La confrontación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en el municipio del estado Falcón pasa factura a trabajadores por la suspensión de sueldos y salarios. 63 % de los afectados son mujeres.
Capatárida. 38 trabajadores quedaron fuera de la nómina de la Cámara Municipal de Buchivacoa, en el estado Falcón, tras una decisión tomada por el alcalde José Esteban Díaz Zavala (AD).
El altercado político-administrativo lleva más de un mes. El Ejecutivo municipal emitió un decreto el 4 de abril signado AB-12, donde es inminente el cierre técnico del cuerpo edilicio al exigir el ajuste de la nómina de empleados de 46 a 22.
Advertían que aun así podría ser ajustada la nómina a discreción de la autoridad municipal en caso de ser necesario.
Lo que había sido una advertencia se hizo realidad este 14 de junio cuando 38 de los 46 trabajadores no recibieron la primera quincena del mes, incluidos el secretario de la cámara, el administrador, el auditor interno y el analista de recursos humanos.
Solo quedan activos los siete ediles y el pago de un trabajador en calidad de jubilado.
La violación de la autonomía
El municipio Buchivacoa cuenta con una nómina unificada con 368 cargos públicos, incluidos el ayuntamiento, la contraloría municipal y la cámara.
La Ley del Poder Público Municipal en el artículo 88, aparte 7, menciona como una función expresa del Poder Ejecutivo la administración de recursos de personas, pero deja claro la imposibilidad de inmiscuirse en la administración de recursos humanos de otro poder como el Legislativo. Es deber del alcalde:
“Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y, en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los procedimientos administrativos establecidos en la ordenanza que rige la materia, con excepción del personal asignado al Concejo Municipal”.
Para Carlos Ferrer (VP), presidente de la cámara edilicia de Buchivacoa, es una arbitrariedad y una violación a la autonomía de la cámara como cuerpo colegiado.
El edil asegura que hará lo que sea necesario para hacer respetar la decisión del pueblo y defender a los trabajadores.
Violencia laboral
De los 38 trabajadores suspendidos, 24 son mujeres lo que representa el 63% de los empleados afectados.
Según reveló una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre La Violencia Laboral en Venezuela, en el marco del convenio 190 (2022), las mujeres resultan más afectadas en los casos de violencia en sus puestos de trabajo.
El informe establece que, en particular, las mujeres son quienes lo identifican en mayor medida, 83 % vs. 74 %, entre los hombres, quienes indicaron padecer o haber padecido situaciones violentas en sus espacios de trabajo.
Así indican los 38 trabajadores de Buchivacoa, que sienten el desprecio de otros colegas municipales ante tal situación.
Karelis Espluga es promotora social de la parroquia Capatárida por parte de la Cámara Municipal de Buchivacoa y una de las afectadas con la medida administrativa. Asegura que es objeto de desprecio y burla por parte de otros trabajadores municipales al conocer que les suspendieron los sueldos.
Espluga es madre de dos niñas y única responsable de su manutención: “No es fácil. Tengo unas niñas a quienes mantener”, dijo a Crónica.Uno.
Frabelis Acurero, secretaría de diversas comisiones de trabajo de la cámara edilicia, también resultó perjudicada con la medida.
La Alcaldía de Buchivacoa no nos ha dado la cara ante el perjuicio que ha hecho contra nosotros y el hecho de haber suspendido nuestros salarios”.
Este martes, los 38 trabajadores se trasladaron hasta la sede de la Inspectoría de Trabajo en el municipio Dabajuro e interpusieron su demanda. Esperan respuesta ante su solicitud lo antes posible.
Acuerdo de interpelación
La semana pasada los ediles, de mayoría opositora, interpelaron al mandatario municipal. Se pensaba que habían llegado al acuerdo del respeto por lo menos en lo que quedaba de 2024 para hacer los correctivos exigidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Pero eliminar la nómina una vez cargada no es un acto legítimo, explicaron. El exabrupto administrativo ha perjudicado a los trabajadores del cuerpo edilicio. “Estamos ante una clara violación de nuestra autonomía y no lo vamos a permitir”, sentenció el edil.
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