El acuerdo petrolero a 25 años entre Venezuela y EE. UU. promete inyectar 100.000 millones de dólares en 17 campos de la Faja del Orinoco. Tras las cuestionadas gestiones de Alejandro Betancourt, economistas advierten que la viabilidad del pacto depende de leyes claras y años de trabajo.
Caracas. Un giro de 100.000 millones de dólares: Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo energético a 25 años que desmantela dos décadas de retórica antiimperialista del chavismo.
Con la promesa de desarrollar 17 campos en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona del oriente venezolano rica en depósitos de crudo pesado, y la meta de explotar 65.000 millones de barriles, cifra equivalente al 21,38 % de las reservas certificadas de la nación, la alianza busca disparar la producción nacional y redefinir el mercado de los hidrocarburos.
Este pacto, sin embargo, evoca para analistas e historiadores las polémicas concesiones extranjeras del gomecismo, al reactivar el viejo debate sobre la soberanía petrolera y la dependencia externa. En un contexto donde el recuerdo de aquellas entregas territoriales y fiscales contrasta con la urgencia actual de revertir el colapso productivo.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales el 28 de agosto, respaldado posteriormente en un video transmitido la noche del 29 de agosto, encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, calificó el convenio como “histórico” y destacó que proyecta “más de 209.000 millones en impuestos para el Estado”.
“Esta iniciativa es resultado del fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Facilitará un importante flujo de inversiones orientadas a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”, expresó.
Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que se trata del acuerdo más vasto de la historia global y afirmó que con él se duplican las reservas petroleras de Estados Unidos, lo que permitirá abaratar los precios de la gasolina para sus ciudadanos a largo plazo.
No obstante, hasta la fecha el Departamento de Energía de Estados Unidos no ha emitido un comunicado técnico detallado que certifique el impacto real sobre sus reservas estratégicas domésticas, los inventarios gubernamentales destinados a garantizar el suministro ante emergencias.
Soberanía bajo la lupa
Analistas historiadores y consultores políticos, cuestionaron el anuncio en plataformas digitales señalando una abierta contradicción ideológica.
Analistas en geopolítica subrayaron en X que el viraje hacia EE. UU. quiebra dos décadas de retórica antiimperialista chavista. Pues esa narrativa calificaba a Washington de principal enemigo y denunciaba el despojo por multinacionales.
Asimismo, compararon este esquema con las concesiones otorgadas a principios del siglo XX bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, al argumentar en el debate público que se regresa a un modelo de cesión de recursos a corporaciones extranjeras a cambio de ingresos fiscales inmediatos y sostén político, esquema que la denominada Revolución Bolivariana juró erradicar de manera definitiva.
Para el economista Luis Vicente León, el convenio debe analizarse con prudencia, pues aún no se determina si constituye un proyecto viable o una estrategia política.
“Conseguir las decenas de millardos de dólares para levantar este proyecto no es soplar y hacer botellas. Pero tampoco se puede descartar como puro show, porque existe un interés evidente tanto nacional como del sector privado americano, con una reserva estratégica en mínimos y gasolina cara antes de un proceso electoral”,
precisó.
El analista sostuvo que Venezuela requiere con urgencia ingresos petroleros para atender la crisis actual. A su juicio, la única vía efectiva es captar inversión extranjera a la brevedad.
“Cuando los incentivos se alinean así, lo declarativo puede volverse real. Está por verse”, indicó.
Promesa frente a realidad
En palabras del especialista, el desembolso proyectado para estos 17 yacimientos, mayoritariamente greenfields, término utilizado en los negocios para designar terrenos o proyectos totalmente nuevos donde no existe infraestructura previa, ubicados en la Faja Petrolífera, no se limita a la perforación.
Esto exige, por el contrario, una reconstrucción integral de plantas mejoradoras, sistemas de dilución, redes de oleoductos y terminales de almacenamiento. Todo con un énfasis crítico en la generación eléctrica propia.
Esta nueva infraestructura energética, advierte, no solo sostendrá la operación, sino que reconfigurará el entramado social y económico de las zonas anfitrionas. En paralelo, prevé la llegada de proveedores de servicios, talleres metalmecánicos, logística de transporte, obra civil. Es decir, nuevas fuentes de empleo y, como efecto arrastre, el regreso de profesionales y técnicos que habían migrado en busca de otras oportunidades.
“Una inversión de este tipo en 17 campos, buena parte de ellos greenfield en la Faja, obliga a reconstruir mejoradores, sistemas de dilución, oleoductos, terminales y, sobre todo, generación eléctrica dedicada. Esa infraestructura energética transformará la dinámica de las regiones donde se instale. A la par vendrán servicios, metalmecánica, transporte, construcción, empleo y el retorno de talento”, explicó.
El analista lanzó, no obstante, una advertencia de fondo: la producción de crudo extrapesado no responde a inyecciones de capital inmediatas, sino a un proceso de maduración que se extiende entre cinco y diez años.
En ese sentido, subrayó que el monto anunciado debe leerse más como una declaración de intenciones que como una transferencia efectiva y ejecutable en el corto plazo. Esto aleja cualquier expectativa de resultados rápidos en los volúmenes de bombeo.
“El crudo extrapesado tarda entre cinco y diez años en madurar; el capital anunciado es una intención, no un desembolso inmediato”, advirtió.
La urgencia de inversiones
Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros considera que, dada su magnitud, el pacto entre Caracas y Washington no puede considerarse un hecho menor.
