A una adolescente, de 16 años, le arrancaron las pestañas. Según el testimonio de su madre, a la joven la pusieron a dormir en un piso de piedras y un guardia le propuso sexo a cambio de su libertad.
Caracas. María observó por dos horas como su novio recibía patadas y golpes y entonces decidió ceder ante el chantaje de los policías y grabar un video en el que aceptaba haber recibido $30 como pago para hacer disturbios en Paramacay, estado Carabobo.
La adolescente de 16 años también fue golpeada salvajemente a pesar de seguir las instrucciones de los funcionarios.
“Le arrancaron las pestañas, la golpearon y la pusieron a dormir en un piso de piedras. No podía dormir del dolor en su cuerpo“.
Jennifer Febles, madre de la adolescente, denunció que uno de los militares del Fuerte Paramacay, ubicado en el municipio Naguanagua, donde estuvo detenida su hija, mostró el contenido fotográfico del celular de ella, el cual contenía fotos privadas.
“También le dijo que si se acostaba con él, la dejaría salir“, recuerda Jennifer.
María y su novio no eran los únicos en el Fuerte Paramacay. Había otros detenidos en el mismo contexto de operativos poselectorales que también eran llevados con capuchas en sus cabezas.
María recuerda que algunos regresaban al sitio de reclusión “muy golpeados“. Otros no volvían.
Después de días sin comer, ni tomar ningún tipo de líquido, María tuvo la audiencia telemática. Al terminar, lo único que suplicaba y gritaba en la audiencia era que no la llevaran de vuelta al Fuerte Paramacay puesto a que al regresar, las torturas continuarían.
Al llegar al comando policial de Tocuyito, el trato fue otro, dice su madre, quien señala que ahí le dieron ropa porque la adolescente llegó “muy sucia“.
Según la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, “todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Ni un yesquero
El día de la audiencia, el 2 de octubre, María y otros seis adolescentes detenidos en operativos de las protestas poselectorales, en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro, fueron con todas las esperanzas y un pensamiento fijo: ser excarcelados.
Sin embargo, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal Segundo con competencia en Terrorismo, derrumbó por completo sus expectativas al indicar que los adolescentes irían a juicio acusados por parte del Ministerio Público bajo los cargos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
La jueza aseguró que si los adolescentes admitían su participación, la condena pasaría de 10 años a seis años y medio. Ninguno aceptó. Todos aseguran que son inocentes.
Jennifer recuerda que lo único que se escuchaba en la sala, eran llantos y gritos de hijos y padres que no podían creer lo que sucedía.
“¿Cómo es posible que yo ataqué a 200 personas en Paramacay, si ni un yesquero tenía? A mí me robaron mi teléfono, a mi novio le robaron su moto. ¿Cómo van a decir eso?“, repetía María, quien no paraba de suplicarle a la juez que ella lo único que quería era estudiar debido a que en este próximo año escolar iba a cursar el quinto año de bachillerato.
Jennifer teme por la vida de su hija, quien dice que ya no quiere vivir y que a veces prefiere estar dormida todo el tiempo.
Mientras tanto, la madre busca todas las maneras posibles de probar la inocencia de su hija, detenida desde el 29 de julio, mientras caminaba junto con su novio para comprar unos perros calientes.
“Yo no como bien, no puedo trabajar. A veces no tengo para el pasaje. Lo único que le pedimos al presidente, a Tarek (Saab), es que nos devuelvan a nuestros hijos. Ellos no saben nada de eso, ni lo que está pasando. A ellos los agarraron injustamente“, suplíca desconsolada.
Patrón de amenazas
Golpes en varias partes de su cuerpo y cara ocasionaron que a Juan le partieran dos dientes y tuvieran marcas por atadura en sus manos. El adolescente de 16 años fue detenido el lunes, 29 de julio.
Los intentos de coacción para que accediera a grabar un video no fueron la única manera que los guardias del fuerte de Paramacay usaron para martirizarlo. La tortura psicológica fue otra de las maneras que los cuerpos de seguridad utilizaron en contra de los adolescentes detenidos en Carabobo.
“Si no grabas el video, matamos a tu mamá y a tu abuela“, eran algunas de las amenazas.
En el audiovisual, el estudiante y participante de la Asociación de Tenis de Mesa debía aceptar que recibió pagos por parte de grupos opositores afectos a María Corina Machado, para participar en las protestas y “tirar piedras“.
Sin derechos
Contrario a lo establecido en la Constitución, que establece que el Ministerio Público debe demostrar la participación y responsabilidad de los adolescentes en los delitos en los que se le acusa en un lapso no mayor a 24 hora, Juan tuvo su primera audiencia tres días después.
Sin derecho a la presunción de inocencia, como lo establece el artículo 49 de la Constitución, Juan, así como el resto de adolescentes, fue señalado como “terrorista“.
Este lunes, 7 de octubre cumple 67 días sin libertad.
“Nosotros conseguimos los documentos y pruebas. Todo eso lo consignamos. Pero ayer (miércoles, 2 de octubre) en la audiencia nos dijeron vía telemática que ellos no tienen nada de eso que nos tocó consignar en Caracas. Ni siquiera las copias de cédula“, dice María Curbelo, su madre.
A las madres, quienes denunciaron que sus hijos e hijas fueron víctimas de tortura, no fueron escuchadas al solicitar revisión por parte de médicos forenses, ni acceso a expedientes.
“Mi hijo está desesperado porque siente que perdió su futuro. Tenía esperanzas d que le dieran casa por cárcel, o una medida cautelar, pero no fue así porque resulta que no tienen nada de ellos“, expone María, quien agrega con preocupación que los gastos para visitar a su hijo son muy altos debido a la distancia en la que tiene que agarrar hasta cuatro camioneticas de ida y vuelta, lo que le genera un gasto aproximado de cinco dólares.
Hasta el lunes, 30 de septiembre, el Foro Penal Venezolano contabilizó un total de 1905 personas detenidas desde el 29 de julio en el marco de las protestas. De esa cifra, 67 son adolescentes.
(*) Se modificaron los nombres por medidas de protección a los detenidos y sus familiares.
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