Amnistía Internacional: Represión del Estado criminaliza a los más pobres

“En vez de aplicar mecanismos preventivos de control de la delincuencia, el Estado ha actuado usando la fuerza de forma intencionalmente letal en contra de la población más vulnerable y excluida socialmente”, es decir los más pobres, señala Amnistía Internacional  en su último informe, donde analiza la seguridad de Venezuela entre 2002 y 2017.

Caracas. Los principales protagonistas de la violencia en Venezuela son hombres jóvenes entre 15 y 44 años de edad en situación de pobreza.

De acuerdo al análisis de Amnistía Internacional en los planes de seguridad aplicados entre el año 2002 y el 2017 el Estado priorizó la aplicación de sus elementos de represión con “operativos reactivos policiales” para combatir el delito, los cuales derivaron en la comisión de allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Dicha lógica de “mano dura”, a la que la delincuencia denomina como “el enemigo interno”, generó un alza en las tasas de homicidios con indicios de múltiples ejecuciones extrajudiciales.

En la investigación se encontró que los planes que contenían elementos preventivos, como las reformas policiales o del sistema de justicia penal, fueron desechados con rapidez o no fueron ejecutado. Mientras que aquellos que planteaban elementos represivos se implementaron de forma constante, tales como los operativos de seguridad por parte del Ejército y otros componentes militares.

La organización recordó en su informe que de acuerdo con la Fiscalía General de la República, entre 2015 y junio de 2017 se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales: en 2015 hubo 1.777, lo que representa el 10% de los homicidios totales que se produjeron en ese año.

Por su parte, el Ministerio Público también señaló que 4.667 personas habían muerto a manos de funcionarios de seguridad en el 2016, lo que corresponde al 22% de los homicidios totales. Además, entre enero y junio de 2017, se reveló que se habían producido 1.848 homicidios.

Venezuela se posiciona entre los países más violentos del mundo con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el 2017, superando países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil. Aministía Internacional establece que estos homicidios fueron cometidos principalmente con armas de fuego y en zonas urbanas de alta exclusión social.

“Desde el año 2002, el incremento del número de homicidios en Venezuela ha ido en aumento constante –con ciertos estancamientos o reducciones puntuales- pero ya desde el año 2010, la situación se volvió crítica porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100 mil habitantes.

Así, aunque no existiera un involucramiento directo de agentes del Estado venezolano, es ineludible la responsabilidad que el mismo tiene de prevenir dichas muertes, y en caso de que las mismas sean inevitables, debe dedicarse a investigar y sancionar a las personas responsables, para evitar la impunidad e implementar medidas de garantías de no repetición, de cara al futuro”, agregan en la investigación.

Organizaciones internacionales estimaron que en 2017 existían 5.900.000 armas cortas en Venezuela. Por su parte, se documentó que 90% de las armas que ingresaron legalmente al país no cuentan con registro balístico ni tampoco hay evidencias de un sistema de marcaje de municiones. También, se determinó que 80% de las armas decomisadas y recolectadas por los cuerpos policiales llegan a los parques sin cargadores o municiones, lo cual pareciera indicar que no hay controles efectivos que eviten la desviación a mercados ilegales.

Entre 2008 y 2017, Venezuela fue el mayor importador de armas militares en Suramérica, principalmente provenientes de China y Rusia y, en menor medida, de Ucrania. A partir de 2014 se redujo las importaciones debido a la crisis económica.  A la organización le preocupa que hasta marzo de 2017, de 165.000 armas cuyos propietarios tenían permiso de porte y tenencia, sólo 35.497 estaban registradas en un sistema de identificación balística.

Por su parte, Amnistía Internacional hizo un llamado de atención sobre la impunidad que impera en los casos de violaciones de derechos humanos, la cual estimaron en 92%. En los ocho casos de ejecuciones extrajudiciales citados en el informe ningún funcionario había sido detenido ni enjuiciado por los hechos.

En el caso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una de las medidas de seguridad en cuyo marco se desplegaron operativos represivos y violentos, 1.074 funcionarios policiales y/o militares fueron sometidos a investigación, 112 funcionarios policiales y/o militares fueron imputados, y 43 acusados.

Sin embargo, desde el 2017 se desconoce sobre el estatus actual de estos procesos, por lo que no se ha podido comprobar si efectivamente se ha ejercido justicia. Asimismo, Amnistía Internacional observó ciertos patrones de denegación de justicia que empiezan desde las fallas en las etapas iniciales de investigación hasta los hostigamientos, amenazas y maltratos por parte del personal de la Fiscalía y de los tribunales a los familiares.

“La violencia en Venezuela es responsabilidad del Estado, en vista de la falta de investigación y sanción de los responsables. Ello, además, genera un clima de impunidad que no repara ni a las víctimas ni garantiza la no repetición de este tipo de hechos. Asimismo, la falta de información oficial hace más compleja la posibilidad de que se tomen decisiones en materia de políticas públicas, que se adecúen a la realidad y que puedan incorporar los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana”, concluyeron en el análisis.

Foto: Cristián Hernández / Archivo Crónica.Uno

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