Desde Guayana, un movimiento nacional exige liberar a más de 500 presos políticos y cerrar los centros de tortura en el país. Representantes reclaman el cumplimiento de los acuerdos pactados entre Venezuela y EE. UU. sin usar vidas como canje.
Ciudad Guayana. Más de 30 excarcelados, familiares de presos políticos, dirigentes sindicales, empresarios y representantes de diversos sectores se congregaron en Guayana, estado Bolívar, para iniciar un recorrido nacional con el fin de visibilizar y exigir la libertad absoluta de quienes continúan detenidos por motivos políticos.
Daniel Romero, expreso político del estado Bolívar, recordó que la mayoría aún enfrenta procesos judiciales activos y criticó que las medidas de liberación anunciadas no hayan amparado a la totalidad de los afectados.
“Son más de 540 compañeros todavía en prisión, presos políticos, que no están siendo liberados. Han ido a audiencia y sigue la misma metodología de los jueces y de los fiscales haciendo arbitrariedades y violando los derechos humanos de cada uno de nuestros compañeros”, sostuvo.
Asimismo, Romero rechazó que se instrumente a los presos políticos como fichas de cambio en negociaciones. Afirmó que la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición debe encauzarse hacia una transición democrática. Lo que, desde su perspectiva, implicaría materializar la excarcelación de todos los detenidos por razones políticas.
Violaciones frenan inversiones
José Ignacio Moreno, quien se desempeñó como representante legal de la empresa mixta Gold Reserve, una firma canadiense del sector minero, y permaneció privado de libertad por más de tres años, enfatizó en que no existe libertad plena mientras persistan las medidas restrictivas bajo régimen de presentación. Esto en alusión a la sanción cautelar que obliga a la persona a acudir periódicamente ante los tribunales para no volver a prisión.
“Tienen que cerrar los centros de tortura. Seguimos con compañeros allá adentro, compañeros sufriendo, compañeros que pueden morir en cualquier momento por negligencia, digamos negligencia de burocracia política”,
denunció.
Moreno también vinculó su caso y otras detenciones ante posibilidades de recuperación económica del país ante la posibilidad de inversiones extranjeras.
“Si quieres inversiones extranjeras, tienes que cumplir con los estándares mundiales. La violación de derechos humanos frena las inversiones extranjeras”, sostuvo.
Procesado originalmente por presunta conspiración, asociación y traición a la patria, Moreno precisó que el origen real de su detención radicó en un litigio internacional vinculado a la zona minera de Las Cristinas, en el kilómetro 88 al sur del estado Bolívar, un valioso yacimiento de oro motivo de disputas legales entre la empresa privada y el Estado venezolano.
“Mi caso es simplemente que estábamos en un proceso de cobranza de un litigio internacional importante contra la República, un tema minero que es Las Cristinas”, explicó.
“No son fichas de canje”
Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones, detenido desde hace seis años por la operación Gedeón, un intento de incursión armada marítima ocurrido en mayo de 2020, integra el comité central de esta iniciativa.
Explicó que permanece desde el 8 de enero a las afueras de El Rodeo I, un penal de máxima seguridad ubicado en el estado Miranda, a la espera de la liberación de su hijo. Además, Relató que permanece desde el 8 de enero frente a El Rodeo I, a la espera de la liberación de su hijo.
Durante una visita reciente, relató que su hijo le manifestó angustia al notar que no figuraban en las agendas de negociación política.
“Le dije: hijo, es que no la hay, porque ustedes no son negociables, la orden es que los liberen. Ustedes no son fichas de canje y la orden es que liberen a cada uno de ellos”.
Cordones cuestionó además las cifras oficiales sobre excarcelaciones y pidió revisar individualmente los expedientes de quienes continúan detenidos.
Desde el 3 de enero pasado, se han dado más de 670 excarcelaciones de acuerdo con registros de ONG. Más recientemente, en contexto con la mesa de diálogo, se anunciaron 131 liberaciones de las cuales solamente se confirmaron 81 excarcelaciones.
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