En el edificio Santa Margarita, en la avenida Norte 14 de La Pastora, solo seis de 17 familias permanecen tras los sismos. El deterioro estructural y la falta de presupuesto mantienen al resto desplazado a la espera de ayuda oficial.
Caracas. De 17 familias que habitaban el edificio Santa Margarita, solo seis permanecen en el lugar. Entre muros derrumbados, vigas expuestas y marcas rojas de desalojo que advierten sobre el peligro de colapso, los vecinos de La Pastora, un sector histórico y tradicional del municipio Libertador, al oeste de Caracas, ven cómo el deterioro físico de sus hogares los ha forzado a separarse y a vivir desplazados.
Dos meses después del doblete sísmico, dos terremotos seguidos en un breve lapso de tiempo de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro frente a las costas de La Guaira, la rutina en el inmueble no volvió a la normalidad.
La estructura de seis pisos exhibe etiqueta roja, la clasificación oficial que otorga Protección Civil a las edificaciones inhabitables por alto riesgo de colapso, en la planta baja y el primer piso, donde una de las paredes exteriores se vino abajo y el piso de granito de la vivienda se divisa directamente desde abajo, junto a una puerta azul y muros manchados por la humedad. Mientras seis familias permanecen allí, el resto se mudó de forma temporal.
Roberto Pedrosa tiene 22 años viviendo en la residencia. Es docente jubilado y habitaba el primer piso con su madre, de 79 años. Ante el peligro inminente, ambos debieron trasladarse a la casa de un familiar en Las Adjuntas, una parroquia popular situada en el extremo sudoeste del valle de Caracas.
Tres veces por semana, Pedrosa realiza un trayecto de una hora desde el sudoeste de la ciudad hasta La Pastora para inspeccionar el apartamento, limpiar y coordinar los trámites comunitarios en busca de auxilio institucional.
”Tuvimos que venirnos a la casa de una tía en Las Adjuntas para no quedarnos en la calle, estamos arrimados. Yo voy dos o tres veces por semana a La Pastora a dar vueltas, a revisar las cosas y a hacer las diligencias”, relató Pedrosa a Crónica Uno.
Diagnóstico en suspenso oficial
Cabe destacar que la reubicación en hogares de familiares es la alternativa recurrente para estas familias, debido a la falta de opciones o refugios proporcionados por el Estado.
El pasado jueves, 24 de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó la evaluación de 60.785 viviendas a nivel nacional como parte del balance de infraestructuras tras los sismos.
De estas, 35.545 han sido calificadas con etiqueta verde, inmuebles seguros con daños menores, fueron clasificadas como habitables; 14.239 con etiqueta amarilla, estructuras con deterioros moderados que exigen precaución; y 11.001 con etiqueta roja, categoría reservada para aquellas que presentan daños severos y están en alto riesgo.
El edificio Santa Margarita integra esta última categoría. Las evaluaciones técnicas en la residencia iniciaron el mismo día del evento mediante un censo vecinal, seguidas por inspecciones de Bomberos y Protección Civil, cuyos funcionarios dictaminaron el desalojo de la planta baja y los pisos uno y dos.
A pesar de estas cifras oficiales, los afectados señalan la falta de planes concretos de reubicación o apoyo presupuestario para la reconstrucción.
Según Pedrosa, ingenieros de la Comisión Presidencial reconfirmaron la etiqueta roja en la planta baja y el primer nivel tras un diagnóstico detallado. Por iniciativa propia, los copropietarios contactaron al Colegio de Ingenieros de Venezuela.
Un especialista en patología estructural, la rama de la ingeniería que diagnostica los fallos, deterioros y lesiones en las construcciones, evaluó la edificación y concluyó que es recuperable si se refuerzan dos o tres columnas fracturadas y se demuelen las paredes agrietadas. Sin embargo, la falta de respuesta rápida por parte de las autoridades locales mantiene en suspenso la intervención técnica.
“Uno de los obstáculos para iniciar reparaciones en el edificio es que la alcaldía pide los planos estructurales originales para otorgar los permisos de remodelación, pero los copropietarios no disponen de esos documentos. Estamos en esos procesos para poder solicitar ayudas para iniciar”, sentencia.
Presupuestos fuera de alcance
La mayoría de los habitantes del Santa Margarita son adultos mayores que dependen de ingresos públicos. Un trabajador estatal en Venezuela percibe 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,16 centavos de dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del miércoles, 2 de septiembre, además de los $240 del bono integral otorgado por el Ejecutivo Nacional.
Pedrosa y su vecina Jacqueline son educadores jubilados del Ministerio de Educación; la hermana de Jacqueline es exempleada administrativa retirada de esa misma entidad, y Betty, otra de las afectadas directas, es expensionada de la alcaldía.
Los presupuestos privados consultados por los propietarios exigen montos inalcanzables para su realidad económica como jubilados del sector público. Al acudir a los organismos municipales en busca de soporte financiero o materiales, la respuesta institucional fue negativa.
”La alcaldía nos dijo claramente que ellos no dan donaciones, no reparan nada. Con lo que cobramos del Ministerio de Educación no ganamos para levantar una obra así. No tenemos cómo pagar eso”, afirmó Pedrosa.
Inmueble con servicios operativos
A pesar de los daños en la mampostería, como se llama a los muros construidos con ladrillos y mortero, y el desalojo de la mayoría de los residentes, correspondiente a las 11 familias de las 17 totales, la estructura mantiene operativos sus servicios fundamentales.
El agua por tubería fluye con regularidad, el tanque subterráneo se encuentra funcional y el sistema de bombeo opera durante el día para abastecer a quienes habitan los pisos superiores o a los vecinos que acuden a verificar sus viviendas.
De acuerdo con Pedrosa, la red eléctrica y el cableado interno no sufrieron averías. Mientras que el suministro de gas doméstico continúa por medio de la distribución de bombonas coordinada con el consejo comunal.
El docente agregó que antes las bombonas se entregaban dentro del edificio, pero debido a los daños el punto de recolección se trasladó a las afueras por medidas de seguridad. “Contamos con todos los servicios, en ningún momento nos los quitaron”.
Vigilancia vecinal contra saqueos
En las cuatro viviendas desalojadas de los primeros niveles permanecen todos los muebles, electrodomésticos y pertenencias de sus dueños. Hace dos semanas se registraron varios intentos de hurto en el lugar, por lo que la comunidad se organizó para resguardar los inmuebles desocupados ante posibles robos o invasiones.
Este esfuerzo comunitario responde a la falta de patrullaje permanente en la zona. Carlos, residente del piso cinco, se instaló en un local comercial de la entrada principal para vigilar el acceso durante las noches y alertar a la comunidad ante cualquier irregularidad.
“En las noches han intentado meterse varias veces. El señor Carlos está pendiente abajo. Él sale con un palo, pega gritos y alerta a la gente para que no se metan”, narró.
Entre grietas, paredes derrumbadas y constantes traslados de un extremo a otro de la ciudad, los vecinos del edificio Santa Margarita continúan a la espera de una solución concreta por parte de las autoridades para tramitar los permisos, ejecutar las reparaciones estructurales y retornar a sus hogares.
