Para Luis Izquiel, abogado y criminólogo experto en seguridad, la eliminación de puntos fijos es insuficiente si no va acompañada de una depuración profunda en los cuerpos policiales. A su juicio, sin supervisión institucional ni mejoras salariales, la corrupción podría migrar de las alcabalas al patrullaje.
Caracas. Prometida como una solución para erradicar los abusos y profesionalizar la función policial, la eliminación de alcabalas fijas en las ciudades vuelve a la palestra pública tras el anuncio realizado el 25 de agosto pasado por la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez.
Sin embargo, al limitar la medida al perímetro urbano y omitir las vías interurbanas, aquellas que conectan distintas ciudades, y las carreteras troncales, la disposición deja estos tramos bajo un limbo normativo.
Ante la falta de un marco legal claro, surge la incertidumbre sobre la vigilancia en las rutas nacionales, señaladas con frecuencia como escenarios de extorsión y abusos de poder.
En entrevista con Crónica Uno, el abogado y criminólogo, especialista en la conducta criminal y los sistemas de seguridad, Luis Izquiel analiza las implicaciones de esta orden oficial.
El especialista advierte que eliminar los puntos fijos es insuficiente si no se ejecuta una depuración profunda, un proceso de sanción y expulsión de funcionarios corruptos, en los cuerpos de seguridad. A su criterio, sin una supervisión institucional efectiva ni salarios dignos, la corrupción simplemente migrará de las alcabalas al patrullaje continuo.
— La encargada del Ejecutivo anunció la eliminación de las alcabalas policiales en áreas urbanas sin hacer mención de los puntos de control en las carreteras. ¿Esta delimitación deja desprotegidas las rutas troncales e interurbanas —como la vía hacia Táchira—, convirtiéndolas en «zonas grises» propensas a la extorsión?
— El anuncio de la presidenta interina tiene que ver con las alcabalas en las ciudades, dijo ella. Por lo tanto, uno podría entender que las alcabalas en las carreteras del país están exentas de esta medida y quedarían vigentes. Pero eso estaría por verse porque, más allá del anuncio, no hay un instrumento legal todavía publicado. Uno puede presumir del anuncio que sí, que las alcabalas policiales y militares de las carreteras del país van a quedar activas.
Y esto es preocupante porque, si bien es cierto que las alcabalas urbanas habían sido objeto de denuncia, de corrupción, de casos de extorsión por parte de funcionarios policiales, no es menos cierto que también en las carreteras hay múltiples denuncias, sobre todo de productores agropecuarios que también son objeto de casos de corrupción y extorsión en esas alcabalas de las carreteras de Venezuela.
— ¿Cuál es la línea divisoria entre una «alcabala fija», un «punto de control itinerante» y un «operativo especial»? ¿Puede la ambigüedad de estos términos permitir que los funcionarios sigan incurriendo en irregularidades?
— Habría que ver cuál es la supervisión de la aplicación de esos anuncios en la realidad. Porque en 2021 se había anunciado también, por parte de Nicolás Maduro, la eliminación de las alcabalas y después no se ejecutó en la realidad.
Y ver si de alguna forma esas alcabalas son montadas por funcionarios policiales que no acaten, pues, vamos a decir, esas instrucciones de eliminación de las alcabalas. Por otra parte, yo diría que el problema de fondo en Venezuela es la falta de depuración profunda en los cuerpos de seguridad del país.
Creo que no causa mucha tranquilidad el hecho de que saquen funcionarios policiales que montaban alcabalas y que cometían actos de corrupción, actos de extorsión y ahora los pongan a patrullar. Sea a pie, en moto, bicicleta o en carro. Si cometían actos de corrupción y extorsión en las alcabalas, no hay ninguna garantía de que no lo hagan también en el patrullaje.
— ¿Cuáles son las ventajas y desventajas criminológicas de desmontar las alcabalas en el contexto actual?
Desde el punto de vista técnico de la seguridad ciudadana, está demostrado que las alcabalas tienen menos efectividad en la prevención del delito que el patrullaje constante. Desde ese punto de vista ganaríamos si se aplica un patrullaje efectivo. Gana la ciudadanía en el hecho de que eliminen estos puntos de corrupción, puntos de extorsión en los cuales se atentaba constantemente contra los venezolanos, sobre todo para quienes viven en las ciudades donde está circunscrita la eliminación.
Desde el punto de vista operativo de las policías, las alcabalas seguramente no serán eliminadas del todo, ¿por qué? Porque hay circunstancias donde son necesarias, ¿me explico? En situaciones coyunturales.
