Con 10 leyes sancionadas antes del receso parlamentario, la gran prueba de la AN para lo que resta de 2026 radicará en destrabar el rezago acumulado en materia social, servicios públicos y protección al poder adquisitivo. Todas estas materias continúan como las asignaturas pendientes.
Caracas. Durante los primeros siete meses del año legislativo, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, concentró su labor en la reconfiguración económica y la distensión política, en un contexto marcado por los sucesos posteriores al 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro.
Con un total de 11 leyes sancionadas (1 durante el receso parlamentario) que apuntan a la reactivación productiva, un cumplimiento aproximado de 37 % de su meta anual de 29 proyectos y ocho códigos, el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez ha priorizado la flexibilización comercial y la atracción de capitales extranjeros, antes rechazados. Por lo que un grueso de promesas de campaña están en condición de pendiente.
A continuación, presentamos las claves del trabajo de la AN durante este primer semestre del año:
El motor económico como eje central
De las normativas aprobadas en este lapso, el bloque económico, comercial y productivo ocupó el espacio central de las discusiones. El objetivo fundamental ha sido reformar marcos legales con años de antigüedad para incentivar el intercambio comercial y propiciar el retorno de inversionistas extranjeros.
Destacan la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con 35 artículos orientados a adaptar y proponer nuevos esquemas de negocio que faciliten la atracción de inversiones internacionales en la exploración y explotación de crudo. A esta se sumó la Ley Orgánica de Minas, con la que se proponen dinamizar la actividad no aurífera bajo fiscalización estatal.
Además, el Parlamento sancionó normativas específicas para blindar la cadena de valor de rubros tradicionales de exportación y consumo interno con la Ley para el Fomento y la Promoción del Café y la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano.
Se sumó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos con la que el Gobierno encargado apunta a la desburocratización de procesos.
Por la “convivencia democrática”
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada el pasado 19 de febrero, se erigió como uno de los instrumentos políticos más sensibles y debatidos del primer semestre legislativo.
Se concibió formalmente como un “puente” institucional tras los eventos de enero. Entre sus resultados resalta la apertura de espacios políticos, la excarcelación de más de 8000 personas sometidas a medidas cautelares, restricciones impuestas por un juez sin prisión, y la libertad plena de unos 314 detenidos por motivos políticos, según cifras oficiales que difieren de los registros de varias ONG.
Sin embargo, la norma también ha concentrado severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores. Ambos cuestionan la falta de transparencia en su aplicación, la exclusión de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos y el riesgo de consagrar la impunidad bajo un enfoque selectivo que, a su juicio, priorizó la conveniencia política sobre la justicia integral y la reparación a las víctimas.
La agenda del Legislativo también contempló instrumentos orientados a la reorganización institucional y la pacificación política del país. En ese marco, y con la presencia de autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se sancionó la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. El instrumento está orientado a normar las competencias y optimizar los protocolos de actuación policial y la cadena de custodia de evidencias.
El paquete legislativo incluyó también la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la Ley de la Cruz Roja Venezolana y la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Las promesas incumplidas y la «ley engavetada»
Pese al despliegue en materia económica la agenda legislativa inicial, que abarcaba desde regulaciones tecnológicas como la protección de menores en redes sociales hasta códigos integrales en salud y poder popular, sufrió retrasos sustanciales marcados por la discusión de temas coyunturales.
Uno de los temas dejados atrás es el del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, planteado inicialmente como urgente para proteger el salario de los trabajadores por la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Aunque aprobada en primera discusión el 22 de enero, fuentes parlamentarias consultadas confirmaron que fue engavetada. Por eso dudan que llegue a su promulgación durante la segunda parte del 2026.
Siguen sin ver luz tampoco leyes fundamentales en materia de servicios públicos y economía digital. Entre esas destacan proyectos para la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y Telecomunicaciones. También de uso racional de la energía, derechos digitales, una normativa sobre Inteligencia Artificial, así como los textos sobre Propiedad Industrial, pesca y el Comité de Exportación e Importación.
La legislación coyuntural
En un país marcado por imprevistos y sobresaltos, la discusión legislativa no escapó a esa realidad. Sus temas vivieron giros importantes con el devenir de los acontecimientos que han marcado este primer semestre de 2026, que inició con una invasión extranjera para concretar la captura del depuesto presidente y cerró con un doble terremoto que cobró la vida de más de 6.500 personas, según datos oficiales.
En ese contexto, la AN debió plantear inicialmente un discurso inicial en el que exigían la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que se moderó hasta virar a la recuperación económica y la apertura al capital extranjero.
Hacia el cierre de este primer semestre la AN se vio obligada a dejar de lado el tema político y volver el foco a lo social con dos leyes que se enmarcan en la respuesta habitacional que el Gobierno ofrece a las más de 20 mil familias damnificadas por los terremotos.
Las leyes del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda y la de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, en reemplazo a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, fueron las dos normas que el Parlamento elaboró para atender la emergencia. La última de ellas fue aprobada en medio del receso parlamentario.
Avances de la negociación
A la par de estos sucesos, la negociación política derivó en avances concretos al aprobarse en primera discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La iniciativa amplía a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales. Además, otorga mayoría a la sociedad civil con 12 voceros frente a 11 parlamentarios.
Presentada por el primer vicepresidente Pedro Infante y respaldada por la fracción opositora a través del diputado Luis Florido, la medida concreta los acuerdos del diálogo suscritos el 12 de agosto bajo la conducción de la encargada de Ejecutivo, Delcy Rodríguez.
Pese a los consensos, Jorge Rodríguez enfatizó en que la designación final de la totalidad de los magistrados del máximo tribunal corresponderá con exclusividad al actual Parlamento.
Ante el balance, la gran prueba para lo que resta de 2026 radicará en destrabar el rezago acumulado en materia social, servicios públicos y protección al poder adquisitivo, materias que continúan siendo las asignaturas pendientes del Parlamento.
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