“Venezuela necesita un gran volumen de capital para recuperar su industria petrolera, además de tecnología, empresas con capacidad de ejecución y acceso estable a los mercados. En ese proceso, por razones económicas, geográficas e históricas, Estados Unidos está llamado a jugar un rol fundamental”,
señaló.
Oliveros dejó interrogantes sobre la viabilidad de los anuncios, al diferenciar la promesa de fondos de su concreción real en pozos, infraestructura y producción.
“Hablamos de inversiones que requieren años para consolidarse y que demandan condiciones que a Venezuela le ha costado garantizar: reglas claras y previsibles en el tiempo. Se necesita seguridad jurídica, contratos respetados, mecanismos de arbitraje e institucionalidad independiente del gobierno de turno en Caracas o Washington”, advirtió.
Competitividad y carga tributaria
El consultor empresarial planteó un escenario de competencia feroz por los recursos globales. Aunque Venezuela cuenta con petróleo en el subsuelo, su extracción requiere inversiones cuantiosas que hoy compiten con otras regiones del mundo.
En ese contexto, alertó que la carga fiscal que se imponga al sector resulta determinante. Pues, ante el persistente nivel de riesgo país, un esquema tributario excesivo podría desincentivar el desembarco de capitales y convertir en inviables proyectos que, desde una evaluación técnica inicial, ofrecen indicadores atractivos.
“Venezuela debe ser altamente competitiva. El petróleo está en el subsuelo, pero extraerlo exige un capital que tiene múltiples alternativas a nivel global. Ante el nivel de riesgo que aún presenta el país, fijar una carga fiscal excesiva podría hacer inviables proyectos que en el papel lucen atractivos”, expresó.
Por ello, calificó el momento como una coyuntura de peso y reconoció que una eventual alianza energética con EE. UU. podría desencadenar efectos altamente positivos para el país. Aunque matizó el optimismo al recordar que el anuncio oficial no pasa de ser el primer eslabón de un proceso mucho más extenso, en el que aún restan definir condiciones operativas, plazos y garantías que terminen de dar forma a la iniciativa.
“Es una oportunidad relevante y una alianza energética con Estados Unidos puede generar efectos muy positivos. Pero el anuncio es solo el comienzo”, afirmó.
Oliveros concluyó que “lo verdaderamente determinante será definir bajo qué reglas se actuará, quién aportará el capital, cómo se protegerá la inversión y qué instituciones se construirán para que el petróleo sostenga una economía estable y no genere únicamente otro ciclo de ingresos extraordinarios”.
Cifras y metas oficiales
En alusión indirecta a los cuestionamientos públicos del pacto que ni siquiera fue discutido por la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez sostuvo que la negociación beneficia a ambas partes. Al respecto alegó que Venezuela mantendrá la soberanía y la propiedad sobre sus recursos energéticos.
“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresarán directamente a nuestro país”, adujo.
Asimismo, reveló que la producción petrolera nacional aumentará en unos 1.500.000 barriles a futuro, acercando al país a sus máximos históricos de 3.000.000 de barriles diarios registrados en la década de 1990. Esta proyección requiere evaluar la capacidad operativa real de la industria tras años de deterioro infraestructural.
Respecto a los ingresos públicos, la funcionaria detalló que se fijarán regalías mínimas, el pago obligatorio que realizan las petroleras al Estado por extraer sus recursos naturales, de 16 % sobre las operaciones y un impuesto sobre la renta de 34 %.
Economistas y tributaristas señalaron en redes que las condiciones fiscales son más flexibles que en estatizaciones previas. De modo que se equiparan a los términos de la Apertura de la década de 1990. Ese modelo, que el oficialismo fustigó en su discurso público, ahora reaparece en el pacto.
El operador tras bastidores
Medios internacionales como Bloomberg y El País de España, identificaron al empresario Alejandro Betancourt como el negociador clave por Caracas. Su reaparición en la esfera energética se produjo en 2026, tras la captura de Maduro por EE. UU.
Betancourt es conocido por sus nexos con el oficialismo desde la gestión de Hugo Chávez. Es fundador de Derwick Associates, firma que obtuvo al menos 11 contratos sin licitación, valorados en unos 5000 millones de dólares, para construir plantas termoeléctricas durante la emergencia decretada en 2010.
En su momento, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela calculó sobreprecios cercanos a los 2.900 millones de dólares en dichas contrataciones. Varias de estas instalaciones quedaron inoperativas y nunca funcionaron, lo que profundizó el deterioro del sistema eléctrico actual.
De acuerdo con El País, el empresario asesora a Delcy Rodríguez en tres áreas sensibles: la reactivación petrolera, la minería y la reestructuración de la deuda, el proceso de negociación para modificar los plazos y condiciones de pago de los préstamos internacionales del país.
Paralelamente, fuentes cercanas a la Administración de Donald Trump señalan que este mismo actor opera como un enlace estratégico en las sombras. Para esto, aprovecha su profundo conocimiento del negocio energético bilateral para lubricar canales de comunicación oficiosos entre Caracas y Washington.
Para analistas y voces críticas, el verdadero desafío se ubica en la fase posterior al anuncio. El éxito o el fracaso de esta millonaria iniciativa descansa en dos variables concretas y exigentes: un marco legal que otorgue certezas a los inversionistas y una capacidad técnica operativa que demuestre en los hechos que Venezuela está en condiciones de sostener una producción competitiva a largo plazo.
De lo contrario, el multimillonario paquete energético corre el riesgo de quedarse en un simple ejercicio de relaciones públicas.
