10 años después de la victoria electoral de Nicolás Maduro frente a Henrique Capriles Radonski, la economía venezolana sigue sin rumbo, tras navegar por las aguas de la hiperinflación, la escasez, la falta de combustible y protestas masivas que tambalearon sus dos mandatos.
Caracas. Este viernes, 14 de abril, se cumplieron 10 años del triunfo electoral de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, en las que se escogió al sucesor de Hugo Chávez, año que a su vez fue el preámbulo de la mayor crisis económica en la historia contemporánea de Venezuela.
Es poco el remanente que queda del estado en el que se encontraba la economía venezolana en 2013 y las consecuencias de la crisis aún se perciben. La pobreza alcanza a más de 80 % de la población, el bolívar perdió gran parte de su valor y al menos siete millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida.
Crónica.Uno les presenta un recuento de las políticas que marcaron el desempeño de la economía en cada uno de los 10 años de Maduro en el Palacio de Miraflores.
Las cifras de escasez (21,3 %) e inflación (29,4 %), según datos del BCV, ya auguraban una eventual crisis. En junio, un plan de racionamiento de alimentos en el estado Zulia encendió las alarmas, pero fue suspendido a los días por el Gobierno.
En noviembre, Maduro anunció un plan de “lucha contra la especulación”, con intervenciones y fiscalizaciones de tiendas de ropa, electrodomésticos, entre otros productos. La más conocida fue la cadena Daka, lo que dio origen al término “Dakazo” para referirse a ese momento que profundizó, aún más, la escasez.
La inflación cerró ese año en 56 %, la pobreza subió a 33 % y el salario mínimo, en diciembre, equivalía a 90 dólares.
Maduro reemplazó Cadivi (organismo encargado de administrar las divisas y en el que se perdieron alrededor de $25.000 millones, según el exministro Jorge Giordani), por Cencoex y con ello aumentaron las restricciones de los cupos de dólares preferenciales.
Aerolíneas como AirCanada y Alitalia suspendieron sus operaciones en el país por las deudas que mantenía el Gobierno con ellas y la caída de los precios petroleros redujo los ingresos del Estado. De febrero a mayo, ocurrieron protestas masivas en varias ciudades del país por la crisis política y económica y los altos niveles de inseguridad.
El año cerró con 4 % de caída de la economía venezolana y 68 % de inflación. Al cierre de 2014, el salario mínimo equivalía a $28 y la pobreza alcanzó a 48 % de la población.
Con el precio del barril de petróleo en menos de $40, Maduro ordenó reestructurar, nuevamente, el modelo de control de cambio, aunque eso no evitó que el precio del dólar aumentara 400 % en el mercado paralelo durante 2015.
La escasez se profundizó a medida que escaseaban los dólares para importar y producir alimentos. Desde el sector privado estimaron que ese año cerraron alrededor de 28.000 empresas mientras el Gobierno insistía en las fiscalizaciones y la persecución a comercios y cadenas para atacar la escasez. Al menos 60 % de la población vivía en pobreza de ingresos, según la Encovi.
El Gobierno, con apoyo del Poder Judicial, anuló de facto las competencias de la Asamblea Nacional recién electa, de mayoría opositora, aumentando el conflicto político mientras la economía seguía en picada y los precios petroleros caían a casi $20. En abril, inició el cuestionado programa de distribución de alimentos, Clap.
Mientras la inflación seguía acelerándose, el BCV anunció que circularían nuevos billetes para compensar la pérdida de valor de los que estaban vigentes y contener la crisis del efectivo. La falta de materia prima, por no recibir divisas oficiales, paralizó las actividades de cientos de industrias.
A finales de 2016, el salario mínimo equivalía a menos de nueve dólares y la escasez era de 88 %, dando origen a largas filas en los supermercados y farmacias, racionamiento de productos y mercados negros de alimentos y medicinas.
El Gobierno arreció su persecución y amenaza a comercios y negocios que no producían o que acusaba de “usura”. La crisis económica y política dio origen a una nueva ola de manifestaciones entre abril y julio de ese año.
Con la elección de la Asamblea Constituyente, Maduro promovió una serie de leyes en temas como precios, abastecimiento y control cambiario, aunque eso no evitó que, en noviembre, Venezuela entrara por primera vez en su historia en hiperinflación (862 % en el año).
La economía cayó otro 16 % y la producción petrolera, en medio de denuncias de corrupción y deterioro en la industria, cayó a dos millones de barriles diarios.
Los aumentos de precios y la pérdida de valor del bolívar aceleraron la escasez de efectivo. Al desabastecimiento de alimentos y medicinas se sumó la crisis del transporte, en el que se reportaba apenas 10 % de unidades operativas.
