Venezuela atraviesa una déficit de vacunas esenciales para niños, niñas y adolescentes. Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, explicó que reducir o retrasar dosis gestiona la escasez, pero no garantiza la protección ni el derecho a la salud.
Caracas. La escasez de vacunas en el país amenza con afectar la salud infantil. Según expertos, la decisión del Ministerio de Salud de posponer refuerzos y reducir dosis es una medida que deja a la niñez vulnerable frente a enfermedades prevenibles.
La circular emitida por el Ministerio de Salud sobre la situación del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el plan oficial encargado de garantizar la vacunación gratuita de la población, no constituye una “optimización de las vacunas disponibles”, sino una estrategia institucional para administrar la escasez dentro del sistema público, afirmó Huniades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina.
El 29 de mayo pasado, las autoridades confirmaron que la escasez afecta vacunas obligatorias para niños, niñas y adolescentes, incluyendo BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y trivalente viral SRP, utilizada para prevenir sarampión, rubéola y parotiditis.
“Cuando el ministerio hace una circular donde dice que van a disminuir, eso no es administrar vacunas, eso es administrar la ineficacia, eso es administrar la escasez. Un Ministerio de Salud serio tiene que tener vacunas en cantidad y calidad”, alertó Urbina en entrevista con Crónica Uno.
El médico añadió que cuando el Estado empieza a ahorrar de esa manera, a costa de la salud de los niños y niñas es una irresponsabilidad, eso no es ninguna optimización.
Esta medida, insistió, pone en riesgo la cobertura vacunal efectiva y la salud infantil, ya que retrasar o reducir dosis compromete la protección frente a enfermedades prevenibles.
Administrar algo ineficiente
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, explica que la principal preocupación es que la medida parece orientada a gestionar una limitación de recursos y no a garantizar plenamente el derecho a la salud.
Desde la perspectiva de salud pública, disciplina que busca prevenir enfermedades y proteger a la población en su conjunto, la vacunación pierde eficacia si no se respetan los tiempos recomendados para cada dosis.
El abogado recordó que la niñez y la adolescencia tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y que el Estado tiene una obligación reforzada de protección. Esto significa que no basta con ofrecer alguna respuesta; debe ser suficiente, oportuna y accesible.
“Cuando las medidas adoptadas implican posponer la protección que necesitan los niños, existe un riesgo real de afectación de sus derechos”.
Asimismo, aseguró que una política de vacunación diseñada en función de la escasez siempre plantea interrogantes éticos, porque obliga a administrar riesgos que podrían evitarse.
Enfermedades prevenibles
Las autoridades sanitarias plantean la aplicación únicamente de primeras dosis de la vacuna SRP y recomiendan diferir el cumplimiento de la segunda dosis hasta que aumente la disponibilidad.
Urbina detalló que cuando una persona debe recibir tres dosis o dos refuerzos, la administración de una sola no garantiza una cobertura adecuada.
“La Organización Mundial de la Salud recomienda que para tener una buena cobertura vacunal debería tener el 95% de cobertura. Cuando hay una dosis en vez de dos, se llega a 45% de cobertura vacunal y la efectividad de poner no es la óptima”, explica el pediatra.
Para Urbina, la suspensión del refuerzo de la vacuna SRP ocurre en un contexto marcado por alertas sanitarias activas debido a brotes registrados en México, Canadá y Estados Unidos, tres países que recibirán una gran afluencia de personas con motivo del Mundial. Entre ellas habrá venezolanos, por lo que existe el riesgo de que el sarampión sea reintroducido nuevamente en el país.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Consecuencias colectivas
Trapani señaló que, a nivel individual, diferir las segundas dosis puede significar que un niño permanezca durante más tiempo con niveles incompletos de protección frente a determinadas enfermedades. Esto incrementa su vulnerabilidad en una etapa particularmente sensible del desarrollo.
