El retiro formal de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) tardará un año en surtir efecto legal pleno de acuerdo con los procedimientos del tratado.
Caracas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela condenó la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez de desvincular al país de la Corte Penal Internacional (CPI).
Para el organismo internacional esta medida busca ”reforzar la impunidad” y esquivar la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad que puedan haberse cometido en Venezuela.
Para la Misión de Determinación de Hechos la decisión adoptada por el gobierno encargado de Rodríguez, el 24 de julio pasado, “llega en un momento crítico para el país, cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de las y los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado”.
La ONU cuestionó que la administración encargada no haya adoptado hasta el momento “ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones e ilícitos internacionales ampliamente documentados que se han cometido durante más de una década”.
A su juicio la decisión el Gobierno busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar la rendición de cuentas a nivel nacional.
En este sentido, instaron a Venezuela a “revocar su decisión de retirarse de la CPI y a colaborar y cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales de justicia y órganos de derechos humanos, incluida la propia Corte”.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
Venezuela…
Portazo a la justicia internacional
El viernes, 24 de julio, por instrucciones del Ejecutivo venezolano, el canciller Félix Plasencia notificó formalmente al secretario general de la ONU, António Guterres, la decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma, bajo el amparo del artículo 127 para materializar el retiro definitivo de la CPI.
Desde Caracas se argumentó que el tribunal mantiene un “sesgo geográfico” y una actuación desproporcionada contra el Sur Global.
Sin embargo, la Misión de la ONU desestimó estos argumentos y advirtió que la actual administración no ha adoptado ninguna medida interna real ni significativa para investigar las graves violaciones a los derechos humanos documentadas durante más de una década.
Por otro lado, Estados Unidos (EE. UU.) respaldó a Delcy Rodríguez y arremetió contra la CPI. El gobierno de Donald Trump le dio la bienvenida y respaldó públicamente la decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado, Washington calificó al tribunal internacional de carecer de “credibilidad, independencia y legitimidad”, y se sumó así de manera tácita a las acciones orientadas a debilitar o desmantelar el organismo.
El retiro formal de Venezuela de la CPI tardará un año en surtir efecto legal pleno de acuerdo con los procedimientos del tratado.
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