme la orden de salida pero iban a dejar a mi hija embarazada con la niña de cinco años. No podía permitir eso. Ahora no tienen respuestas para nosotros, contó Urbina, a quien ya se le está agotando el tratamiento para el cáncer y no tiene las medicinas para controlar la tensión, la que toma para dormir, para oxigenar el cerebro y tampoco para la escabiosis que dice tener como consecuencia de la vida en el albergue.

Ahora su hija en estado de gravidez vive entre la escuela y el hospital. “La han sacado dos veces en ambulancia, porque presenta sangrado, una infección urinaria y tiene mucho dolor abajo. No sé qué va a pasar con ella. Aquí es muy difícil conseguir atención. Los médicos dicen que somos casos COVID-19, así se expresan de nosotros”.

En el municipio Páez los servicios públicos están colapsados. El gas llega cada cuatro o cinco meses, la electricidad la racionan dos veces al día de cuatro a cinco horas y en los últimos días ha habido hasta tres cortes, según dijo Mary Caballero.

FundaRedes registró este 16 de junio otra denuncia, esta vez de la escuela Julio de Armas, en Guasdualito, también en el municipio Páez, donde cerca de 400 personas duermen en el piso y no tienen buena alimentación. 

Según la ONG, los afectados dijeron que se sienten secuestrados y que los obligan a tomar medicamentos a pesar de que han dado negativo para las pruebas PCR. En el reporte diario que pasa FundaRedes aparece la denuncia de una joven que tuvo un parto prematuro, presuntamente, por la ingesta de fármacos; y a otras personas estos les están causando problemas de tensión.

Extraoficialmente, se conoció que los médicos cubanos van todos los días, pasan revista y recomiendan medicamentos en caso de presentar alguna patología. Los casos positivos están asilados todos bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud.

Quienes están en el albergue Casa de la Cultura, no más de 80 personas, también tomaron las calles. Denunciaron que ya tienen 21 días recluidos en ese espacio donde no tienen privacidad, el agua es sucia y la comida es pésima. Esta semana denunciaron que hay mujeres embarazadas y muchos niños con cuadros de diarrea y vómito. Aseguraron, además, que las tres pruebas para descartar el virus que les han practicado han salido negativas.

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«Queremos irnos» fue el reclamo que gritaron incluso los niños que se sumaron a la protesta. Los más adultos dijeron: «Estamos como pagando una condena», y al igual que en el resto de los refugios, la información que se les da es vaga. No les dicen cuándo se van ni las razones por las que se alargó el confinamiento.

En el hotel Anarú, en Guasdualito, hay 130 adultos y 60 niños en condiciones de hacinamiento. La mayoría de los que están ahí llegaron el 14 de mayo de Perú, Ecuador y Colombia. Igual les han hecho las pruebas PCT y PDR para detectar coronavirus, cuyos resultados no fueron entregados a los pacientes.

Uno de los afectados, que entró por el Arauca y pidió el resguardo de su identidad, contó que, de manera aleatoria, escogen a las personas que salen positivas. Su esposa es una de ellas, con el agravante de que está a punto de dar a luz. 

Está supuestamente contagiada, nunca nos dieron un certificado, pero es asintomática. Hay otros 100 casos positivos al virus y lo que hemos estado pidiendo es que nos trasladen a nuestras ciudades para poder contar con mejor atención. Aquí al tercer día de diagnóstico fue que le dieron medicinas a mi esposa, el agua y la comida no son de calidad.

La fuente narró que cuando hacen exigencias al alcalde José María Romero, del partido oficialista, los amenazan con enviarlos a la cárcel. “Pero la verdad es que este es un sitio insalubre, las personas duermen en el piso, a veces nos dan una sola comida al día y cuando envían los tres platos no es suficiente, la gente queda con hambre, los niños lloran y las madres no saben qué hacer. Nos dan 10 litros de agua potable cada tres días y el agua para bañarnos la envían cada dos días. Esto es penoso e indignante. Hay muchachos con problemas mentales y sin medicamentos, uno intentó hace poco quitarse la vida. Es una violación a los derechos humanos. Nos están castigando y nos dicen que somos un arma biológica”.

A su esposa le están dando contracciones y dijo que no han hecho nada por ella ni por las otras embarazadas.

Ese hotel tiene 48 habitaciones habilitadas, en cada una duermen tres o cuatro personas. Hay un ala expuesta al ambiente y otra encerrada que los retornados llaman “la cárcel”, pues lo único que tienen es una ventana para ver la calle. Vale destacar que muchas de las personas que dan su testimonio dijeron sentir miedo de las autoriades.

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Río Arauca. Foto: Meridiano 70

Edwin Gil, integrante del equipo de Provea, quien maneja un récord de denuncias al respecto, dijo que la situación que se está dando en Apure es la misma que sucede en Villa Bolivariana en Barquisimeto, y reconoció varios patrones:

  1. Están haciendo las pruebas de manera aleatoria, si la persona da positivo va a una zona de cuarentena y si es negativo se queda con la población retenida. “Y esto es delicado, porque si confinas a un grupo de individuos la idea es que se descarte quiénes están enfermos y quiénes no, no los pueden mantener unidos”.
  2. En Apure hay cinco mujeres embarazadas y todas están entre las 34 y 35 semanas de embarazo. Ninguna se encuentra en zonas exclusivas o preparadas para ser atendidas y están recibiendo el mismo tratamiento que el resto. 
  3. Hay niños que dieron positivo y tampoco han tenido un trato diferencial, están muy afectados, de acuerdo con los testimonios recopilados vía telefónica. Nos dicen que hay casos de infantes que llegaron pesando 30 kilos y están en 25. Además se la pasan llorando por hambre. Ni siquiera los dejan bajar los mangos y los limones de las matas.
Habitantes desasistidos

En el municipio Páez hasta los propios residentes pasan calamidades. Desde hace mucho están aislados por la falta de combustible y por las carencias de los servicios públicos. Señalaron que comunicarse con las autoridades para llevar sus quejas es imposible.

«Por eso quiero que se haga esta denuncia, ya que es muy difícil que seamos escuchados en el ámbito nacional. La gente debe enterarse de lo que está pasando aquí en la frontera. Soy productor agropecuario, vivo en el sector Campo Alegre del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, mi nombre es Giovanny Álvarez, he sido hostigado por los funcionarios militares cada vez que paso por la alcabala, aun respetando las normas de seguridad de la cuarentena, como cualquier ciudadano«.

Escuche el testimonio de Giovanny Álvarez aquí:

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Álvarez vive a pocos pasos de la alcabala militar de Elorza, y de acuerdo con su testimonio, los uniformados no lo dejan entra ni salir de su casa. Lo mandan a usar las trochas, un paso difícil por la llegada del invierno. «Soy  afecto al gobierno revolucionario, pero hago la denuncia y un llamado al presidente Maduro, aquí todo el pueblo es víctima de las alcabalas. Hay quejas y no pasa nada. Para uno poder cruzar esos puntos de control tiene que darles la mitad del tanque de la gasolina de la moto, queso, carne, pescado o 20.000 pesos«, criticó.

Giovanny Álvarez es vocero nacional campesino y contó que, pese haber participado en la vocería presidencial campesina, ni la alcaldía ni la gobernación en manos de Ramón Carrizalez los toman en cuenta.

En el municipio Páez la mayoría vive del contrabando de combustible y llevan queso y carne para la ciudad de Arauca en Colombia. Los otros viven de la producción de carne, leche y la pesca, señaló la defensora de derechos humanos.


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