Aunque la Federación Venezolana de Maestros registró 80% de acatamiento nacional, en las escuelas de la capital la asistencia fue parcial. Profesores y sindicatos denunciaron presencia policial y amenazas de despidos para obligar el reinicio de las actividades.
Caracas. Las puertas de un preescolar en Carapita, al oeste de Caracas, se quedaron cerradas este miércoles, 10 de junio. Los siete docentes de la institución se sumaron al paro nacional convocado por el gremio educativo en reclamo de sueldos dignos. Los niños no asistieron.
En los pasillos de la educación inicial solo se encontraban dos de los cinco obreros que trabajan en el plantel. A pesar de la suspensión de las actividades, los representantes del sector manifestaron su apoyo a la decisión del personal docente.
”Claro que hay miedo, pero necesitamos mejores salarios. Somos quienes educan y preparan a las distintas generaciones”, dijo una de las docentes a Crónica Uno.
Sin embargo, el área de educación básica de la misma institución cumplió con sus funciones. La totalidad de los maestros asistió a las aulas. Aunque la molestia por las condiciones económicas es generalizada, la necesidad familiar pesó más que la protesta.
La directora de la institución señala que muchos de estos educadores son jefes de hogar y prefirieron no arriesgarse ante posibles sanciones administrativas o la suspensión definitiva de sus sueldos por parte del Ministerio de Educación, ya que fueron hostigados días previos.
80 % se cumplió
La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, informó que la convocatoria de paro nacional se cumplió en 80 % en todo el país y el alcance de la medida responde también al respaldo de los padres y representantes, quienes decidieron no enviar a sus hijos a los colegios como muestra de apoyo al reclamo laboral.
”El magisterio está en descontento. No hay reivindicaciones laborales, no reconocen nuestro trabajo y esto es un llamado al Ejecutivo”, sentenció Márquez.
La jornada de este miércoles forma parte de una agenda de conflicto que el sector educativo mantiene activa desde el mes de marzo. Durante estos meses, los educadores realizaron dos paros anteriores de 24 horas y movilizaciones de calle hacia distintas sedes de las instituciones del Estado.
En esta ocasión, los motivos centrales de la paralización se concentran en la discriminación en el pago del bono de responsabilidad y la exigencia de un sueldo mínimo real. Los sindicatos denuncian que la política de bonificaciones del Ejecutivo no incide en el cálculo de las vacaciones, los aguinaldos ni las prestaciones sociales, lo que deja a los trabajadores sin protección financiera real.
Hostigamiento y miedo
En un recorrido realizado por Crónica Uno, en centros educativos de Caracas, se constató que el temor a las sanciones institucionales frenó a parte de los educadores. En un plantel de La Vega solo asistieron seis de los 12 docentes que integran la nómina.
Sandra Marcano, directora de la Escuela Nacional Los Naranjos, explica que en su institución algunos maestros decidieron no laborar. Detalla que en las aulas donde los titulares faltaron, los estudiantes que asistieron debieron ser reubicados en otros salones para garantizar su atención y resguardo dentro de la escuela.
El panorama en otras zonas evidenció denuncias directas de presiones. En Carapita la directiva de un plantel asegura que las actividades se desarrollan en normalidad y advierte que quienes se quedaron en sus casas deben justificar la ausencia, bajo el argumento de que cada acción puede generar consecuencias.
Márquez denuncia que desde el martes, 9 de junio, se registró la presencia de cuerpos policiales en los alrededores de varias escuelas, además de amenazas de despidos por parte de supervisores y directores, factores que condicionaron la asistencia del personal en la capital.
20 universidades en paro
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, dijo que 20 universidades públicas del país acompañaron la paralización de actividades de este miércoles.
Señaló que la medida refleja el descontento que comparten profesores, empleados y obreros de la educación superior ante la realidad salarial.
Afonso indica que en esta oportunidad el personal universitario dejó de lado el temor a las sanciones para enviar un mensaje directo a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria, con el fin de exigir una mesa de diálogo que evalúe salarios reales y ajustados al costo de la vida.
”No hubo represión hacia los profesores y obreros porque sencillamente no acudimos a las aulas. Esto es una manera de enseñar a los jóvenes que la ciudadanía se ejerce”, puntualiza.
Lea también:
Escasez de vacunas esenciales aumenta riesgo de enfermedades prevenibles en niños y niñas
