El hombre, de 42 años, fue detenido en el contexto de las manifestaciones poselectorales, luego de que lo acusaran de publicar mensajes contra Nicolás Maduro en sus estados personales de WhatsApp.
Caracas. Con un vidrio de por medio, por tan solo 10 minutos y escuchándolo a través de un teléfono, Nadia* pudo ver a su hijo Andrés*, después de dos meses.
A la madre le costó reconocer a su hijo, estaba muy delgado, con la cabeza rapada y un uniforme azul claro, que le dieron al ingresar al Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, estado Aragua, a donde lo trasladaron el 20 de agosto.
“Mamá, aquí la comida es mala. Yo me estoy sintiendo muy mal En estos días días nos dieron carne molida dañada y eso fue lo que me enfermó. Pero no puedo hacer nada. Si es lo que nos dan, me lo tengo que comer“, aseguró Andrés quien por consumir la comida en mal estado, estuvo varios días con diarrea, fiebre y ahora pesa 10 kilos menos.
En el corto período de visita no le pudo dar mayores detalles a su mamá, ya que el área está vigilada por custodios. Al lugar pasan en grupos de 10 mujeres, quienes se comunican con su familiar a través de cabinas telefónicas.
Andrés contrajo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en el año 2000, por hacerse unos exámenes de laboratorio con una aguja infectada. Durante 15 días no tomó los antiretrovirales con los que trata su enfermedad porque en Tocorón se negaron a recibir los medicamentos.
“Yo se los había llevado, pero no me permitían pasarlo porque necesitaban informe del mismo médico de allá“, cuenta Nadia.
Tras una visita al Ministerio para el Servicio Penitenciario, logró que Andrés recibiera los medicamentos desde el lunes, 7 de octubre. Sin embargo, los 15 días que estuvo sin su tratamiento su salud se deterioró.
Andrés fue detenido el 9 de agosto, dentro del urbanismo en el que reside, cercano a Las Mayas –se omite el nombre por seguridad–, mientras un vecino lo llevaba a su trabajo.
“La junta comunal, chamo. La junta comunal te denunció”, fue la explicación que le dieron los policías a Andrés*. Luego de que lo interceptaron lo llevaron a un comando ubicado en El Valle.
Nadia denuncia que las acciones contra su hijo se tratan de “una venganza” de un policía que vive en su edificio junto con una de las integrantes del consejo comunal, esposa del funcionario.
En el pasado Andrés tuvo problemas con ellos por un puesto de estacionamiento y su madre presume que la situación política del país fue la oportunidad para perjudicarlo.
Posteriormente, el hombre, de 42 años de edad, fue trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como zona 7, donde su mamá pudo verlo.
Un estado de WhatsApp
“¿Dónde lo tienen?, ¿Cómo así que se lo llevaron detenido?”, le respondió Nadia a su vecino, quien fue obligado por los policías a irse en su carro hasta el comando. No obstante, tras revisar sus celulares al testigo lo dejaron en libertad.
Nadia, de 64 años, recuerda que al enterarse de la detención entró en crisis porque no sabía qué hacer. Gracias a un familiar empezó la búsqueda que le tomó un día, hasta que finalmente los policías le confirmaron donde estaba recluido.
“Allí dijeron que por una denuncia del consejo comunal, que dijo que mi hijo había publicado un estado de WhatsApp, lo habían detenido“, explica.
La mañana del domingo, 11 de agosto, llevaron a Andrés hasta la Policia Nacional Bolivariana (PNB), de Boleíta.
Hasta el 7 de octubre, el Foro Penal Venezolano contabilizó 1916 presos políticos.
Tortura psicológica
“Aquí te lo tengo, lo vamos a hundir. De aquí no va a salir más nunca”, le decía un policía a Andrés mientras hablaba con otro funcionario vía telefónica.
Frente a él había intrumentos de tortura, que los funcionarios prometían usar si no grababa un video para pedir perdón a Nicolás Maduro, por subir un estado a su WhatsApp en rechazo a los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, en los cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro.
“Mi hijo me cuenta que había pipotes de agua y ‘unas cosas’ como para meter electricidad. Le decían que tenía que grabar o lo usarían con él. Tuvo muchísimo miedo. Él grabó“, recuerda su madre, quien manifiesta angustia por la salud de su hijo, ya que le diagnosticaron hipertensión poco tiempo antes de la detención.
En zona 7, tuvo la audiencia telemática en la que notificaron que el cargo que se le imputaba era instigación al odio. “Cuando lo trasladaron fue que supe el tribunal, expediente y defensor que le tocó“.
Sostén de hogar
Nadia está desconsolada, Andrés es lo único que tiene en su vida. Sus otros dos hijos murieron y él es el sostén de su hogar. “Yo soy trabajadora jubilada y lo que gano son Bs. 130 ¿Qué puedo hacer con eso?“.
Su hijo se encargaba del mercado. Trabaja como contador en un supermercado y también llevaba productos a su casa, a los que ella ahora no tiene acceso.
Desde que su hijo fue detenido, su apartamento le parece demasiado grande. Trata de recordarlo con fotografías. Sobre todo una, la más reciente, donde luce sano, a diferencia de ahora. “Está muy flaquito”, manifiesta mientras limpia las lágrimas que no puede contener.
Le agradece a las madres que se mantienen en las cercanías de la cárcel de Tocorón, pendientes de lo que ocurre, ya que ellas informan por teléfono a las otras mujeres que por la distancia, o pocas posibilidades económicas, no pueden mantenerse cerca del centro penitenciario.
Para viajar desde Caracas hasta Tocorón debe hacer un gasto cercano a los $20. “Gracias a familiares de afuera y amistades de mi hijo, he podido hacerlo. También comprar algunas cosas para comer“, dice Nadia.
Desde el 2014, el Foro Penal Venezolano registró un total de 17.899 detenciones políticas en Venezuela.
(*) Los nombres fueron cambiados por medidas de protección.
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