Organizaciones de la sociedad civil se esfuerzan por recabar cifras sobre desaparecidos en rutas migratorias terrestres y por el mar. Mientras, las víctimas siguen clamando por justicia.
Paraguaná. La llamada de un número internacional le confirmó a Irene Velazco su peor temor. El 19 de junio pasado, funcionarios del departamento de medicina legal de San Andrés, en Colombia, le informaron que el cadáver que encontraron en esa isla el 16 de enero de 2024, atado a la lancha La Rogui, era el de su pareja, Jairo Velazco.
La identificación fue posible gracias a una prueba de ADN. Los expertos compararon el material genético del cuerpo con el de Ismar Velazco, hermano de Jairo. Hubo coincidencia en un 99 %. La causa de muerte, según la autopsia, fue deshidratación.
―Esto ha sido duro―, dijo Irene a Crónica.Uno con voz entrecortada.
El 8 de junio, días antes de recibir la noticia, fue el aniversario de la pareja. Tenían 22 años juntos. Él había decidido migrar para buscar una mejor calidad de vida para su familia, Ahora, la lucha de Irene será por repatriar los restos mortales de su esposo, para darle cristiana sepultura en el estado Falcón, en Venezuela.
Jairo era uno de los nueve hombres que zarpó en la embarcación La Rogui el 9 de diciembre de 2023 desde las costas de Buchuaco en la Península de Paraguaná, estado Falcón, rumbo a la isla caribeña de Aruba (que pertenece al Reino de los Países Bajos, junto a Curazao, San Martín y los Países Bajos). Un mes después, la lancha apareció a más de 1700 kilómetros del punto de partida, en la isla de San Andrés.
El paradero de los otros pasajeros aún se desconoce, pero sus familiares se han organizado para exigir justicia y no permitir que se olvide el caso. Varios de ellos protestaron el miércoles 26 de junio frente a la sede del Ministerio Público en Coro.
Mujeres al frente
La noche antes de que Ismael José Reyes Carrasquero zarpara en La Rogui, Mayra Yoris, su pareja, se recostó en su pecho y comenzó a llorar. “No te vayas”, le pidió.
El viernes 8 de diciembre de 2023, el viaje se había cancelado a último minuto, por lo que el joven de 27 años había regresado a su casa.
―Fea, si mañana no salimos, desisto―, le respondió él con cariño.
A la mañana siguiente, Ismael salió a las 8:00 a. m. Esta vez sí partieron. Para Mayra, su cuñada Marbelys y su suegra, Elizabeth Carrasquero, desde aquel momento los días han sido de pura agonía. Un mes después, les avisaron que había aparecido la lancha en Colombia. La embarcación estaba partida por dentro, sin motor y con el cadáver de un hombre amarrado en uno de los extremos. De los demás no había rastro.
Mayra viajó en enero hasta Cartagena, en Colombia, para buscar más información. Ha conversado constantemente con el fiscal N° 50 de la dirección seccional de Fiscalía de la isla de San Andrés, José Ramírez Castro.
Lisbeth Zurita, fundadora y coordinadora del Comité Esperanza Madre ―conformado por 40 mujeres organizadas que buscan a sus hijos o familiares desaparecidos en pasos o ciudades fronterizas entre Colombia y Venezuela―, explica que en estos casos, por lo general, son las mujeres las que llevan “la voz cantante” en la exigencia de justicia. “Es un trabajo duro y cuesta arriba, porque muchas veces se sienten abandonadas”, dijo.
En esto coincide Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday – Confavidt). Dice que usualmente la cara visible de estas luchas es una mujer, “quizás porque ellas son más apasionadas en la búsqueda, no desisten con facilidad y las esperanzas no se les agotan”. De las 21 familias del estado Falcón que representa esta asociación, 15 tienen como vocera a una madre, esposa o hija de los desaparecidos.
Mientras, es poca la información que el Estado venezolano aporta sobre el tema. Son las organizaciones de la sociedad civil las que hacen esfuerzos para caracterizar el problema: de acuerdo con Clara Ramírez, directora de Fundaredes, al menos 1092 personas desaparecieron en las zonas fronterizas de Venezuela desde 2019. Las desapariciones en altamar representan el 13,82 % de los casos.
Según la ONG, las entidades con mayor cantidad de desaparecidos documentados desde hace cinco años son Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.
El último informe del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones, que nació en 2014, arrojó que de enero a diciembre de 2022 se registraron más de 1400 fallecimientos y desapariciones en rutas migratorias en las Américas, de las cuales 58 ocurrieron en América del Sur. En los casos que se pudo determinar el país de origen de las personas migrantes fallecidas, en América Central fueron Venezuela, Nicaragua y Honduras.
