Un filtro burocrático deja fuera de la asistencia oficial a miles de damnificados por el doblete sísmico de junio. Entre sistemas digitales caídos y clasificaciones excluyentes, por la distinción entre etiquetas rojas y amarillas, tener una vivienda inhabitable no garantiza el acceso a la reconstrucción prometida por el Gobierno, mediante el plan Venezuela Renace.
Caracas. Con 17.900 desplazados, 23.000 personas en asentamientos temporales y costos de reparación inalcanzables, las secuelas de los sismos del 24 de junio pasado exponen una grave brecha en la atención pública.
En lugar de ofrecer respuestas inmediatas, la clasificación técnica de daños y las fallas en el registro oficial del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y el Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) mantienen a numerosas familias atrapadas en un limbo administrativo, donde tener la casa destruida no garantiza el acceso a la ayuda.
A raíz de los terremotos registrados en el país en junio, la clasificación técnica de los inmuebles: rojo para colapso/demolición y amarillo para daños con o sin acceso restringido, se ha convertido en otro filtro excluyente para miles de afectados.
En varias zonas, los equipos de inspección niegan el censo a las familias cuyas casas fueron marcadas con etiqueta amarilla. Esto a pesar de que la estructura está inhabitable. Hasta la fecha, los organismos técnicos oficiales no han emitido declaraciones institucionales que aclaren el criterio ni la respuesta gubernamental ante esta situación.
Carolina*, una damnificada de La Guaira, comerciante informal que acudió a la sede del Banavih, con la esperanza de encontrar alguna solución. Las paredes de su casa presentan profundas grietas y una de las columnas está en riesgo de colapso. Pese a los evidentes daños recibió una etiqueta amarilla.
“Nos dijeron que el censo es para etiquetas rojas. Los ingenieros nos advirtieron que no podíamos quedarnos en la casa porque las paredes pueden venirse abajo. Estamos en casa de un familiar que nos presta apoyo, pero no podemos optar al censo ni se sabe cuándo vendrán las ayudas para hacer las reparaciones”, dijo a Crónica Uno la afectada, quien es madre de tres niños.
Páginas caídas y números no registrados
Quienes superan la primera etapa presencial al censarse en las oficinas del Banavih o el Minhiv y logran recolectar los requisitos legales deben ingresar al portal web para solicitar el certificado de vivienda colapsada. Este es uno de los requisitos indispensables que solicitan los bancos para otorgar el financiamiento. En esta fase, la plataforma digital suele presentar algunas irregularidades.
Usuarios reportan que la página web no reconoce los números de teléfono suministrados en las inspecciones de campo. “Pide el número telefónico, ingreso el mío y me dice que no aparece registrado. Tampoco tengo el contacto de los ingenieros que hicieron la evaluación en mi casa”, señaló Johan Pacheco.
Otros ciudadanos denunciaron que, tras haber logrado la inscripción inicial, el sistema les deshabilitó las cuentas y les emitió mensajes de error. En el aviso les exigen “contactar a un administrador”, sin especificar o remitir a oficinas de soporte o canales de atención técnica.
Incluso en sectores donde las comisiones oficiales ya evaluaron los daños de manera pública, los datos no se ven reflejados en el sistema centralizado. Así lo aseguró una vecina de la urbanización Terrazas de La Trinidad, en el municipio Baruta, quien prefirió resguardar su identidad por temor a sufrir represalias o quedar excluida de la asistencia pública.
“El bloque C está etiquetado en rojo y a las familias les dijeron que debían desalojar. Un vecino vino a censarse al Banavih bajo la premisa de que si el edificio colapsó o tiene etiqueta roja se puede optar al crédito, pero en la sede le informaron que el edificio no aparece registrado en el sistema.¿Qué pasa con esos datos?”.
recriminó.
Inalcanzable
De acuerdo con los reportes oficiales emitidos tras el evento sísmico, las 23.000 personas albergadas en asentamientos temporales, refugios habilitados para atender la emergencia de manera provisional, continúan sin plazos claros para la rehabilitación de sus viviendas.
Además, el costo de reparar un paño de muro ronda los $2000, un monto que supera por completo la capacidad adquisitiva de las familias afectadas.
Sin embargo, el golpe no es solo al bolsillo. Mientras los damnificados con etiqueta roja, si logran sortear el caos burocrático, pueden acceder a los créditos, los de etiqueta amarilla quedan atrapados en un limbo administrativo del que no hay fecha de salida.
Las páginas web siguen con fallas, los números de teléfono siguen sin ser reconocidos y los datos de las inspecciones de campo parecen perderse en un sistema que prometió soluciones, pero hasta ahora solo ha entregado más incertidumbre.
