La mayoría de los familiares de los detenidos denuncian que estos fueron sometidos a torturas y fuertes golpizas para forzarlos a confesar que participaron en protestas con incentivos de pagos por parte de grupos opositores.
Caracas. “La foto de mi hijo en mi pecho me da la fuerza para seguir la lucha y mantenerme firme en lo que estamos haciendo para poder sacarlo de allí”, dice Nérida Ruíz, madre de Ángel Ramírez, de 16 años, a quien detuvieron en su casa mientras cuidaba a su hermano.
Para ella significa más que una franela: también es una forma de mostrarle al mundo la inocencia de su hijo, acompañada del mensaje en que, además de exigir su libertad, recuerda que no es un terrorista.
Este jueves, 3 de octubre, un grupo de madres de adolescentes y familiares de otros adultos detenidos durante los operativos de seguridad tras los comicios del 28 de julio pasado, en La Guaira y Caracas, se reunieron en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Su objetivo fue entregar un recurso de amparo constitucional que solicita el derecho a la defensa y la nulidad de los casos de las personas detenidas en el contexto de las protestas poselectorales contra los inauditables resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sustentan la supuesta victoria de Nicolás Maduro.
Ni terroristas, ni delincuentes. Nuestros muchachos son inocentes”, son algunas de las consignas que gritan las familias en las afueras del TSJ.
Tratos crueles
La mayoría de los familiares de los encarcelados denuncian que sometieron a estos a torturas y fuertes golpizas con el propósito de hacerlos confesar que participaron en protestas con incentivos de pagos por parte de grupos opositores.
“Como el mío no quiso grabar le dieron palo hasta decir no más”, dice la madre de uno de los ocho adolescentes detenidos en Caracas.
Las familias esperan lograr la excarcelación de los detenidos y que se logre justicia para quienes tienen más de dos meses sin libertad.
“Pido la liberación de mi hermano y los otros siete menores detenidos. Por eso estamos en esta actividad introduciendo un recurso de amparo constitucional por todos los derechos que se les están violando a los detenidos. Nosotros los pobres no tenemos que pagar los platos rotos de políticos. Nosotros tenemos derecho a seguir con nuestra vida cotidiana, que bastante nos cuesta a nosotros como familiares costear los gastos de nuestro hogar”, dice Dionexis García, hermana de Diomer Gómez, de 17 años.
Agrega que una de sus preocupaciones más grandes es que su hermano atente contra su vida, puesto a que él insiste en que no sabría qué hacer si recibe una condena de 10 años, que es el tiempo con que han amenazado con enjuiciarlos.
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