Migrar por el mar
Jhonny Romero, director de Mayday – Confavidth, explica que La Rogui es la cuarta lancha desaparecida tras zarpar del estado Falcón. En total, han identificado 10 embarcaciones extraviadas en Venezuela desde el año 2015.
Se tratan de las embarcaciones y casos de La Realenga (Falcón 2015), Jhonnaily José (Sucre 2019), Ana María (Sucre 2019), La Vela de Coro (Falcón 2019), El Gran Cheo (Nueva Esparta 2019), Tiraya (Falcón 2020), Mi Refugio (Sucre 2020), Mi Recuerdo (Sucre 2020), Amiyah (Sucre 2021) y Buchuaco (Falcón 2023).
La organización contabiliza 65 falconianos desaparecidos. La mayoría se dirigían a las islas ABC, con mayor preferencia Curazao y Aruba buscando estabilidad económica y progreso. Se trata de una ruta riesgosa por las condiciones en las que viajan.
Para Romero, uno de los fundadores del Comité tras la desaparición de su hijo Jhonny de Jesús Romero Palacios en el caso de La Vela de Coro, estas cifras son el reflejo más impactante de la huida de la emergencia humanitaria que en los últimos años han emprendido miles de venezolanos.
Afirma que en la actualidad aún salen entre una o dos lanchas por semana en algún punto de los 628 kilómetros de costas que tiene Falcón, un estado estratégico por su ubicación frente al mar Caribe.
Sobre el caso de La Vela, Yadira García, madre de Andrés Cabrera, uno de los viajeros, afirma que no están conformes con la sentencia. “A donde me digan que vaya voy, pero hasta ahora no hemos recibido justicia”, expresa y agradece al menos tener consigo a las dos nietas que le dejó su único hijo. “Al menos las tengo a ellas mientras los buscamos”.
Elisa Vargas es otra de las mujeres que no desiste en la búsqueda de sus familiares. Su hijo, Juan José Hurtado Vargas, era uno de los viajeros de La Rogui. Para ella, no se trata de un dolor ajeno. Hace cuatro años, en marzo de 2017, su esposo Juan José Hurtado también desapareció en el caso Tiraya. En su peregrinar, ha llegado hasta la Asamblea Nacional en procura de ser escuchada.
Desde hace años, Elisa acude ante los organismos policiales y judiciales para que busquen a esposo. Ahora, en compañía de su nuera Angela Rosell, le tocó asumir la lucha para exigir justicia por su hijo, para que no lo dejen de buscar. “Ya no soy la misma. Cuando alguien quiere hablarme, me da miedo de que me den una mala noticia”, dice. Aún así, no ha perdido esperanzas de encontrarlos, de que estén vivos.
Familiares de los desaparecidos de La Rogui afirman que la Fiscalía N° 13 de Punto Fijo, a quien el Ministerio Público venezolano asignó las investigaciones según el expediente K-23-0287-01420, no ha sido eficiente. Explicaron que no han emitido la carta rogatoria, un documento oficial para que en Colombia también comiencen las averiguaciones correspondientes.
Richard Martínez Olivera, abogado y fundador de un medio de comunicación local en San Andrés, dijo a Crónica.Uno en una entrevista telefónica que sigue siendo “un misterio” cómo llegaron la embarcación y el cadáver al archipiélago, por tratarse de una zona coralina. Recordó que es un reto monitorear las rutas marítimas, por lo que consideró que es urgente que las autoridades venezolanas contesten la carta y que ambos países unan esfuerzos para avanzar en las investigaciones.
Crónica.Uno también conversó sobre este caso con Edisoie Sandoval, representante de la Defensoría del Pueblo en el estado Falcón. El funcionario dijo no conocer el caso porque las víctimas no han denunciado ante esa institución, como en otras oportunidades.
“El caso no avanza, esto ha sido muy duro, es devastadora esta incertidumbre”, dice Ismenia Lugo, hermana de Gustavo David Lugo, el pasajero más joven de la embarcación. “He llorado lágrimas de lágrimas por mi hermano. Realmente nadie nos ha ayudado. La búsqueda no se ha hecho bien”, lamenta Ingrid Urbana, madre de Alexander Antonio Córdoba Urbina.
El 1° de junio el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia publicó en su página web que recientemente autoridades de ese país hallaron a 31 migrantes en una lancha en el departamento de Archipiélago, de los cuales 16 eran venezolanos. Estaban en una embarcación llamada Skin.
“Durante el desarrollo de operaciones de vigilancia y control, la Armada de Colombia a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional y con apoyo de la comunidad, rescató a 31 personas, luego de que la embarcación en la que se transportaban fuera abandonada por quienes presuntamente los conducían hacia Centroamérica”, señala la nota. Precisaron que en 2024 han sido rescatados 102 migrantes en situación irregular en el departamento Archipiélago.
* Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno. La edición estuvo a cargo de María Victoria Fermín K, coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales.
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