Si se comete un robo o un secuestro en una urbanización de una ciudad de Venezuela y hay testigos que vieron eso y lo denunciaron, allí procede un sistema de alcabalas que sirva de cerco con respecto a esos delincuentes que cometieron un delito en determinado municipio o determinado territorio. Serían alcabalas coyunturales que atiendan específicamente la comisión de un hecho delictivo.
— ¿En qué se diferencia esta orden de los anuncios del pasado?
— Este anuncio tiene otras características por las circunstancias que está viviendo este país después del 3 de enero de este año. Ahorita hay más probabilidades de que esto se termine cumpliendo, por lo menos en mayor medida que anuncios del pasado.
Si nos vamos al incumplimiento que venía ocurriendo aquí de instrumentos legales y de anuncios, primero tenemos que en el 2021 se había anunciado la eliminación de las alcabalas y eso no se hizo efectivo. Ya hay un precedente en ese sentido.
Por otra parte, hay resoluciones vigentes que trataron de minimizar el hecho de que en estos puntos de control o alcabalas se cometieran actos de corrupción, actos de extorsión. ¿Me explico? Hay varias resoluciones. Creo que la última también es del año 2021, conjunta entre Ministerio de Interior y Defensa, donde se regula cómo se debe montar una alcabala policial.
— ¿Por qué las medidas anteriores fracasaron en su intento de erradicar la extorsión policial?
— Los funcionarios policiales deben cumplir con algunas condiciones y elementos para montar una alcabala. Entre ellos, por ejemplo, tenía que estar permisada por la ZODI del lugar. También tener un aviso luminoso antes de la alcabala que indicara el cuerpo policial al que pertenecían esos funcionarios. Pero esa resolución en las calles del país no se estaba cumpliendo, porque muchos policías montaban las alcabalas como les daba la gana.
Por otra parte, la ley del servicio de policía enseña a que todos los funcionarios que monten alcabalas o que estén en las calles del país deben estar identificados. El nombre debe estar en el uniforme. Y resulta que nosotros veíamos alcabalas donde muchos funcionarios estaban encapuchados y no tenían ningún nombre visible.
En los artículos 191 y 193 del Código Orgánico Procesal Penal, el denominado COPP, se establecen cuáles son las condiciones en las cuales los funcionarios de policía pueden requisar a una persona o un vehículo, sobre todo en relación a los objetos provenientes de un delito. Nada de eso se cumplía y en las alcabalas sencillamente revisaban a quien les daba la gana sin expresar el motivo. También, según señalaban muchos ciudadanos, los policías les preguntaban a qué se dedicaban con la intención de extorsionarlos dependiendo de su oficio o profesión.
— ¿Qué hace falta en el contexto actual para que este tipo de medidas tenga una aplicación efectiva?
— Voluntad política y la supervisión de los Estados Unidos en todo este tipo de medidas. Es probable que ahora sí haya más posibilidades de cumplimiento y que no termine siendo algo que se pierda en el aire como en ocasiones pasadas.
Aunque la eliminación de las alcabalas en las ciudades va a ser bien recibida por la ciudadanía, no es menos cierto que el problema de fondo todavía está vivo después de esta medida por la cantidad de funcionarios que desvían su conducta y atentan contra los ciudadanos en vez de protegerlos. Y mientras no se haga una depuración profunda en los cuerpos policiales van a seguir esos individuos allí con la posibilidad de atentar contra los ciudadanos.
Además de eso, la reforma de las policías pasa por una mejor formación del funcionario que se gradúa y sale a las calles. Por una mejora de salario y una dotación de elementos operativos tecnológicos que sirvan para la actividad policial que hoy día está bastante precaria.
— ¿Qué rol debe asumir el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para garantizar que la sustitución por patrullaje no se traduzca en las irregularidades ya conocidas?
— Todo lo que ocurría en las alcabalas del país en parte era culpa de la impunidad. Es decir, ¿cuántas denuncias hay en las redes sociales de personas que han sido extorsionadas, asaltadas inclusive por parte de funcionarios policiales en alcabalas del país? Muchísimas. ¿Cuántas de esas denuncias fueron investigadas y fueron tramitadas judicialmente? Muy pocas. O sea, la impunidad era gigantesca. Entonces, si no actúan las instituciones del sistema de justicia contra los funcionarios corruptos, esa depuración necesaria va a ser más dificultosa.
Y eso va a seguir siendo un incentivo para que los funcionarios policiales sigan atentando contra los ciudadanos. Entonces, claramente se impone que las instituciones del sistema de justicia actúen contra los funcionarios corruptos, sean policiales o militares. Y que haya los controles internos en esas instituciones, es decir, que cuando se reciban denuncias ciudadanas administrativas, dentro de las propias instituciones policiales, también sean tramitadas.
