José Francisco Valero, de 20 años de edad, fue detenido en julio de 2021 por no portar la cédula de identidad. El joven fue condenado a 10 años de prisión por el presunto delito terrorismo y lo vincularon a la banda de El Koki. Argenis Liendo, abogado defensor, alegó que el juicio en su contra ha estado lleno de vicios.
Caracas. Carolina Castillo no es la misma desde que privaron de libertad a su segundo hijo José Francisco Valero Castillo, cuando apenas era un adolescente de 17 años. Padece de los nervios y tiene serios problemas para retener las ganas de ir al baño. El nerviosismo y la angustia le impiden vivir con normalidad luego de que detuvieran a José Francisco.
A su hijo lo arrestaron arbitrariamente el viernes, 9 de julio de 2021, cuando iba con ella y otros familiares al mercado de El Cementerio a comprar la ropa para el acto de graduación como bachiller de José Francisco. Desde ese día, el joven no supo más que era la libertad, tampoco su madre. Ya cumple casi tres años desde su detención.
“Quiero justicia. Mi hijo en vez de graduarse de abogado se está graduando en el Rodeo III de delincuente”, expresó con desesperación Carolina Castillo en medio de una manifestación la mañana del martes, 2 de julio, frente a la sede la Defensoría del Pueblo en la avenida México.
A José Francisco se lo llevó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que requisaba a los transeúntes en la esquina El León de la avenida principal El Cementerio, por no portar la cédula de identidad.
El Koki
Cuatro días después estaba ante los tribunales en el Palacio de Justicia y lo acusaron por los presuntos delitos de terrorismo en grado de cooperador inmediato, asociación para delinquir y tráfico de armas en la modalidad de ocultamiento. Además, lo vincularon con la banda criminal de El Koki de la Cota 905.
Su madre denunció que fue víctima de torturas en la sede de la PNB en La Yaguara los primeros días de su detención. Contó que lo golpearon con palos en el pecho. Como ya cumplió la mayoría de edad, lo trasladaron al centro penitenciario Rodeo III en el estado Miranda.
En julio de 2021 se llevó a cabo la Operación Gran Cacique Guaicaipuro en la Cota 905, para capturar a los líderes de esta megabanda de El Koki, y otros miembros. Sin embargo, la mayoría logró escapar. Ese día en la Cota 905, la Vega, El Cementerio y zonas aleñadas había una fuerte presencial policial. No obstante, Carlos Luis Revette, mejor conocido como El Koki y líder de la misma banda, murió en un presunto enfrentamiento con cuerpos de seguridad en febrero de 2022 en el estado Aragua.
Incongruencias
Argenis Liendo, abogado defensor del joven, expresó que la Corte de Apelaciones ratificó la condena de 10 años a principios de junio de 2024 pero se conoció a finales del mismo mes. Ahora están en el lapso de los ocho días hábiles para consignar el recurso de casación en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
“Hay contradicciones notorias entre lo que dice el acta policial y lo que acusa el fiscal del Ministerio Público. A parte de cuando fuimos a juicio, los relatos de los funcionarios actuantes, también todo contrario a lo que está en las actas procesales”.
La versión policial sostiene que a José Francisco lo aprehendieron la mañana del sábado, 10 de julio, en una casa ubicada en el sector de La Cumbre de la Cota 905, y que en esa vivienda habían dos fusiles, municiones y cuatro personas adultas.
Por otro lado, el fiscal que lleva la investigación afirma que lo detuvieron en la redoma de la Plaza Madariaga en El Paraíso. Esta versión expone que el joven presuntamente tenía un celular que tenía fotografías de paquetes de droga e información de una supuesta garita de una banda delincuencial.
Carolina Castillo, madre del detenido, suministró a Crónica.Uno un material extraído de una cámara de seguridad que registró el momento en el que dos agentes de seguridad se llevaron a José Francisco en una moto en la esquina El León en El Cementerio. Lo trasladaron a la sede de la PNB en La Quebradita.
“De una mentira nunca puede sacar una verdad, porque ellos siempre, cuando estamos en juicio, que uno le empieza a hacer preguntas, van a entrar en contradicciones y van a decir otras cosas que no están en las actas. Eso quedó demostrado en juicio”, contó el abogado.
Uso de las leyes de terrorismo
En la concentración del pasado martes, 2 de julio, frente a la Defensoría del Pueblo, el abogado Eduardo Torres manifestó que no solo sindicalistas y dirigentes opositores son víctimas del “uso crónico de las leyes terroristas” en el país, sino que también aquellos que no tienen ninguna relación con la política.
“La ley no ha sido aplicada sólo contra dirigentes políticos, sindicalistas, defensores de DD. HH. sino a ciudadanos comunes, de a pie, que muchas veces son víctimas de extorsiones de funcionarios policiales que actúan al margen de la ley y se confabulan con jueces de terrorismo”, expresó Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos.
En agosto de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el uso excesivo de las leyes antiterroristas para señalar a la disidencia.
Carolina Castillo, madre del detenido, interpuso la denuncia en contra de los funcionarios de la PNB por su actuación y la privación ilegítima de la libertad. La fiscalía ha solicitado a la PNB del módulo de La Quebradita que envíen las copas de los libros de las novedades, los libros de verificación de SIPOL y los libros de comida de cuando José Francisco estuvo detenido en esa sede.
No obstante, aun siguen sin respuesta. Esta información anularía la versión policial de que el joven fue detenido el sábado 10 de junio de 2021 y no el 9 de junio en la avenida principal de El Cementerio.
“La Policía Nacional no ha dado respuesta y se niega a la respuesta porque sabe que si llegan a entregar esos libros ellos mismos se van a inculpar”, dijo el abogado Argenis Liendo.
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