AN autoriza a magistrados exiliados proseguir juicio a Maduro y Ortega pide a la FANB ejecutar decisión

juicio a maduro | omar barboza

La autorización para el enjuiciamiento de Maduro fue aprobada por 105 diputados a favor y 2 en contra. El acuerdo aprobado reconoce la competencia de los magistrados en el exilio, pero no al tribunal que ellos conformaron. Gran Polo Patriótico se incorporó con dos parlamentarios y advirtió que el acto de este martes no tiene efecto jurídico. La sesión se realizó sin medios de comunicación.

El TSJ informó que no aceptará recursos salvo los que disponga la ley que rige al máximo tribunal

Caracas. Con pocas expectativas sobre el impacto que pueda tener la decisión en la práctica, la Asamblea Nacional autorizó este martes a los magistrados en el exilio a proseguir con el enjuiciamiento a Nicolás Maduro por presunta corrupción en las contrataciones con Odebrecht. En otras palabras, le devolvieron la pelota a los magistrados que desde Colombia y Estados Unidos, admitieron la solicitud de enjuiciar al presidente planteada la fiscal general Luisa Ortega.

La plenaria se desarrolló sin otro contratiempo que la ausencia casi absoluta de medios de comunicación, por orden de la Guardia Nacional. Los alrededores del Palacio Federal estuvieron militarizados desde primera hora de la mañana. Un pequeño grupo de afectos a Maduro se apostó en la entrada Este de la AN para gritar improperios a los diputados a su entrada y salida. Pero no pasó a mayores.

A la sesión asistieron 107 diputados, incluyendo la sorpresiva incorporación de Juan Marín e Ilenia Medina del Gran Polo Patriótico. Luego de un debate de más de una hora, el acuerdo que plantea la autorización del pase a juicio de Maduro fue aprobado por 105 diputados a favor (MUD, Prociudadanos y 16J) y 2 en contra (GPP).

Lo primero que hizo la directiva fue zanjar la discusión pública surgida en días recientes sobre cuál debería ser la mayoría requerida para autorizar el enjuiciamiento: no se aplicaría el artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ que señala que se requieren dos tercios de los diputados para autorizar el enjuiciamiento, sino los artículos 266 constitucional, 378 del Código Orgánico Procesal Penal y 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Nacional, que no establecen una mayoría específica para proceder.

“El COPP implícitamente deroga la disposición de Ley Orgánica. Y si llegáramos a la conclusión de que hay una colisión entre dos normas, el COPP y la LOTSJ, prevalece el principio de la supremacía constitucional y tendríamos que acogernos a lo que la constitución plantea, que es la autorización sin una mayoría especial. Como consecuencia, la mayoría necesaria para aprobar la solicitud es la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno”, explicó el presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia).

En cambio, el otro debate público planteado en días recientes, relacionado con la legalidad y competencias del TSJ en el exilio para enjuiciar al presidente, no fue afrontado con la misma verticalidad por el Parlamento. Por ejemplo, la ONG Acceso a la Justicia señala que el mandato de la AN a los magistrados juramentados en julio de 2017 no era el de constituir un tribunal paralelo, sino suplantar a unos magistrados principales y suplentes específicos.

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De hecho, a petición de algunos diputados de la oposición que consideran “un desatino” la conformación de un TSJ en el exilio, en el acuerdo aprobado este martes, la AN reconoce la autoridad de los magistrados por ella juramentados, e incluso la autoridad de Luisa Ortega como fiscal general, pero nunca se refieren al “TSJ en el exilio” o “TSJ legítimo” como instancia formal. A continuación el texto aprobado:

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El debate

Como no se veía desde hace un año, cuando la bancada del GPP abandonó sus curules definitivamente, en la sesión de este martes hubo debate e ideas contrapuestas, gracias a la incorporación de Marín y Medina al quórum.

El primero en tomar la palabra fue Henry Ramos (AD-Caracas) quien argumentó que la autorización del enjuiciamiento se concatena perfectamente con dos decisiones adoptadas en el pasado reciente, que ya de entrada califican el desempeño de Maduro al frente del gobierno: la declaratoria de responsabilidad política de Maduro en la crisis, aprobada en diciembre de 2016; y la declaratoria de abandono de cargo de Maduro aprobada en enero de 2017. “Tenemos que ser consecuentes aprobando hoy esta petición que es constitucional y jurídica”, dijo Ramos.

Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) sostuvo que en su opinión, Maduro no debería ser enjuiciado únicamente por el caso Odebrecht: “Este es uno de los muchos juicios que debería tener Maduro. Debería estar enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por haber mandado a asesinar a los jóvenes que salieron a protestar por la restitución de la democracia, por la corrupción de Pdvsa, por traición a la patria, por delitos ambientales en el Arco Minero, por la emergencia humanitaria, por haber destruido la economía y por habernos llevado a la peor hiperinflación”.

José Aparicio (Prociudadanos-Monagas) enfatizó que pese a la “campaña malintencionada desatada en redes sociales” en contra de su partido, apoyarían el enjuiciamiento. Llamó a los diputados a “apartar el odio y los rencores y luchar unidos por la democracia”.

Consecuencias y expectativas.

Juan Marín e Ilenia Medina del GPP cuestionaron legalidad y validez de la decisión de la Asamblea Nacional

Precisamente cuando intervenía Aparicio, entraron al hemiciclo de sesiones, para sorpresa de todos los presentes, Juan Marín (GPP-PSUV) e Ilenia Medina (GGP-PPT). Marín solicitó ser incorporado en la lista de oradores y a continuación ofreció su punto de vista. Enfatizó que su presencia en la AN no implicaba el reconocimiento de ese Poder Público, reiteró que el Parlamento está en desacato y que las instituciones venezolanas “funcionan a cabalidad”.