El activista por los derechos de la infancia puntualizó que los programas de inmunización funcionan porque alcanzan altas coberturas dentro de la población. Cuando aumentan los retrasos, disminuye la inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de grupo, que se produce cuando una proporción elevada de personas está protegida frente a una enfermedad, y se incrementa el riesgo de brotes.
“Estamos hablando de enfermedades que pueden producir hospitalizaciones, secuelas permanentes e incluso muertes evitables. Por eso las coberturas de vacunación son consideradas un indicador fundamental de protección de la infancia”.
Trapani aseveró que la transparencia es una obligación vinculada al derecho a la salud y al acceso a la información pública. Sin datos epidemiológicos actualizados, información sobre la frecuencia, distribución y comportamiento de las enfermedades en la población, resulta imposible evaluar adecuadamente los riesgos, identificar brechas de cobertura o monitorear el impacto de las medidas.
“La transparencia es una condición para la confianza pública. Las personas toman decisiones sanitarias cuando cuentan con información oportuna. Cuando esa información desaparece, aumenta la incertidumbre y se debilita el control social”.
Nada sustituye al Estado
Las comunidades pueden documentar faltantes de vacunas y exigir respuestas a las autoridades. Sin embargo, ninguna de estas acciones sustituye la obligación estatal de informar. En materia de salud pública, la opacidad nunca protege; por el contrario, incrementa los riesgos.
Urbina recalcó que el Estado venezolano mantiene una mora financiera crónica que bloquea el suministro regular de cargamentos de vacunas.
”Tiene que solicitar a los organismos internacionales como la OPS, que aunque hace tiempo lo vienen haciendo, porque en Venezuela desde hace 4 años hay una deuda con el fondo rotatorio de vacunas, y si usted no paga, no le dan vacunas. Aún así la OPS dona vacunas, pero usted no puede poner la salud del pueblo en donación”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, coordina mecanismos de compra conjunta que permiten a los países adquirir vacunas a precios preferenciales.
El pediatra enfatizó en que el Estado debe cancelar la deuda pendiente y solicitar las dosis con suficiente antelación. La última vez que el doctor Jarbas Barbosa, representante de la OPS, se refirió a la deuda, esta ascendía a 17 millones de dólares. Debido a ese compromiso financiero, Venezuela no recibe la cantidad de vacunas que necesita.
Barreras geográficas
Urbina advirtió que, con el paso del tiempo, ha disminuido la cantidad de dosis administradas y que ahora, si no se reúne el número de pacientes requerido, las vacunas no se aplican.
A esto se le conoce como oportunidades perdidas, un término utilizado en salud pública para describir situaciones en las que una persona apta para vacunarse acude a un centro asistencial y no recibe la dosis correspondiente.
“Si el frasco trae 15 dosis, dependiendo de la que tenga, y solo hay tres niños, no se las pone, esa mamá no va a volver. Claro, hay que optimizar, pero usted no le puede decir a una señora que vive a 50 kilómetros de distancia, venga tal día para ver si se la ponemos»,
aclaró.
La situación puede afectar especialmente a familias que viven en zonas rurales o alejadas de los centros de salud, donde los costos de traslado y las dificultades de transporte reducen las posibilidades de regresar para una nueva cita.
Por eso, Trapani subrayó que existen brechas en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la infancia. La situación de las vacunas se suma a las dificultades de acceso a los servicios de salud, las limitaciones en la disponibilidad de información pública y las debilidades de las capacidades institucionales de protección.
“Los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria. En consecuencia, cualquier limitación que afecte el acceso oportuno a medidas esenciales de salud debe ser evaluada con el máximo nivel de exigencia”, dijo.
En tanto persistan las limitaciones en el suministro y la aplicación de vacunas, especialistas coincidieron en que el país seguirá expuesto al riesgo de retrocesos en la prevención de enfermedades que durante años pudieron mantenerse bajo control gracias a la inmunización sistemática.