En agosto, Maduro hizo la segunda reconversión monetaria en la historia del país y le quitó cinco ceros a la moneda. Con un nuevo programa de recuperación económica, derogó la ley de ilícitos cambiarios, hizo ajustes en materia laboral y elevó el IVA de 12 % a 16 %.
Aún así, la economía cayó 20 %, la inflación anual alcanzó un pico de 130.000 % y la pobreza estaba presente en más de 90 % de los hogares venezolanos. La producción de Pdvsa cayó 27 % respecto al año anterior al cerrar en 1,5 millones de bpd.
Con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado y el reconocimiento de Estados Unidos y decenas de países, la AN y el gobierno interino tomaron posesión de un puñado de activos en el exterior, entre ellos Citgo (en EE. UU.), Monómeros (Colombia) y más de 30 toneladas de oro en reservas de Inglaterra.
Tras el mega apagón de marzo, la población comenzó a hacer uso de dólares y otras monedas extranjeras, al ya no estar penalizadas tras la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Sin poder recuperar sus ingresos por el estado de la industria petrolera, el Gobierno comenzó a fomentar la libre importación de bienes, lo que originó el fenómeno de los bodegones y redujo el desabastecimiento a 54 % a finales de 2019. Ese año, el Gobierno aumentó el encaje legal para restringir el crédito y reducir la inflación.
En 2019, EE. UU. endureció las sanciones al congelar los activos de Pdvsa en ese país y prohibir expresamente el comercio con la estatal. En agosto, el gobierno de Donald Trump extendió las prohibiciones a otras entidades del Gobierno, entre ellas el BCV, en respuesta a la “usurpación del poder” por parte de Maduro.
La desinversión, el abandono de refinerías y plataformas y el cierre del mercado estadounidense (a donde iba un tercio del petróleo venezolano), redujeron la producción de Pdvsa a un millón de barriles diarios en 2019. La inflación comenzó a caer, pero la economía se redujo 25 % respecto al año anterior.
Al cierre de 2019, en Venezuela circulaban tres veces más dólares que bolívares en efectivo y en 2020 continuó esa tendencia, afectada también por los efectos de la pandemia de COVID-19 y la crisis del combustible.
La falta de gasolina y diésel por la paralización de refinerías provocó una crisis de movilidad, que aún persiste en algunas regiones, y a importar combustible desde Irán. El subsidio a la gasolina se fue eliminando de facto con la creación de un sistema de pago a precio internacional.
A diferencia de otros gobiernos de la región, el de Maduro hizo poco para apoyar económicamente a los hogares durante la paralización por la pandemia. Mientras tanto, la producción petrolera siguió cayendo (569.000 bpd) y la economía se contrajo otro 25 %.
La vida post pandemia marcó gran parte de 2021, con comercios y empresas que de a poco se adaptaban a la nueva normalidad, en medio de denuncias de escasez de combustible, matracas en las alcabalas y el aumento del dólar, que limitaban sus actividades y encarecían costos y precios.
En octubre, Maduro llevó a cabo su segunda reconversión monetaria como mandatario y anunció el paso a una “economía digital”. En el ámbito tributario, comercios e industrias advirtieron sobre los altos impuestos municipales, así como los elevados costos de los servicios públicos (algunos privatizados) sin que se evidenciaran mejoras en su funcionamiento.
La economía venezolana creció tímidamente (6,8 %), pero insuficiente ante todo lo que perdió en los ocho años previos, mientras que el salario mínimo, que a partir de entonces solo sería referencia del sector público y pensionados, terminó equivaliendo a $1,50.
El Gobierno continuó poniendo trabas al acceso a gasolina subsidiada, mientras aumentaban las estaciones con precio internacional. De igual forma, tras una serie de reformas en el Parlamento, se aumentaron las tasas a pagar en servicios de registros y notarías y se anclaron al petro (dolarizadas de facto).
Con el fin de reducir la dolarización y promover el uso del bolívar, el Gobierno decidió aplicar un impuesto de 3 % a las transacciones con monedas extranjeras en efectivo. Si bien logró parte de su cometido, la medida también encareció los precios de bienes y servicios. En el primer semestre del año, la economía mostraba signos de mejoría que apuntaban a un crecimiento de dos dígitos, pero a partir de agosto repuntó la inflación y el Gobierno no pudo contener más el precio del dólar.
La precariedad de los salarios del sector público y la aplicación del instructivo Onapre, que redujo las primas y otros beneficios, provocaron protestas masivas de trabajadores, principalmente del sector educación, que aún se mantienen.
2023, por su parte, inició con caídas en las ventas comerciales y salarios privados estancados que limitan un crecimiento importante de la economía. Aún con el permiso dado por EE. UU. a Chevron, la producción petrolera apenas roza los 700.000 bpd.
Con el estado actual de la industria, y sin acceso a financiamiento internacional por falta de reconocimiento de su gobierno, es poco el margen de maniobra con el que cuenta Maduro para lograr una recuperación sostenida.
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