A dos meses del doble terremoto, miles de damnificados que mantienen la esperanza de adquirir o reparar sus viviendas deben sortear un cúmulo de trabas para acceder a los subsidios anunciados por el Ejecutivo. Desde inconsistencias en los códigos QR, incongruencias en la información suministrada por las autoridades hasta la imposibilidad de censarse mediante poderes notariales.
Caracas. Casi dos meses después de los devastadores terremotos del 24 de junio pasado, la promesa estatal de financiamiento para los damnificados tropieza con su propia burocracia.
Mientras el plan Venezuela Renace promete subsidios directos y cobertura bancaria de hasta un 80 % para los inmuebles destruidos, en las puertas del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) la realidad es otra: sistemas caídos, códigos QR erróneos y funcionarios con versiones contradictorias.
El víacrucis de Rosaura Fernández, quien debió trasladarse de madrugada desde el litoral porque el censo marcaba su apartamento derrumbado como “habitable”, refleja el laberinto administrativo que frena la reconstrucción en el país.
“Les formé un lío y me tuvieron que resolver porque mi QR salía como si mi vivienda no estuviera colapsada. Me censaron después de los terremotos en Catia La Mar y ahora después de dos meses fue que pude venir. Espero que por fin me den el crédito”, contó a Crónica Uno Rosaura Fernández, frente al Banavih.
Para corregir la falla de la plataforma digital, que registraba su apartamento de Playa Grande como habitable pese a haberse derrumbado durante el evento telúrico, debió trasladarse desde el litoral a las 3:00 a. m. para dirigirse a las oficinas de la institución a reclamar. Luego de una travesía de dos horas en transporte público pudo solventar su situación.
Puras promesas
Casos como el de Rosaura se multiplican entre las familias que intentan acceder al plan Venezuela Renace. El programa, anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 29 de julio, promete un esquema de subsidios directos, aportes monetarios no reembolsables asignados por el Estado, y créditos bancarios tras el doblete sísmico.
La promesa consiste en financimientos de 80 % de cobertura para inmuebles de hasta 70.000 dólares y un 50 % para viviendas valoradas entre 70.000 y 100.000 dólares. Sin embargo, el Ejecutivo no ha especificado aún las tasas de interés, plazos ni los niveles salariales mínimos exigidos por la banca pública para este tipo de financiamiento.
En la práctica, la ruta para obtener la ayuda implica un laberinto burocrático marcado por fallas del sistema, confusión, demoras y falta de información.
El procedimiento exige una serie de pasos: censarse en el Registro Único de Viviendas, obtener un código QR de la Comisión Presidencial de Habitabilidad, solicitar la copia certificada de la propiedad ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y consignar un expediente en las agencias del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Digital de los Trabajadores o Banco Nacional de Crédito.
Un total de 17.900 personas quedaron en la calle tras el doblete sísmico, precisó la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez.
A esa cifra se suman los 23.000 ciudadanos que continúan bajo resguardo en campamentos temporales habilitados por Protección Civil, el organismo estatal encargado de la gestión de riesgos y desastres, sin certeza sobre cuándo podrán reconstruir o reparar sus viviendas dañadas.
Las trabas del censo y los errores del QR
Ante el colapso habitacional, el Gobierno habilitó el Registro Único de Viviendas (RUV) como primer paso obligatorio para la asignación de ayudas y financiamiento bancario.
De acuerdo con el balance oficial, para el 26 de julio un total de 21.075 familias damnificadas habían sido censadas solo en el litoral. Luego el plan se extendedió a la capital en las sedes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) y el Banavih de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
Para precisar las condiciones del plan Venezuela Renace, el equipo de Crónica.Uno acudió a la sede del Banavih en El Rosal. Allí se constató que la información no es clara y varía entre los funcionarios.
A diferencia de otros organismos, en el lugar no había largas colas este viernes, 4 de agosto, sino pocas personas en busca de orientación. Un trabajador del organismo afirmó que los afectados cuyas viviendas sufrieron daños o colapsaron pero no cuentan con el título de propiedad protocolizado, el documento jurídico autenticado formalmente ante un registro público que valida jurídicamente la titularidad del dueño, que certifica quién es el dueño legal del bien inmueble, situación común en urbanismos de la Misión Vivienda, están excluidos temporalmente.
“Estamos atendiendo solo a los beneficiarios con etiqueta roja que poseen título de propiedad. La recomendación es esperar a que termine esta etapa para avanzar con los inmuebles no protocolizados. Después atenderemos las etiquetas amarillas”, sostuvo.
Por su parte, la rigidez en las normativas del censo dejó a grupos familiares sin alternativas. Ese el caso de las personas que intentan realizar el trámite con un poder notariado debido a que los propietarios se encuentran fuera del país o presentan alguna discapacidad física.
“Nosotros vivíamos en el apartamento colapsado, pero mi hermana, que es la propietaria, está en España. Quedamos en la calle y no nos permiten hacer el registro con un poder notariado. El censo debería ser igual para todos”, denunció un ciudadano que prefirió mantener su nombre en anonimato tras ser rebotado en el operativo.
En contraste, otra funcionaria aseveró que los créditos están abiertos para todos los damnificados e instó a no guiarse por la desinformación que circula en redes sociales. De acuerdo con su versión, el procedimiento comienza con el censo en el Registro Único de Viviendas para la asignación del código QR.
Burocracia
En esta primera fase los solicitantes deben presentar la cédula de identidad, información del núcleo familiar y la dirección del inmueble afectado.
“Una vez obtenido el código, el propietario debe ir directo al banco y retirar la planilla para averiguar el resto de los recaudos, según sea su caso. Al consignar los documentos, es el banco el que evalúa la aprobación del financiamiento”, agregó.
No obstante, Carmen*, una de las damnificadas explicó que el proceso no termina con la obtención del QR. “Como no tenía las copias de los documentos de propiedad originales, me pidieron entrar al portal del Saren en la sección ‘Venezuela Renace’. Allí hay que subir la cédula en PDF y los datos del edificio o casa para que emitan la copia certificada. Si uno no está pilas se queda por fuera”, relató.
Aunque la lista de instituciones autorizadas incluye al Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores, las dudas persisten entre los usuarios sobre las exigencias de la banca. Para contrastar la versión institucional el equipo visitó una sede del Banco Digital de los Trabajadores y obtuvo la planilla con los requisitos.
Entre tanto, las familias permanecen en refugios temporales o viven de la solidaridad de sus allegados, la firma de los documentos de compra-venta para la adquisición o reparación de las viviendas avanza entre tropiezos y el colapso de las plataformas gubernamentales.
