Yosida Vanegas, de 68 años, tiene nueve meses presa en el INOF y no recibe atención medica especializada. Es madre de Juan Carlos Monasterios, sargento primero mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien está privado de libertad desde 2018.
Caracas. Para Giowanna Monasterios es desesperante y triste saber que la salud de su mamá, Yosida Vanegas, se deteriora cada día en prisión. Le indigna estar en el exilio y no poder hacer nada para ayudar o defender la inocencia de madre. Teme que también la detengan si regresa a Venezuela.
Yosida tiene 68 años de edad y un extenso historial médico y patologías que deben ser atendidas con urgencia. En el Instituto de Orientación Nacional Femenina (INOF) en Los Teques, donde está presa, no le brindan atención médica especializada.
Tampoco obtiene la orden de juez para el traslado a un centro de salud desde su detención hace nueve meses.
“A mi mamá me la están matando lentamente ahí adentro. El encierro, las condiciones, más sus patologías me la están acabando poco a poco. Ella es inocente de todo lo que la acusan. ¿Una persona pensionada de dónde va a sacar para financiar el terrorismo con la miseria de sueldo y pensión que dan en Venezuela?”, se cuestionó Giowanna.
Luego de estar tres años fuera del país por motivos de seguridad, Yosida regresó a Venezuela para ver a su hijo Juan Carlos Monasterios, sargento primero mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien está detenido desde el 5 de agosto de 2018. También viajó para realizarse una colonoscopia con su médico de confianza.
Juan Carlos Monasterios fue condenado a 30 años de prisión por los supuestos intento de magnicidio en contra del mandatario Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, en medio de un desfile militar en conmemoración del 81º aniversario de la GNB, en la avenida Bolívar de Caracas. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz para entonces, informó que dos drones fueron cargados con explosivos C4 y usados para atacar a Maduro.
La señalan de cometer los supuestos delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. El Ministerio Público no brinda información oficial y pública sobre los cargos que pesan sobre Yosida.
A Yosida la detuvieron cuando ingresaba al país, el 15 de agosto de 2023, en una alcabala fronteriza de la GNB en La Pedrera, estado Táchira. Permaneció 15 días bajo desaparición forzada, sus familiares desconocían su paradero.
No puede levantar ni un balde de agua
Giowanna informó que su madre no puede levantar ni un balde de agua por su artrosis –que empeoró por el encierro– y el sangrado rectal diario por pólipos intestinales.
Yosida también padece hipertensión y hace tres meses se le partió un diente, por ello toma antibióticos cada tres meses. Tampoco tiene acceso a un odontólogo.
“Todos estos meses han sido una pesadilla. El pensar cómo estará durmiendo, cómo será el baño con tantas personas, el saber si realmente está bien o no. Esto es horrible porque no puedo hacer nada, ni poniendo el mejor abogado del mundo puedo hacer nada por mi mamá”, lamentó Giowanna en conversación con Crónica.Uno
Por todas sus patologías Yosida necesita mantener una dieta estricta y hay medicamentos para los fuertes dolores generados por la artrosis que debe tomar de por vida.
Situación en el INOF
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las mujeres privadas de libertad en el INOF no tienen una dieta balanceada, comen sin proteínas. En su lugar ingieren frijoles y arepa hechas de harina amarilla.
Les dan tres comidas al día y la cena es a las 4:00 p. m., por lo cual pueden esperar hasta 14 horas por la próxima comida.
El OVP documentó que solo hay un ambulatorio de cuidados primarios. En caso de necesitar una atención especializada, los familiares de las internas deben solicitar una cita en el Hospital Victorino Santaella, en Los Teques.
Giowanna contó que gracias a la defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, llevaron el caso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) e hizo la solicitud de una medida cautelar a su favor de su mamá.
El artículo 43 de la Constitución establece que el Estado es responsable de velar por la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.
Sin avance judicial
Luego de 11 audiencias diferidas principalmente por falta de traslado, Yosida acudió a la audiencia preliminar el 17 de febrero. No obstante, espera por apertura de juicio pero no hay ningún avance. El Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo lleva su causa.
El cuarto informe de la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó 53 detenciones, desde 2020, en el marco de “represión selectiva” contra opositores o percibidos como tal por el Gobierno. El resto se produjo en los contextos de protestas.
Los principales afectados fueron sindicalistas, miembros de ONG, defensores de derechos humanos, militares, profesores, periodistas, miembros de partidos de la oposición.
La Misión detalló que en estos casos se presentaron detenciones arbitrarias contra los familiares de los principales sospechosos “a pesar de no existir evidencia suficiente” para justificar la detención. Esta práctica afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Las autoridades detienen a familiares o parejas mujeres de los perseguidos políticos con la intención de presionarlos e intimidarlos.
El Foro Penal documentó que 22 mujeres están detenidas por razones políticas en Venezuela.
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