Un juez estadounidense ordenó iniciar el proceso de subasta de acciones de Citgo para indemnizar a Crystallex a más tardar finales de 2023. Otra corte suspendió una eventual venta a tenedores de bonos 2020 hasta que se determine si son legales o no. Las acciones de Citgo están protegidas por la OFAC hasta enero de 2023.
Caracas. El escollo alrededor de Citgo Petroleum y la legalidad de los bonos Pdvsa 2020 pica y se extiende. Este 11 de octubre, un tribunal distrital estadounidense aprobó un calendario de subasta de acciones de Citgo, para pagar parte de la indemnización que exige la empresa canadiense Crystallex por la expropiación de una mina en 2010.
La decisión continúa con el proceso que inició en marzo el juez Leonard Stark, del Tribunal de Distrito de Delawere. En su última decisión, según reseña Reuters, Stark determinó que no esperaría por la aprobación del gobierno estadounidense para continuar con la venta de las acciones de Citgo.
La filial de Pdvsa en EE. UU. se encuentra protegida de los tenedores de bonos, por una licencia del Tesoro estadounidense, hasta enero de 2023. La medida también prohíbe toda transacción o embargo de los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense.
¿Cuánto de Citgo está en riesgo?
50,1 % de los activos de Citgo fueron puestos como garantía de los bonos Pdvsa 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2017, pero Estados Unidos no reconoce esa deuda porque no fue aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2015.
Mientras que en el proceso que adelanta el juez Stark, Crystallex exige que se le indemnice con 970 millones de dólares por la expropiación de sus activos en el país durante el gobierno de Hugo Chávez.
La empresa canadiense introdujo un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que culminó en 2014 con una orden de indemnización de 1400 millones de dólares, y en 2017 demandó a Pdvsa para que pagara por la expropiación.
¿Cuándo finalizaría el proceso de venta?
El juez Stark estableció que cualquier venta de acciones de Citgo no podría producirse sino hasta finales de 2023 o principios de 2024, siempre que el Tesoro lo autorice, según explicó a Reuters el presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, Horacio Medina.
El magistrado federal, de acuerdo con el medio especializado Bloomberg, proporcionaría un período de hasta seis meses para que un delegado que supervisa la venta de las acciones obtenga el visto bueno de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad del Tesoro que otorga o suprime las licencias especiales.
Reuters reseña que la junta paralela de Pdvsa “está considerando sus próximos pasos y ve espacios para explorar opciones alternativas a cualquier subasta”.
¿Qué ocurrió tras la aprobación del calendario?
Este 13 de octubre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. suspendió la legalidad de la venta de acciones de Citgo a tenedores de bonos hasta que la Corte de Apelaciones de Nueva York decida si la ley aplicable debe ser la venezolana (que establece que toda deuda debe ser aprobada por la AN) o la ley del estado de Nueva York.
La junta ad hoc de Pdvsa (designada por Juan Guaidó y la AN de 2015) califica como “una clara victoria en la defensa de los derechos de Pdvsa” la decisión de la Corte por reconocer “la potencial importancia” de la ley venezolana en el caso.
Se entiende que, una vez que la Corte de Apelaciones de Nueva York (la de mayor jerarquía en el estado) se pronuncie sobre la validez o no de los bonos 2020, la corte del segundo circuito podrá determinar si pueden proceder las ventas de acciones de Citgo.
¿Se relacionan la legitimidad de los bonos con el proceso de Crystallex?
Si bien la OFAC emitió medidas para evitar que los tenedores de bonos Pdvsa 2020 puedan reclamar acciones de Citgo, reconoce la legitimidad del reclamo de Crystallex para ser indemnizada, aunque ha aclarado que una eventual venta de acciones sería inconsistente con la política exterior de EE. UU.
Bloomberg asegura que en el juicio sobre el proceso de venta de las acciones que adelanta el juez Stark para compensar a Crystallex, se han incluido deliberaciones de tenedores de los bonos 2020 y abogados de ConocoPhillips, otra empresa que tiene demandas abiertas en busca de activos venezolanos en el extranjero para cobrar deudas e indemnizaciones pendientes.
Ya en 2020 una corte estadounidense determinó que los bonos 2020 eran “válidos y exigibles”, sentencia que de acuerdo con expertos, además de resultar en un juicio costoso, puede dar a entender a los inversionistas y tenedores que es más factible proceder a un juicio contra Venezuela que buscar una reestructuración de la deuda.
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