La Arquidiócesis Metropolitana de Caracas se compromete a “velar por rehabilitar la buena reputación de los acusados injustamente”. Una investigación de The Washington Post, en 2022, reveló que sacerdotes condenados por abuso sexual infantil volvieron como sacerdotes activos.
Caracas. La Arquidiócesis de Caracas se compromete a brindar apoyo a las víctimas, colaborar con las autoridades y a remover de sus deberes a los acusados de abusos dentro de la iglesia católica caraqueña, a partir de la publicación de un Protocolo integral para la prevención, detección y atención de casos de abuso sexual, poder y conciencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en la institución.
“Está prescrito, desde El Vaticano y cada una de las diócesis y parroquias, tener un protocolo, un documento que indica lo que usted puede, en un momento dado, poner una denuncia por abuso de poder, abuso sexual o por abuso de conciencia, por cualquier razón que usted se sienta con plena libertad de poder hacerlo”, explicó en un video el cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de Caracas, quien firmó el protocolo, publicado el 26 de mayo.
La Arquidiócesis dispuso de un correo electrónico para la atención de denuncias. “Si usted tiene una denuncia formal, documentada y respaldada, comuníquese al correo: denuncias@arquidiocesisdecaracas.com”, dice el mensaje en las redes sociales.
El equipo de Crónica.Uno intentó obtener una entrevista de algún vocero de la iglesia católica caraqueña, quien pudiera dar mayor información sobre la elaboración de este protocolo y de cómo sería aplicado. Sin embargo, desde su equipo de comunicaciones explicaron que no darán mayores declaraciones. “Lo que está publicado es que está considerado, por los momentos no van a brindar declaraciones al respecto”.
“Hay que revisar en detalle”
Fernando Pereira, educador y fundador de Cecodap, una organización venezolana que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, explicó que es importante revisar estos instrumentos en detalle, que en los últimos años sirven como herramienta para la atención de denuncias de abusos en diferentes organizaciones, como la ONU, las iglesias y en general para instituciones.
En los protocolos deben estar bien definidos cuáles son las formas de abuso y el proceder que debe tener cualquier persona de la institución cuando tiene conocimiento de un caso, cuáles son las consecuencias y ante quién se denuncia, y, muy importante, la protección de las víctimas”.
Mencionó que es importante que estos instrumentos sirvan “para no dar por implícito, para que no haya suposiciones, para que estén bien definidas la política de salvaguarda, de protección a los NNA de todo tipo de abuso”.
“Hay que valorar cualquier iniciativa que busque visibilizar el tema de la prevención de cualquier forma de abuso y la necesidad de que se denuncie, de que no haya impunidad y de que no haya una cultura de silencio y complicidad alrededor de la persona que se está investigando”.
Qué debe incluir un protocolo
Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora del Servicio de Atención Psicológica a víctimas de violencia Sexual y doméstica de Avesa, detalló que es importante “que un protocolo de esta naturaleza incluya la actuación de todas y cada una de las instituciones involucradas en la ruta de atención institucional de abuso sexual, que incluye a instituciones de protección y del sistema de justicia”.
En 2013 Avesa, con el apoyo técnico y financiero de Unicef, desarrolló la ruta crítica de atención institucional del abuso sexual en NNA, que explica gráficamente cómo debe ser el proceso de abordaje, desde el momento en que se revelan los hechos hasta que comienza la investigación por parte de los órganos del sistema de justicia.
Pereira acotó que las instituciones, además de establecer protocolos, deben facilitar los mecanismo para que las víctimas hagan las respectivas denuncias, sin generar límites o poner reparos.
Se debería incentivar el acercamiento por parte de las víctimas. La institución, en la medida de que reciben las denuncias, debe dar pie sobre si la información es fidedigna. El temor con respecto a que se hagan denuncias infundadas, para lesionar la imagen de una persona determinada no pueden ser mecanismos que debiliten la formulación de la denuncia. La institución es la primera interesada en que haya confiabilidad y transparencia por parte de las personas que denuncien”.
La Arquidiócesis se compromete
Además de escuchar y apoyar a la víctimas, la Arquidiócesis de Caracas se compromete a: “velar por rehabilitar la buena reputación de los acusados injustamente”. Pero en el año 2022, una investigación de The Washington Post reveló que sacerdotes condenados por abuso volvieron al ministerio.
Uno de los casos que mencionan es el del sacerdote Luis Alberto Mosquera, condenado en 2006 a más de siete años de prisión por abuso sexual a un niño, y quien confirmó a The Washington Post que seguía siendo un sacerdote activo.
“El caso de Mosquera se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post en los últimos dos años. Este diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio”, dice la investigación.
El resto de compromisos que asume la Arquidiócesis Metropolitana de Caracas con este protocolo son:
- Velar por los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes y las personas vulnerables, y prevenir cualquier forma de violencia o abuso física o mental, negligencia, abandono o explotación que pueda ocurrir tanto en las relaciones interpersonales como en las estructuras o lugares de recreo dentro de la misma iglesia.
- Estar prestos a colaborar y ayudar con las autoridades competentes cooperando con ellas en las actividades de prevención y denunciando los abusos.
- Procurar un proceso penal efectivo en los casos de cualquier abuso contra menores o personas vulnerables cometidos en jurisdicción de la Arquidiócesis Metropolitana de Caracas cometidas por las personas que, según el Derecho Canónico, están sometidas a su jurisdicción.
- Recibir, escuchar y acompañar a quienes afirman haber sido víctimas de explotación, abuso o abuso sexual, así como a sus familias.
- Garantizar a los presuntos victimarios el derecho a un procedimiento justo e imparcial.
- Actuar en la persona condenada por haber abusado de un menor o una persona vulnerable para que sea removida de sus deberes y, al mismo tiempo, ofrecerle un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual, también con el propósito de la reintegración social.
- Crear una Comisión arquidiocesana de protección de menores y personas vulnerables, así como capacitar a profesionales sobre los riesgos en materia de explotación, del abuso sexual y maltrato de menores y personas vulnerables, así como de los medios para identificar y prevenir tales delitos.
Para leer el protocolo completo haga clic aquí
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