La activista de Derechos Humanos cumplió ocho meses detenida, acusada de terrorismo, sin que hasta el momento se fije la fecha de para la apertura del juicio, lo que representa una violación a sus garantías procesales.
Caracas. Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, cumplió ocho meses detenida en un proceso calificado como arbitrario por organizaciones nacionales e internacionales. Además le impidieron el acceso a la defensa privada y fue sometida a una desaparición forzada los primeros días de aprehensión.
La de San Miguel se enmarca como una de las más representativas detenciones de una ola desatada contra activistas y defensores de derechos fundamentales antes de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que fue dado como ganador el chavista Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude electoral.
Desde su detención, el 9 de febrero, la activista está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en el oeste de Caracas, sin fecha para la apertura de su juicio, explicó a Crónica Uno Juan González Taguaruco, su abogado de la activista.
“Se encuentra en fase de juicio, sin que hasta el día de hoy se hubiere fijado fecha para la apertura”, detalló el jurista, quien explicó que su proceso no ha contado con garantías y hay retardo procesal, “por ende, es justo decir que tiene detenida ocho meses sin juicio”.
Hoy #9Oct se cumplen seis meses de la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Es inaceptable que se le niegue el acceso a abogados de confianza para ejercer su defensa. La privación de su libertad es un atentado contra la justicia y los derechos… pic.twitter.com/3YkVB0umaU
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 9, 2024
Sin defensa
González Taguaruco, quien es parte del equipo legal de San Miguel, explicó que el caso se encuentra asignado al Juzgado Especial Tercero en casos de terrorismo, a cargo de Alejandra Romero y que su defensa está en manos de abogados públicos.
Dijo que la jueza no ha dispuesto el proceso para la juramentación de su defensa y que la defensora en el caso tampoco “ha hecho nada para que su derecho (a elegir sus defensores) sea respetado”.
“Su defensa sigue a cargo de la defensora pública Jonimar Flores, número 49, no ha sido posible que se disponga la juramentación de los abogados de su confianza para que se hagan cargo de su defensa técnica”, aclaró.
El abogado explicó que actualmente la única persona autorizada para visitarla es su hija, que se encarga de llevarle todo lo que requiere desde el encierro.
“El proceso seguido a la doctora San Miguel, carece de toda legitimidad toda vez que, desde el principio, ha manifestado su deseo de designar abogados de su confianza, de hecho, en varias ocasiones ha revocado expresamente a la defensora pública y sus demandas no han sido atendidas”, aclaró.
Las irregularidades
Desde su detención, cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, tuvieron lugar hechos que preocuparon a la sociedad civil y a organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como su desaparición forzada por más de 24 horas.
No fue sino hasta el 11 de febrero en la tarde cuando el fiscal general, designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó oficialmente de su detención “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “brazalete blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro”.
La desaparición forzada de la abogada fue denunciada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil en un comunicado en el que recordaron que “las prácticas de desaparición constituyen una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales gravísimas, considerándose tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Sobre su caso, calificado como una “detención arbitraria” se han pronunciado también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, Amnistía Internacional.
San Miguel también está bajo protección de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, pero el abogado González aseguró que estas “no han servido para nada” en su caso, pues se mantienen las irregularidades.
Nuestra expectativa es que esta situación cese y la juez de juicio disponga la juramentación de los abogados y, una vez nos designe, sea convocada la audiencia de juicio oral y se restablezca la situación jurídica infringida por esta situación que supone la nulidad de lo acaecido hasta esta fecha”.
Entretanto, San Miguel es una más dentro de los 1916 presos políticos que hay en Venezuela, cifra que aumentó vertiginosamente tras las presidenciales de julio, de acuerdo con datos del Foro Penal.
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