Especialistas en materia energética y de hidrocarburos, consultados por Crónica Uno, coinciden en que este paquete normativo es un paso importante porque otorga predictibilidad y seguridad jurídica a las multinacionales.
Caracas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) otorgó a Venezuela una ampliación y actualización de su paquete de licencias y excepciones sustanciales.
Aunque estas medidas permitirán a las industrias petrolera, petroquímica y minera seguir con las operaciones con corporaciones transnacionales, Washington blindó el control de los acuerdos: todos los contratos firmados bajo este esquema deberán interpretarse de conformidad con las leyes estadounidenses.
Esta condición establece, además, que cualquier controversia, litigio o disputa legal que involucre al Gobierno venezolano, a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o a la estatal Minerven, deberá ser resuelta exclusivamente en tribunales de EE. UU., el Reino Unido, Francia o Singapur.
El nuevo estamento normativo incorpora las licencias generales 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A. Estos instrumentos reemplazan las versiones emitidas a principios de año e introducen regulaciones estrictas sobre los flujos financieros y operativos de las empresas autorizadas.
Apertura comercial
Uno de los aspectos más significativos de la actualización es que las empresas estadounidenses establecidas en el país, antes del 29 de enero de 2025, recibieron luz verde para participar activamente en la comercialización, transporte y exportación de crudo venezolano, así como de productos petroquímicos, con destino directo a EE. UU.
Con esta autorización la estatal Pequiven y sus empresas mixtas ganan margen de maniobra para negociar contratos de exportación en sus tres grandes líneas de negocios: fertilizantes, olefinas, resinas plásticas y productos químicos industriales.
Para el sector, esto representa una ventana de colocación para bienes terminados que se procesan a partir de materias primas nacionales como el gas natural, el azufre de las refinerías, la sal común y la roca fosfática.
Renovación de operaciones
La licencia general 50B ratifica la autorización para que las trasnacionales Chevron, Repsol, Shell, ENI, Maurel & Prom y BP continúen con sus operaciones en territorio venezolano y mantengan el desarrollo de los proyectos conjuntos de petróleo y gas que sostienen con Pdvsa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) renovó dos permisos operativos críticos para el mercado interno:
- Licencia 47A: Autoriza la importación de diluyentes estadounidenses a Venezuela, vitales para mezclar y movilizar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.
- Licencia 48B: Habilita el suministro de tecnología, software, equipos y servicios de mantenimiento destinados a las áreas petrolera, petroquímica y al deteriorado sistema eléctrico nacional.
Con esta última disposición, la industria local accede a componentes e insumos indispensables para los procesos de refinación en los complejos refinadores del país, lo que apunta a estabilizar el suministro doméstico de combustibles como la gasolina y el gasoil.
Oro bajo la lupa de la OFAC
Las medidas del Tesoro norteamericano no se limitan a los hidrocarburos. A través de la licencia general 54A (en coordinación con la directriz regulatoria 1B), la OFAC flexibilizó las operaciones de la minería venezolana, incluyendo la explotación de oro. El instrumento permite la exportación, transporte, procesamiento y los servicios logísticos asociados a este sector.
Sin embargo, el desbloqueo minero viene acompañado de un estricto cerco de control:
- Prohibición de nuevas alianzas: La OFAC prohíbe taxativamente la constitución de nuevas empresas mixtas o joint ventures para explorar o explotar nuevos yacimientos.
- Cuentas custodiadas: Los pagos financieros destinados a las entidades estatales bloqueadas no ingresarán a las cuentas corrientes ordinarias del BCV o Minerven; deberán ser depositados en cuentas específicas y restringidas bajo la instrucción del Tesoro estadounidense (como el Foreign Government Deposit Funds), exceptuando los fondos destinados al pago de tasas locales, permisos e impuestos obligatorios en Venezuela.
- Veto geopolítico y reportes: Se veta cualquier transacción o negocio que involucre a actores de Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte o corporaciones bajo control de la República Popular China. Además, las operadoras deberán consignar reportes de cumplimiento e inventario ante la OFAC cada 90 días.
Certidumbre económica
Especialistas en materia energética y de hidrocarburos, consultados por Crónica Uno, coinciden en que este paquete normativo es un paso importante porque otorga predictibilidad y seguridad jurídica a las multinacionales. No obstante, sostienen que el escenario idóneo para una recuperación estructural pasa por el levantamiento definitivo de las sanciones.
“Para Chevron, BP, Shell o cualquier otra petrolera extranjera, las condiciones de la OFAC son muy convenientes porque protegen sus inversiones. Pero lo que estas corporaciones exigen a largo plazo para enterrar capitales frescos es estabilidad política, algo que solo se logrará mediante una transición democrática institucional”, afirmó el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano.
Por su parte, otro analista del sector energético, quien prefirió resguardar su identidad, advirtió sobre el costo político subyacente que implican estas licencias para el Estado venezolano.
“El principal punto crítico es la cesión de soberanía jurídica, ya que los contratos con PDVSA deben regirse por leyes y tribunales estadounidenses. Así, Venezuela recupera operatividad técnica a cambio de delegar su marco legal, configurando una soberanía fragmentada: el Estado administra el recurso en el subsuelo, pero Washington controla el permiso y la legalidad para comercializarlo”, explicó el experto.
El especialista concluyó que, para superar este esquema de tutelaje administrativo extranjero, es fundamental un proceso de normalización política en Venezuela. “Un gobierno que cuente con plena legitimidad de origen y con el reconocimiento de la comunidad internacional será el único capaz de materializar un levantamiento completo y soberano de las sanciones”.
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