Tanto chavistas como opositores coinciden en que la reforma a la Ley del TSJ sancionada encamina al país a un cambio necesario. Pero entre los académicos, organizaciones y actores políticos las opiniones están divididas y algunos advierten que la selección de magistrados planteada es inconstitucional.
Caracas.- La sanción unánime por parte de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un peldaño más en el camino hacia la reforma del máximo juzgado del país. No obstante, la “transformación del sistema de justicia”, pactada en la mesa de diálogo entre el interinato y el Parlamento de 2015, es una carrera de obstáculos.
“En el marco de los acuerdos suscritos el 12 de agosto por la mesa de negociación, hoy se dio un paso más hacia la construcción de un TSJ independiente, al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos, con la nueva conformación del Comité de Postulaciones Judiciales”, dijo la AN de 2015 en X, tras la aprobación de la reforma que llevó de 21 a 23 el número de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y le dio mayoría a los miembros de la sociedad civil.
Tanto chavistas como opositores coinciden en que la ley sancionada encamina al país a un cambio necesario. Pero entre los académicos, organizaciones y actores políticos las opiniones están divididas.
Mientras Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, sostiene que las condiciones pactadas en el diálogo no están supeditadas las facultades constitucionales del Poder Legislativo y que tanto la conformación del Comité como la ratificación de los nuevos magistrados corresponderán exclusivamente al actual Parlamento que él dirige; Dinorah Figuera y la comisión opositora insisten en que la intervención de la sociedad civil para garantizar el cambio es fundamental.
La modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ busca conferir mayor peso representativo a los sectores sociales, que pasan de 10 a 12 voceros, aunque no se alteró la cuota de 11 parlamentarios que conforman este panel y cuya disposición requiere desde 2004, cuando se promulgó la norma que rige al máximo tribunal.
A esto se suma el “consejo de revisión” acordado en negociaciones con el que se garantiza un doble baremo para el estudio de las credenciales de los postulados a magistrados, pero cuyas pautas y miembros siguen sin estar del todo claros.
Las voces disidentes
Mientras los dialogantes celebran el avance rápido a esta renovación, algunas organizaciones académicas y gremiales han expuesto su preocupación por estos cambios y acuerdos que dicen, son violatorios de la constitución.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales tomó el artículo 270 de la constitución como bandera para exhortar a la AN “al cumplimiento estricto” de lo dispuesto en la Carta Magna e integrar el Comité de Postulaciones Judiciales solo por actores de la sociedad civil, excluyendo a diputados “son funcionarios de un poder público y no miembros de la sociedad”, tal como explican en un comunicado emitido recientemente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución el Comité de Postulaciones es un órgano asesor del Poder Judicial para elegir a los magistrados del TSJ y “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad”.
Al respecto, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales planteó que desde la promulgación de la Ley Orgánica del TSJ hay una violación permanente a la constitución, en tanto “la inclusión de diputados como parte de los miembros de dicho comité viola el artículo 270 constitucional y la reforma debe, para ajustarse a la constitución, eliminar completamente la inclusión de diputados como miembros del comité de postulaciones”.
A esta voz disidente se suma la del Frente de Abogados de Venezuela que organizó una protesta frente al Palacio de Justicia para reclamar la violación a los preceptos constitucionales en el afán de “incluir cuotas políticas” en un proceso que compete a la sociedad civil, tal como indicó el jurista Noé Mujica.
Jamás diputados
El abogado representante del frente insistió en que el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad y que deben ser representantes de la academia, de los abogados, de gremios, quienes deben conformar este comité y jamás diputados, “si se quiere realmente un máximo tribunal independiente”.
Recordó que la Constitución establece que en caso de incompatibilidad entre lo descrito en el principal texto legal del país y otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales por precepto. Frente a esto, insistió en que es “nula absolutamente” la presunta reforma que ha llevado a cabo el Parlamento venezolano.
La abogada Mildred Lozada insistió en que aunque la Asamblea Nacional tenga parte en la elección de los magistrados, es necesario garantizar la separación de poderes y que los diputados, con intereses político partidistas, puedan tener parte en la selección de los aspirantes.
Los juristas piden a la AN y a los políticos en el diálogo considerar lo establecido en la Constitución y tomar en cuenta “la opinión de la gente” en un proceso con el que se pretende la transformación del sistema judicial.
El Frente de Abogados iniciará una cruzada por todo el país para solicitar la renuncia de sus cargos a todos los jueces y fiscales del Ministerio Público que fueron “designados a dedo”, violando los artículos 255, 49, 26 y 25 de la Constitución.
Mientras en redes sociales cientos de voces se pronuncian a favor y en contra, otros simplemente esperan resultados que lleven al país al avance que todos quieren ver.
Algunos insisten en que es más importante la reconciliación y el avance hacia los resultados y otros exponen las falencias legales y las debilidades de un proceso que se debate entre la urgencia y la necesidad de transparencia.
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