La revisión de las tarifas en estacionamientos privados sigue sin resultados concretos tras 80 días de investigación parlamentaria, mientras se evalúa un tabulador por zonas geográficas. Conductores piden cobro por horas y parqueros rechazan ser criminalizados.
Caracas. La promesa de revisar los cobros en los estacionamientos privados aún no se traduce en cambios para los usuarios. A casi tres meses de la creación de una comisión especial en la Asamblea Nacional, las tarifas continúan intactas mientras crecen las expectativas por una solución que reduzca el impacto de este gasto en el presupuesto familiar.
Pese a las reuniones sostenidas con gremios, organismos públicos y representantes del sector, los conductores siguen pagando entre 4 y 8 dólares por estacionar, en medio de la incertidumbre sobre cuándo llegarán medidas concretas.
La comisión parlamentaria ya se instaló y ha dialogado con la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), la Asociación Nacional de Propietarios de Garajes y Estacionamientos (Anpage), ministerios y cuerpos de seguridad del Estado. Pese a este despliegue institucional, la situación no ha cambiado para los conductores: la tarifa plana de entre 4 y 8 dólares por estacionar continúa vigente.
La investigación fue ordenada luego de que diputados denunciaran cobros considerados excesivos en estacionamientos de centros comerciales, clínicas y otras instalaciones privadas del país.
Entre los reclamos más frecuentes de los usuarios figura la sustitución del cobro por horas por tarifas planas en divisas, independientemente del tiempo de permanencia de los vehículos.
Asimismo, desde la comisión se prometió abordar la situación de los llamados “parqueros”, quienes exigen cobros que oscilan entre 1 y 5 dólares a los conductores que se estacionan en la vía pública; una práctica considerada ilegal y extorsiva por gran parte de la ciudadanía.

“Parece una burla”
Desde sus primeras reuniones, los integrantes de la comisión adelantaron que la revisión no se limitaría a los estacionamientos formales. El alcance de las consultas también incluiría las denuncias relacionadas con cuidadores informales de vehículos que operan en espacios públicos.
Mónica, contadora independiente, contó que por la naturaleza de su trabajo debe gastar aproximadamente unos 40 dólares semanales en estacionamientos, un costo operativo que la ha obligado a incrementar los honorarios de sus servicios profesionales.
“Tengo varios clientes con tiendas en centros comerciales en pleno bulevar de Sabana Grande; también visito empresas en torres corporativas. Cada vez que voy a verlos debo pagar entre $4 y $6 solo por el estacionamiento, lo que afecta severamente mi presupuesto”,
detalló.
La profesional insistió en que las autoridades deben agilizar una resolución, pues la constante fluctuación cambiaria incrementa el peso de estos montos en moneda nacional.
“Siento que se están burlando de la gente. Vamos para tres meses desde que anunciaron la revisión y no ha pasado nada. Deben tomar una decisión rápida, escuchando a todos, pero ya basta que seamos los usuarios quienes paguemos los platos rotos”, recriminó, al tiempo que defendió el retorno del cobro por horas como la solución más justa.

Esquemas escalonados
Para Gabriel Zambrano, comerciante, el retraso institucional también es excesivo. Aunque admitió la complejidad del sector, espera una pronta respuesta del Parlamento que equilibre la balanza a favor de los ciudadanos.
“Puedo entender que hay muchas cosas en juego, porque los estacionamientos deben pagar empleados, servicios, impuestos y seguros; pero, mientras tanto, el usuario sigue siendo el principal perjudicado”, opinó.
Ante esta realidad, Zambrano sugirió un esquema de cobro escalonado. “En otros países, los primeros 15 minutos son gratuitos porque mucha gente solo baja del carro a un trámite rápido, como usar un cajero automático. Luego, el que pase una hora o más, que pague por tiempo real; y quien pase todo el día, que pague una tarifa plana completa. Esa sería una solución viable”.

El debate de las tarifas también salpicó a quienes viven de la informalidad en las calles. Marcos, que trabaja en la urbanización Santa Mónica desde hace cinco años, defiende su labor frente a las posibles regulaciones del Parlamento y marca distancia de los abusos.
“Con lo que me dejan los clientes mantengo a mi familia. Yo no obligo a nadie a pagar un monto fijo; nosotros ofrecemos protección”, aseguró, tras recordar que su presencia ha disminuido los hurtos en el sector.
“Antes robaban baterías y retrovisores a diario. Me ha tocado correr a los ladrones para cuidar mi espacio”.
A pesar del alcance de la comisión especial de la Asamblea Nacional, Marcos asegura que el abordaje institucional no ha llegado a las calles: “Nadie se ha acercado a informarnos nada”.
Sin embargo, rechazó las extorsiones de otros grupos en Caracas: “A los que imponen tarifas a la fuerza y buscan pelea son a los que tienen que sancionar. A los que trabajamos honradamente, déjennos en paz”.
Durante las consultas realizadas por la comisión especial, representantes del sector público y privado han evaluado distintas alternativas para corregir las distorsiones denunciadas por los usuarios. Entre los temas abordados figura la revisión de los esquemas de tarifa plana, señalados como uno de los principales motivos de inconformidad entre los conductores.

Tarifas diferenciadas por zonas
El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseveró que la comisión especial sigue trabajando para lograr una propuesta equilibrada. No obstante, adelantó que ya existe consenso para que las tarifas se calculen bajo un criterio de zonificación geográfica.
“Estamos trabajando en los tabuladores. Lo que sí podemos confirmar es que vamos a dividir el territorio nacional en tres grandes áreas de acuerdo con sus ingresos referenciales. No es lo mismo una tarifa de estacionamiento en Puerto Ayacucho, que una en Valencia o Caracas”, explicó el parlamentario.
Aunque la comisión ya ha adelantado algunos criterios de trabajo, hasta ahora no se ha presentado un informe público con conclusiones definitivas ni se han anunciado plazos para la eventual aplicación de cambios tarifarios. A su vez, resaltó que algunos centros comerciales de la capital ya han implementado fórmulas de autorregulación.
“El Centro Comercial Plaza Las Américas, por ejemplo, ha generado un esquema de tarifas bastante interesante. Aclaro que es un modelo que no hemos discutido formalmente en la comisión, pero puede servir como referencia viable”.
Correa recalcó que los resultados de la investigación se darán a conocer en el momento indicado, reiterando que la adecuación de los precios se ejecutará por la vía del acuerdo y el consenso sectorial, y no a través de un instrumento de ley.
Por ahora, el único consenso parece estar entre los usuarios: la investigación avanza, pero las tarifas permanecen intactas. Ochenta días después de que la Asamblea Nacional prometiera revisar los cobros, la factura sigue llegando a los conductores mientras las respuestas continúan pendientes.
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