Calificó la plenaria como una “pseudo sesión”, afirmó que “no hay posibilidad de que un ente extraterritorial pueda incidir en la vida republicana”, por lo que “las decisiones de un ente ajurídico no pueden tener efecto en el territorio”. Marín culminó advirtiendo que el enjuiciamiento a Maduro no tiene asidero legal y no tendrá consecuencias jurídicas. Tildó todo el proceso contra Maduro como “una mamarrachada” y advirtió que el acto “traerá consecuencias” a la AN, sin precisar cuales.

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José Luis Pirela (MPV-Zulia) respondió a Marín: “Mamarrachos son los que tienen a 20 personalidades del Estado implicados en casos de narcotráfico”. Pirela puso énfasis en la necesidad de no crear expectativas: “No me gusta que haya gente del pueblo que piense que porque aprobemos hoy la propuesta de enjuiciamiento, mañana se va Maduro. No. Pero este es un paso de lucha para avanzar en el rescate de la democracia y consolidar el apoyo de la comunidad internacional”.

En la misma tónica de no elevar las expectativas ciudadanas, pero resaltar el peso político del procedimiento, intervinieron Richard Blanco (16J-Caracas), Américo de Grazia (Causa R-Bolívar), Omar Barboza (UNT-Zulia) y Juan Guaidó (VP-Vargas).

Los ausentes.

Como se sabe, luego de las divisiones internas del bloque de la MUD, esa bancada está conformada por 100 diputados. Algunas de esas curules estuvieron vacías en la sesión de hoy: Rafael Guzmán (PJ) se ausentó por razones médicas y su suplente es el preso político Gilber Caro (VP); Gaby Arellano (VP) sigue en Colombia con amenaza de tener una orden de captura en su contra y su suplente Renzo Prieto (VP) también es preso político.

Las otras dos curules vacías, según información de Secretaría, fueron la de Jorge Millán (PJ) y su suplente Auristela Vásquez (AD); y la de María Teresa Pérez y su suplente Oneiber Peraza, ambos de Avanzada Progresista.

Crónica.Uno intentó contactar a Millán y Pérez para conocer las razones de su ausencia. Con Millán no hubo comunicación. Por Pérez respondió el primer vicepresidente de la AN, Julio César Reyes, quien afirmó que el suplente, Oneiber Peraza, sí estuvo presente y votó a favor del acuerdo. Al ver el video de la votación se aprecia que ni Pérez ni Peraza fueron llamados por Secretaría para expresar su voto.

Sin periodistas

Al menos 25 medios de comunicación nacionales e internacionales se quedaron fuera del Palacio por orden de la GNB

La Guardia Nacional, “por instrucciones superiores”, impidió el ingreso al Palacio Federal Legislativo a los periodistas de al menos 25 medios de comunicación nacionales e internacionales. La sesión solo pudo ser transmitida en vivo por Capitolio TV, luego de que su señal fuera sacada del aire durante más de 40 minutos. Solo los reporteros de Caraota Digital y Crónica.Uno lograron entrar.

Varios diputados y asistentes parlamentarios activaron transmisiones alternativas a través de redes sociales en un intento por informar lo que ocurría en el Palacio.

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“Estamos en un país donde no hay libertad de expresión. No se permite a los medios cubrir la sesión a través del uso de la Fuerza Armada. Trasladaron nada más y nada menos que al comandante de la GNB en la Zona Metropolitana para que no dejara entrar a los periodistas. Esos atropellos sustentan los señalamientos de que este es un gobierno que irrespeta los derechos humanos y el ejercicio del periodismo”, dijo Barboza al finalizar la plenaria.

Los periodistas estuvieron en la entrada este del Palacio durante más de tres horas esperando que se les permitiera ingresar y ni las gestiones de la dirección de prensa, ni las gestiones de la directiva surtieron efectos. El coronel Bladimir Lugo, negó la entrada. Es primera vez desde enero de 2016 que la prensa no puede dar cobertura a una sesión del parlamento.

Consultado sobre las advertencias de Marín, sobre posibles consecuencias para la AN, Barboza respondió: “En este país donde no se respeta la constitución puede suceder cualquier cosa. Nos eligieron para representar al pueblo y lo vamos a representar corriendo los riesgos que tengamos que correr pero ejerciendo las atribuciones que nos competen”.

Luisa Ortega le habla a la FAN

La reacción de la fiscal general destituida por la fraudulenta ANC y promotora del proceso jurídico contra Maduro, Luisa Ortega Díaz, no se hizo esperar. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales afirmó que la decisión de este martes “abre la puerta a una salida de la crisis política y humanitaria que vive el país”.

Afirma Ortega que la AN, el MP y el TSJ legítimo cumplieron con su deber: “Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela”.

Ortega llama expresamente a los oficiales “actuar” y les hace una promesa: “Contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo, al igual que el de las demás instituciones legítimas del país. Quienes honren el uniforme serán protagonistas de la reconstrucción de la FANB”.

Pero aclara que si la detención del presidente Maduro no se concreta desde la FANB, corresponderá a los organismos internacionales ejecutar esta decisión: “Nicolás Maduro ya no es presidente. La comunidad internacional debe desconocer su autoridad”.

En horas de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia informó a través de su cuenta de Twitter que solo aceptará los recursos que establezca la Ley.

Indicó que “el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que es éste el más Alto Tribunal de la República, y contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone dicho instrumento legal”.

Fotos cortesía @AsambleaVE


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